D esastre. Esa es la palabra con la que puede describirse cómo fue el manejo de la cartera hospitalaria en Colombia durante los últimos cuatro años. A marzo de 2018, las EPS debían a los hospitales 8,2 billones de pesos, mientras el cierre de ese mismo mes de 2014, la cartera acreditada era de 4,68 billones de pesos. En solo cuatro años la deuda se incrementó 76 %, una cifra escandalosa.

Y aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo tres planes de choque no fueron suficientes para resolver un problema que cada día se agudiza, ni siquiera para mitigarlo.

Luis Alberto Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), aseguró que “este gobierno ha sido un real desastre en lo que tiene que ver con la vigilancia y el control de los recursos que maneja el sistema de salud colombiano”.

Esto porque, “desde 2011, el mismo presidente de la República salió con todos los organismos de control, en una rueda de prensa, planteando que había un desfalco de 4,5 billones de pesos, en lo que se conoció como el cartel del Fosyga, y luego redundó en lo que se conoce como el cartel de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), cuando 14 EPS se cartelizaron prestando servicios que, estando dentro del plan de beneficios, los negaban para que los pacientes demandaran mediante una tutela y así los jueces le obligaran a dar el medicamento o a hacer el procedimiento y que se lo recobraran al Fosyga, cosa que obviamente es fraudulenta porque ya se los habían pagado en la UPC, desde ahí vienen todos los problemas de flujo de recursos del sistema. Después se dieron todas las intervenciones fallidas de Saludcoop y de Caprecom, que han dejado un lastre en la cartera y que hoy supera los 8,2 billones de pesos”, recuerda Martínez.

Además de crecer, la cartera hospitalaria se está envejeciendo: el 49 % de las deudas tiene más de 360 días, sí, 4,09 billones de pesos no han sido pagados aunque se deben hace más de un año. Lo que hace imposible la sostenibilidad de las instituciones prestadoras que, en cambio, deben pagar a tiempo a sus empleados y proveedores, so pena de ser intervenidos por la Superintendencia de Salud.

Ya en el país son 378 hospitales los que aparecen en crisis: 95 adelantan un programa de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda, 182 hospitales implementan un Plan de Gestión Integral de Riesgo (PGIR) ante la Superintendencia Nacional de Salud, 85 están categorizados como de riesgo alto y 16 como de riesgo medio, pero lo que muestran las cifras es que los problemas financieros de los hospitales se deben, en su mayoría, a los atrasos en los pagos de las EPS.

No obstante, “el envejecimiento de las carteras se da porque se dejan acumular y porque no hay suficiente vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, quien hace unas rondas periódicas de conciliación de cartera y de acuerdos de pago entre las IPS y las entidades responsables del pago (las EPS), sin embargo, esto se convirtió en un canto a la bandera, donde no solamente se burlan las EPS de los organismos de control del Estado sino que también de los hospitales y clínicas del país”, anotó Martínez.

Como dice el dicho: “la ley es para los de ruana”, los hospitales públicos que tienen, en su mayoría, un débil músculo financiero y la necesidad de atender a los pacientes que llegan a sus servicios de urgencias o con órdenes de servicio sí tienen el control al cuello, mientras el Gobierno y la Superintendencia son más laxos con quienes les deben cifras billonarias.

Algunas cifras

Del total de la cartera, el 56,41 % corresponde al régimen subsidiado (4,67 billones), 21% al régimen contributivo (1,74 billones), y 6 % del SOAT ECAT (498.000 millones). En todos los departamentos el mayor peso de la deuda es del régimen subsidiado, 2,6 veces más que el contributivo. Esto en cuanto a los hospitales públicos. Martínez explicó que en la cuenta general la mayor deuda es del régimen contributivo, porque es quien más debe a los prestadores privados y es donde ha habido mayores desfalcos.

Además, el crecimiento de la deuda es incontrolable, solo entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 la deuda ha aumentado 4,16%.

Los territorios a cuyos hospitales más les deben son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, con 1,25 billones, 1,06 billones y 515.000 millones respectivamente. Martínez explicó que en Antioquia la situación es muy compleja, sobre todo si se tiene en cuenta la cartera con la red privada, porque en este departamento “están los servicios más especializados, hospitales acreditados y los servicios más complejos que agregan mucho valor, obviamente el incremento en la calidad y la producción de servicios que se hace, que no es solo para antioqueños, sino que le llegan personas de Córdoba, la costa Caribe, el Pacífico y el Eje Cafetero, lo que aumenta los servicios y, por ende, la cartera hospitalaria”.

