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| ¿Cómo
hacer el balance en salud de un gobierno extendido a 8 años?
Una década de acciones necesariamente deberían
impactar sobre el bienestar de los ciudadanos, pero, ¿qué
medir? Quizá la misma pregunta se plantearon los funcionarios
del gobierno, y decidieron que en Barranquilla en el Consejo
comunal 290, el balance se basaría en la revisión
del Manifiesto Democrático presentado por Álvaro
Uribe en la campaña de 2002 como programa de gobierno,
para verificar su cumplimiento en los temas de salud. |
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El balance en
salud tuvo una peculiaridad: al incluir los dos períodos
de gobierno el listado de actividades se creció, pero
si se mira en perspectiva, los logros se ven muy pocos para
casi una década de gobierno. Gran parte del informe presentado
por el ministro Diego Palacio se basó en el 'deber ser'
del sistema; tras las 6 horas del informe, las frases “nos
quedó faltando”…o “falta por hacer…”
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fueron
recurrentes, y se relacionaron siempre con elementos estructurales
y de fondo: “ahora sigue la igualación del POS subsidiado
con el contributivo… queda pendiente que 13'200.000 colombianos
puedan tener un POS unificado y que se haga el proceso de actualización
del POS… sigue siendo el flujo de recursos uno de los problemas
del sector … estoy orgulloso de la red prestadora que tiene
el país, sin embargo tenemos problemas en la sostenibilidad
de algunas instituciones públicas…”. A estas
frases del ministro incluso se sumó el presidente Uribe
cuando afirmó: “El manual tarifario es algo con
lo que no he podido”.
Balance
El informe del ministro empezó reseñando
la fusión de los ministerios de Trabajo y Salud, lo que
implicó suprimir 11 entidades y 25.300 puestos de trabajo.
Para el ministro, hubo dos logros transversales en los 8 años:
la implementación de la meritocracia como proceso previo
al nombramiento de ciertos cargos, y lo que él denominó
como uno de los más importantes avances de su cartera:
la puesta en funcionamiento de sistemas de información
que hoy aglutinan 57 programas sociales del Estado administrados
por 17 entidades: “Esta sistematización sirve para
mejorar el acceso y calidad de atención al usuario, facilita
la administración y control de todos los programas, y
ayudará a enfrentar la corrupción”. Con esto
se daría cumplimiento al punto 59 del Manifiesto Democrático,
que proponía: “Evitar la evasión a la salud
para aumentar cobertura. Se hará con el cruce de información
y mejoramiento de la sistematización”. |
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En aseguramiento, el punto
55 del Manifiesto planteaba que el régimen subsidiado
fuera prestado por entidades sin ánimo de lucro, tuviera
cobertura regional con menos gasto en administración
y más cobertura. El ministro Palacio mostró
cómo la cobertura pasó de 25 millones de personas
aseguradas en 2002 a 41 millones en 2010: “Hoy no hay
ninguna razón para que un colombiano sin recursos no
esté asegurado”. Y agregó: “Esto exigió
pasar de un presupuesto en aseguramiento de $9,6 billones
a $17.6 billones anuales, un crecimiento real de 84%”.
Aunque el ministro reconoce que no se alcanzó la igualación
de los planes de beneficio, destacó como un logro la
equiparación del POS para 10'200.000 menores de 18
años que reciben un POS unificado; sin embargo, en
el informe no mencionó que este logro se debió
a una orden expresa de la Corte Constitucional y que no fue
una iniciativa del gobierno.
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Otro
logro enunciado fue la reducción en el número
de EPS-S, al pasar de 240 a 48, disminución en los gastos
de administración del 15 al 8%, y la regionalización
de la operación del subsidiado.
En prestación
Al aludir a la prestación de servicios de salud,
el ministro Palacio trajo a colación en su balance el
numeral 60 del Manifiesto, que proponía ser imaginativos
con los sindicatos, las Cooperativas de Trabajo Asociado y las
cajas de compensación; y aunque la relación quedó
un poco forzada, el ministro calificó éste como
uno de los elementos centrales para implementar el sistema de
calidad, y resaltó: “A la fecha, todas las entidades
deben estar habilitadas y cerca de 20 están acreditadas,
de las cuales dos con acreditaciones internacionales”.
Agregó como éxito el cierre de 3.500 servicios
por temas de calidad y la restructuración de 243 hospitales
a un costo de $1,2 billones ($884.000 millones puestos por la
Nación y $321.000 millones por los entes territoriales).
En salud pública, el ministro destacó algunas
cifras como ejemplo de los buenos resultados: se recuperaron
los niveles útiles de vacunación, el PAI pasó
de 7 vacunas contra 11 enfermedades, a 10 vacunas contra 14
enfermedades; la mortalidad infantil se redujo en 15% pasando
de 18 muertes por mil nacidos vivos en 2002 a 15,3 en 2007;
la mortalidad materna habría disminuido en cerca del
10% en el promedio nacional, al pasar de 84 muertes por cien
mil nacidos vivos en 2002 a 75.6 en 2007.
