MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 154  JULIO DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Democracia y transparencia,
solución a la crisis”: Fedesalud

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“Los anuncios de la estrategia para ajustar el sector de la salud, no corresponden a la enorme crisis y al desastre regulatorio del sistema, demostrado con nuestros escándalos de corrupción”, conceptuó Félix Martínez, presidente de Fedesalud, quien precisó: “Ante los incentivos perversos, el manejo fraudulento de los recobros y de los costos de medicamentos por el grupo Saludcoop, evidente en el estudio de la UPC- 2011 del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y no reconocido por el gobierno como grave hecho de corrupción, ante las sanciones de la Superindustria a las EPS de Acemi por negación de servicios, ocultamiento o falsedad de la información y fijación indirecta del precio del aseguramiento, las medidas anticorrupción no resuelven el problema, que es de mucho más fondo”.
Martínez asoció las causas con deficiencias en la regulación, y con la relación entre el Estado y los agentes del mercado, que debe revisarse. Citó al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para quien sólo los ilusos afirmarían que los mercados se auto-corrigen y que la sociedad puede confiar en el comportamiento auto-interesado de los agentes del mercado para asegurar que las cosas funcionen de manera honrada y limpia: "El sistema está diseñado para que si te pillan, la multa sea sólo un número muy pequeño comparado con el fraude cometido”, y por eso, a los fraudulentos hay es que meterlos a la cárcel.
El experto aseveró: “El regulador está atrapado por 3 mecanismos: en el trámite de la Ley 1122/07 el senador Bernardo Alejandro Guerra denunció en la Comisión Séptima, que la mayoría de los congresistas recibía dinero de las EPS o ARS o tenían negocios con ellas, ninguno se declaró impedido para tramitar la ley, y los actos para procurar leyes a su favor han continuado. Hay presión sobre el regulador con actuaciones jurídicas de frente u ocultas, como en la demanda de Saludcoop contra la Supersalud por $600.000 millones, o sobre los funcionarios y su futuro económico si toman decisiones en su contra.
Expertos de Harvard (Tom Bossert, William Hsiao y Norman Daniels), preguntaron cómo se dio tanto poder a estas empresas, que el Estado no logra controlarlas. Y el Estado está tomado por la 'puerta giratoria': directivos y expertos de las EPS transitan hacia altos cargos del Ministerio y de la Supersalud, y regresan a las EPS. La Ley 1122 señaló que la Comisión de Regulación en Salud (CRES) se conforma de ternas enviadas por la Asociación Colombiana de Universidades, centros de investigación y entes de usuarios, pero la reglamentación que expidió el gobierno anterior, en franca contradicción con la ley, permitió que los regulados propusieron candidatos a la CRES e intervinieran descaradamente sobre el regulador, evidente en el contrato de asesoría para la emergencia social, en sinnúmero de decretos que quitan derechos a los ciudadanos: licencias de maternidad, antigüedad en el sistema, atención integral en urgencias, y todos sabemos que fueron tramitados desde Acemi (gremio de las EPS)”.
El presidente de Fedesalud denunció la manipulada información de costos de operación de las EPS; el ocultamiento de información sobre ganancias colaterales del negocio y la debilidad del regulador en análisis de costos y resultados; y la especulación financiera de las EPS, donde “no interesa tanto la utilidad de la EPS sino de los negocios derivados, integrados verticalmente, como capitación con entidades propias, compra de medicamentos e insumos, servicios de ambulancia, lavandería, celaduría, etc.”.
Concluyó Martínez: “La solución a esta crisis es una sola: democracia y transparencia, para que el regulador pueda tomar decisiones y las entidades que manejan el sector tengan control: ojalá fueran sociedades anónimas abiertas que coticen en bolsa; si quieren que siga privado el aseguramiento, que sus balances sean públicos, a disposición de los estudiosos y actores del sistema, con auditoría internacional, ratificada y en línea, como los pagos en el comercio con la tarjeta de crédito. Hay que cerrar la 'puerta giratoria' como en los países desarrollados, que quien trabaje en una superintendencia jamás pueda hacerlo en una EPS o en un banco y viceversa, y evitar como señala el Estatuto Anticorrupción, que los congresistas sean pagados por entes privados para hacer leyes a su favor”.
 
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