Las más deudoras

Las cinco EPS más deudoras debían, al 31 de marzo de 2018, 1,80 billones de pesos, mientras al cierre del año anterior la deuda era de 1,69 billones, lo que quiere decir que solo en un trimestre la deuda ha aumentado 107.421 millones de pesos. El ranquin de las más deudoras está encabezado por Cafesalud, Nueva EPS, Coomeva, SaludCoop y Famisanar.

De ellas la única que logró disminuir un poco su deuda en el régimen contributivo fue Cafesalud, que redujo el 1,8 %, las demás aumentaron, la que más fue Famisanar con el 11,05%. En el caso del régimen subsidiado, logró disminuir la deuda SaludCoop EPS (en liquidación), que redujo el 2,92 %, mientras las demás aumentaron, alcanzando incluso el 26,36 % de Cafesalud.

En cuanto a las EPS mixtas, debían, a ese mismo corte, 2,02 billones de pesos, en un solo trimestre la deuda aumentó $113.552 millones de pesos. Las carteras más grandes las tienen Capital Salud, Salud Vida y Savia Salud.

Las medidas del Gobierno

Todas estas cifras evidencian que durante este último periodo de gobierno no se mejoró en nada la crisis del sistema de salud, sino que, por el contrario, los problemas casi que se duplicaron. Sin embargo, el parte del Ministerio de Salud quiere parecer alentador, hace pocas semanas publicó un informe donde señala que cumplió con el tercer plan de choque que se inició en las últimas semanas de 2017, mediante el cual viabilizó más de 2 billones de pesos que fueron invertidos en cinco puntos para la inyección de recursos y facilitar el saneamiento de los pasivos del sector: compra de cartera a proveedores, pago de glosa transversal, línea de crédito blando, pago de deuda de Caprecom y ampliación del giro directo del régimen contributivo.

Con este plan, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) compró cartera a hospitales, en 159 operaciones, por 109.892 millones de pesos, lo que podría interpretarse como paños de agua tibia, ya que solo representa el 1,31% de la cartera registrada.

Así mismo, “Adres giró a diciembre de 2017 la suma de 907.290 millones de pesos a favor de las entidades recobrantes, proveedores e instituciones prestadoras de servicios de salud, por concepto de tecnologías y servicios en salud no incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, que cumplieron los requisitos establecidos en el marco normativo vigente”, aseguró el Viceministerio de Protección Social en un comunicado.

Además, se autorizó el pago del 37% adicional de deuda reconocida en el proceso liquidatorio de Caprecom. Según lo aprobado en la Ley de Presupuesto, serán pagados 500.000 millones de pesos, que han ido ingresando paulatinamente y terminarán de liquidarse en “próximos días”.

El Viceministerio también explicó que en este tercer plan de choque “en desarrollo de la medida de giro directo, la Adres giró 1.800 millones de pesos de manera directa a 2.157 prestadores únicos en nombre de las EPS. El giro directo lo aplicó desde el mes de agosto de 2017 para los prestadores de las EPS Cruz Blanca, Coomeva y SOS y para los de EPS Medimás desde el cuarto proceso compensación de octubre. Adicionalmente, en diciembre se aplicó giro directo para la EPS SaludCoop en Liquidación, por valor de 29.858 millones de pesos, de acuerdo con la solicitud realizada por el agente liquidador”.

De los recursos girados por este mecanismo, el 47 % corresponde a la EPS Coomeva, el 26 % a Medimás, el 17 % a la EPS SOS, y el 2 % a la EPS SaludCoop en Liquidación

Sin embargo el tamaño de la cartera no cede. En julio de 2017, antes de tomar todas esas medidas, la deuda era de 7,47 billones, y tres trimestres más adelante era de 8,28 billones.

Es por eso Luis Alberto Martínez plantea que la mejor solución para esta crisis no está en planes de choque sino en reformas estructurales: “que haya giro directo en el régimen contributivo, como lo hay en el subsidiado, y hacer una reforma estructural al sistema, que pase por acabar la intermediación financiera que no le agrega valor a la atención y al cuidado de las personas”.