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| La Corte
Constitucional rechazó la nulidad solicitada por el Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordoñez, para
la realización de campañas pedagógicas
sobre el aborto y la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE). Por tanto, organismos de control y autoridades gubernamentales
deberán seguir dando trámite a la orden de la
Corte, de elaborar un prolijo plan de formación pedagógica
en materia de derechos sexuales y reproductivos, en lo que se
denominó "cátedra del aborto". |
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De esta forma, la Corte ratificó la Sentencia T-388
de 2009, que disponía el inicio de la campaña
formativa: "La Sentencia T-388 de 2009 no incurre en
vulneración de la Constitución, ni del decreto
2067 de 1991, puesto que en ningún momento resulta
ser el fruto de extra-limitación de funciones".
Agregó la Corte, que dicha sentencia redime la continua
violación a los derechos sexuales de las mujeres, a
pesar de la existencia de la sentencia C-355 de 2006, a través
de la cual la Corporación levantó el carácter
penal del aborto en caso de violación, malformación
del feto o peligro de muerte para la madre gestante.
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Y considerando
tales excesos, era deber del alto tribunal el fijar todas las
condiciones en las cuales se debía promover el conocimiento
de los derechos fundamentales de las mujeres en materia sexual.
Reiteró la Corte que como autoridad suprema en materia
de constitucionalidad, tiene competencia a la hora de determinar
el alcance de los derechos de la ciudadanía: en este
sentido estaba facultada para ordenar el inicio de la campaña
pedagógica. Recordó que contra sus sentencias
no cabe recurso alguno y que las nulidades sólo pueden
ser invocadas por violación al debido proceso deben presentarse
antes de la dimisión de cada proceso-, y de ahí
otro argumento para la improcedencia de la solicitud presentada
por Ordóñez, quien buscó la declaratoria
de nulidad luego del fallo.
En consecuencia, colegios, universidades y otros centros de
formación, con apoyo de las autoridades estatales, deberán
dar cumplimento a la sentencia de la Corte Constitucional, que
pretende que la ciudadanía tenga plena conciencia de
sus derechos en materia sexual y reproductiva, especialmente
frente a la interrupción voluntaria del embarazo . |
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