Así, se incluyó un estimado de población
interesada en utilizar estos servicios y de población
no afiliada a ningún sistema de seguridad social, cuyos
procedimientos quirúrgicos de anticoncepción
serían financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones, administrados por entes territoriales.
Además, el gobierno formuló observaciones escritas
en el trámite del proyecto, en las que considerando
la población en edad reproductiva, concluyó
que el costo fiscal de la iniciativa sería cercano
a $400.000 millones.
La Corte observó que a pesar de haber sido alertadas
por las intervenciones del gobierno y de estudiar tales aspectos,
las comisiones y plenarias de las cámaras legislativas
aprobaron el proyecto de ley objetado, resaltando la importancia
de que el Estado brinde facilidades para el pleno ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos.
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