Lo
relevante de la Asamblea, más allá de permitir
a cada Estado contar lo que está haciendo, fue visibilizar
la situación de los jóvenes que luchan por abrirse
un espacio a nivel social y laboral, a pesar de estar inmersos
desde la infancia en sociedades como las latinoamericanas, cada
vez con mayores problemáticas de salud pública
y de violencia, y con reducidas oportunidades.
Por ejemplo, y a diferencia de Norte América, Unicef
reveló que en Latinoamérica un 30% de la población
joven, alrededor de 15 millones de personas, soportan condiciones
extremas de pobreza y viven con un dólar al día.
Sumadas la discriminación, la exclusión y la desestabilización
de la familia, el resultado son altos niveles de alcoholismo,
adicción a drogas, embarazos no planificados, sida, y
suicidios en el caso de adolescentes indígenas.
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La violencia, después de la pobreza, es otro determinante
que afecta la vida de millones de niños/as, adolescentes
y jóvenes en Latinoamérica, de los cuales sólo
por violencia doméstica mueren 80.000 cada año.
El Caribe ocupa los primeros lugares en tasas de asesinatos
y homicidios entre adolescentes de 15 a 17 años, en
su mayoría de hombres. Además se ha encontrado
que hay dos nuevos tipos de violencia emergente en la región:
las bandas o maras en asocio a las drogas, donde los jóvenes
aparecen como responsables pero son casi siempre las víctimas,
y la violencia en las escuelas.
Con ese panorama, la Asamblea de la OEA se constituyó
en el espacio para hacer un llamado a los Estados, a favorecer
la inversión en niños, adolescentes y jóvenes,
como una forma de garantizar a futuro una sociedad equitativa,
segura y democrática.
Indispensables: políticas
públicas e inversión
Si bien la familia seguida de los adultos e instituciones
deben apoyar a los niños/as y adolescentes para que
desarrollen habilidades necesarias para la vida adulta, le
corresponde al Estado implementar políticas públicas
orientadas al bienestar de los núcleos familiares y
al cumplimiento de los derechos que tienen todos los individuos
bajo su jurisdicción. Pero es ahí particularmente
donde los Estados latinoamericanos se rajan, y Colombia no
es la excepción. Aún con el alto porcentaje
de familias que no poseen los ingresos ni las capacidades
materiales para satisfacer las necesidades de sus hijos, los
Estados todavía no dirigen el suficiente presupuesto
para afrontar demandas de salud, educación, asistencia
social, nutrición, vivienda, agua y saneamiento.
En Colombia de un presupuesto en 2008 de $125,7 billones,
solo $47,5 billones son transferencias a las regiones para
esos fines. Y aunque existe el programa de Vicepresidencia,
Colombia Joven, apenas cuenta con un presupuesto de $825 millones,
para atender una población aproximada de 8 millones
de jóvenes, según el Dane.
Al respecto, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Cepal, concluyó que la falta de
inversión oportuna en niños/as y adolescentes,
genera problemas que van a repercutir en su juventud sobre
ellos, sus familias y la sociedad en general. Si no se invierten
recursos en su bienestar, las pérdidas económicas
por falta competitividad laboral, enfermedad, embarazos tempranos
y violencia ascenderían al 1,4% del Producto Interno
Bruto (PIB) en los países latinoamericanos.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte,
estima que el 70% de las muertes de adultos susceptibles de
prevención (enfermedades cardíacas, cáncer
de pulmón y sida), tienen su origen en conductas y
modelos que comienzan en la adolescencia.
La fuerte relación entre condiciones de salud, educación
de la población y crecimiento económico, se
hace evidente en el caso de la juventud: inversión
en salud preventiva y curativa, y en ampliar la cobertura
y calidad en la educación, redunda en jóvenes
más capacitados, productivos y con mayor potencial
para hacer competitivos a los países.
En la actualidad, se busca que cada país ajuste sus
políticas públicas a beneficio de niños/as,
adolescentes y jóvenes, según sus particularidades
culturales, económicas, sociales y de género.
Según Unicef son 4 las áreas donde la inversión
resulta estratégica: salud y desarrollo saludable;
educación secundaria y capacitación para el
trabajo; protección del maltrato, explotación
y abuso; y creación de ambientes seguros.
Reducción de la pobreza y
democracia
En general, los cancilleres que participaron de la
Asamblea plantearon la pobreza como una variante estructural
a la que es necesario dar vuelta, si se quiere atender con
seriedad las problemáticas de la juventud en América
Latina, que tiene la distribución de ingresos más
desigual entre su población en el mundo.
En la región, y en el caso de Colombia, el 20% de los
hogares reciben el 60% del ingreso nacional, mientras el 40%
más pobre recibe sólo el 10%. Un estudio realizado
en 2003 por el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo
y la Cepal, concluyó que un leve mejoramiento de la
distribución del ingreso puede tener el mismo impacto
sobre la pobreza que muchos años de crecimiento económico.
De ahí que la intervención estatal sea necesaria
para generar políticas de redistribución de
los recursos y destinarlos a la inversión en los jóvenes,
con miras a romper el ciclo de pobreza.
La inversión se constituye además en factor
decisivo para los países que desean consolidar sus
democracias, se destine a garantizar que la juventud tenga
educación de calidad y espacios de participación
donde interioricen los valores de la convivencia solidaria
y la construcción colectiva. Esto a su vez puede repercutir
positivamente en el ámbito político: la juventud
con otra educación y otras oportunidades, puede darle
un giro a la política y apostarle a la construcción
de una sociedad mejor.
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