Una curiosidad del informe, fueron los videos utilizados por
el Ministro como demostración de sus afirmaciones, y
que indicarían que el largo tiempo en la cartera, le
hizo perder la perspectiva del tiempo. El ministro dijo: “Así
estaba la salud antes de este gobierno” y a renglón
seguido se pasó el video con la noticia del cierre de
la Clínica José Prudencio Padilla, pero este cierre
se dio el 3 de agosto de 2004, dos años después
de iniciada la administración Uribe; posteriormente se
vio una nota anunciando la crisis de 21 de los 32 hospitales
del Magdalena y su cierre inminente, nuevamente la noticia era
del 13 de enero de 2004, 18 meses después de empezada
la administración; por lo tanto, en ambas situaciones
de crisis, ya existía una injerencia del gobierno Uribe.
Otro elemento interesante: si bien el balance se estructuró
con base en el Manifiesto Democrático, hubo un silencio
absoluto sobre algunos de sus puntos: “Punto 56. Garantía
de tarifas equitativas para médicos y profesionales afines.
Garantía para que el usuario tenga opciones de escogencia
de instituciones prestadoras de servicios y médicos.
Que el crecimiento de las Empresas Promotoras de Salud no anule
a las instituciones independientes. / Punto 58. Extensión
de la Superintendencia de Salud con supervisores como los departamentos,
municipios, universidades y asociaciones comunitarias. / Punto
60. Necesitamos salvar al Seguro Social porque la opción
pública es esencial en el esquema de Empresas Promotoras
de Salud”.
La otra mirada
Para Observamed, el informe del presidente Álvaro
Uribe y la gestión del ministro Palacio desde 2003, muestra
que ignoraron el colapso financiero del sistema de salud, situación
que dejan como herencia. El doctor Mauricio Torres, miembro
del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana
de Medicina Social -Alames-, señala que en este doble
período presidencial, cada decisión tomada buscó
consolidar el modelo de mercado y fortalecer la acumulación
de capital en el sector: “Este gobierno tomó medidas
en aspectos institucionales, sobre todo en tres ámbitos:
desaparición del Ministerio de Salud, reestructuración
y liquidación de hospitales públicos, y liquidación
del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) desconociendo la
promesa de salvarlo, y que fue rotundamente incumplida producto
de una estrategia clara y sistemática que concluyó
con su liquidación. Todo esto llevó al fortalecimiento
de lo privado a expensas de lo público, y Caprecom, única
EPS pública que sobrevive, fue tomada por el gobierno
para uso clientelista”.
El doctor Torres señala cómo la reforma a las
transferencias disminuyó los recursos para salud y educación,
y la Ley 715 de 2001 y su reforma de 2007, disminuyeron los
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían
recibir hospitales y municipios: “En el período
2002-2010 por cuenta de la Ley 715, los departamentos y municipios
dejaron de recibir $12 billones para salud, mientras con la
reforma de 2007 el efecto alcanzaría unos $54 billones
entre 2007 y 2025”. Frente al indicador estrella del gobierno,
el aumento de la cobertura de aseguramiento, las cifras en realidad
mostrarían que se encuentra alrededor del 90%, porcentaje
óptimo, pero que evidenciaría la incapacidad del
modelo y el incumplimiento del gobierno para alcanzar la cobertura
universal, puesto que el 10% restante de la población
(4,7 millones de personas) no pueden dejarse en el olvido. “Pero
además, éste es un indicador que es necesario
contrastar con el de acceso real a los servicios de salud, del
cual el gobierno no habla mucho, pues no es lo mismo estar asegurado
que acceder”, asegura el doctor Torres, algo que es parte
del enfoque del análisis del sistema de salud, pero que
no fue abordado por el ministro Palacio. |
| Total
de afiliados al régimen contributivo y subsidiado (diciembre
de 2008) |
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“Agenda de salud del gobierno Uribe,
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quedó pendiente”: ACHC
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En
concepto de la Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas, con una evidente descoordinación y desobediencia
del Ejecutivo a las necesidades del sector salud y a las órdenes
del Presidente para atenderlas, concluyeron los 8 años
del gobierno Uribe. El listado de problemas que subsisten para
la ACHC más que largo, es de profundidad: una cartera
hospitalaria cercana a $2.8 billones, con el Estado como uno
de los mayores deudores; la promesa incumplida de un manual
de tarifas mínimas para los servicios de salud; deficiente
control al abuso de posición dominante de las EPS; insuficientes
acciones de promoción y prevención; un creciente
número de pacientes con enfermedades complejas; y un
débil sistema de vigilancia y control, hacen parte de
la radiografía del gobierno que terminó el pasado
7 de agosto.
El tema de la cartera “se volvió crónico
y ha sido refractario a la normatividad expedida, pues los deudores
morosos al parecer no le temen a la vigilancia y han creado
serias dificultades de liquidez a los hospitales y clínicas
del país”, señala la ACHC, además
que la situación se continúa presentando pese
a las múltiples solicitudes al gobierno de que regulara
e hiciera un efectivo control a la relación entre EPS
e IPS, lo que derivó en fenómenos como la imposición
en la mayoría de contratos por los aseguradores de cláusulas
unilaterales para disminuir las tarifas e incluso obligar a
algunas IPS a aceptar el pago de los servicios de urgencias
con manuales diferentes al oficial que es el SOAT.
Otros temas pendientes serían: la creación de
una agencia de evaluación de tecnología que genere
información para actualizar el POS, frenar el crecimiento
de Cooperativas de Trabajo Asociado como forma de vinculación
del personal en hospitales reestructurados, y establecer una
decidida política de promoción y prevención. |
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