Durante años, la crisis climática fue presentada como un problema del futuro. Hoy es una realidad con consecuencias directas sobre la mortalidad, las enfermedades crónicas, la salud mental y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

La contaminación del aire y del agua, el aumento de las temperaturas, los fenómenos climáticos extremos, los incendios forestales y la deforestación están aumentando los riesgos para la salud de miles de colombianos y elevando los costos de la atención médica, una carga que podría reducirse mediante políticas de prevención.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica representa uno de los principales factores de riesgo ambiental para la salud. La mala calidad del aire generó alrededor de 8.052 muertes en Colombia durante 2015 y produjo costos cercanos a los 12.2 billones de pesos, equivalentes al 1,5 % del PIB de ese año.

Para el Ideam, la situación sigue siendo preocupante. El organismo reportó que ninguna estación de monitoreo del país cumplió, en 2023, con las directrices de calidad del aire recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para material particulado fino PM2,5. Además, el costo económico actual de la contaminación del aire en ciudades colombianas se estima en cerca de 11.74 billones de pesos anuales, especialmente por mortalidad prematura y atención hospitalaria.

Las investigaciones de la Universidad Nacional estiman que, entre 2008 y 2022, la contaminación atmosférica habría estado asociada a más de 55.000 muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en Colombia. Bogotá, Medellín y Cali concentran una parte importante de esta carga sanitaria. En Medellín, el fenómeno de inversión térmica favorece la acumulación de partículas; en Bogotá, la altitud y el cinturón de montañas dificultan su dispersión; y en Cali, las emisiones industriales y agrícolas contribuyen al problema.

El cambio climático modifica los patrones epidemiológicos

El impacto ambiental no se limita a la contaminación atmosférica. Según el Banco Mundial, el aumento de las temperaturas favorece la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria, mientras que los eventos extremos incrementan los riesgos de enfermedades gastrointestinales, lesiones y afectaciones de salud mental.

Bajo escenarios climáticos futuros, Colombia podría registrar hacia 2050 unos 178.000 casos adicionales de dengue y 111.000 de malaria, con costos económicos superiores a USD 4.000 millones, estima el Banco Mundial.

El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Ideam también han alertado sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas, las olas de calor, las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades respiratorias agudas.

La deforestación, los incendios y la desigualdad

La pérdida de bosques y los incendios forestales generan grandes cantidades de material particulado que deterioran la calidad del aire y aumentan las consultas por enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El riesgo, además, se distribuye de manera desigual. Las regiones con mayores niveles de pobreza, menor cobertura hospitalaria y mayor vulnerabilidad climática enfrentan mayores dificultades para responder a los efectos ambientales. Las comunidades rurales, las poblaciones indígenas, los habitantes de las zonas costeras y los territorios expuestos a inundaciones o sequías tienen una capacidad de adaptación más limitada.

Para Juan Camilo Molina Betancur, investigador en cambio climático en la línea de investigación en epidemiología y Salud Pública: “El Caribe enfrenta de manera particular el estrés térmico; la Amazonía y otros territorios enfrentan deforestación, cambios ecosistémicos y enfermedades transmitidas por vectores; las grandes ciudades enfrentan contaminación atmosférica y efecto de isla de calor; y muchas zonas rurales tienen problemas de acceso a agua segura y saneamiento”.

El riesgo también alcanza la infraestructura sanitaria. El análisis del Banco Mundial encontró que aproximadamente el 25 % de la población colombiana está en riesgo por inundaciones, mientras que cerca de 549 centros de atención primaria y 20 hospitales están expuestos a riesgos de deslizamiento.

¿Cuánto está pagando Colombia por no anticiparse?

Las hospitalizaciones, los medicamentos, las incapacidades laborales, los tratamientos para enfermedades crónicas y las muertes prematuras representan costos crecientes para el Estado y las familias.

De acuerdo con el Ideam, más de 17.000 muertes evitables al año están asociadas a la mala calidad del aire y del agua en Colombia.

Para la Asociación Colombiana de Salud Pública, el análisis realizado por el Banco Mundial con el Ministerio de Salud, el DNP, el INS y la OPS estimó que el costo de los impactos del cambio climático sobre la salud en Colombia fue de alrededor de USD 1.800 millones en 2020, equivalente al 0,7 % del PIB, y proyecta que podría llegar a USD 7.800 millones en 2050, cerca del 1,6 % del PIB, si no se fortalecen las medidas de adaptación.

Colombia cuenta con información climática, vigilancia epidemiológica, sistemas de alerta temprana y capacidades territoriales para anticiparse a los riesgos. El desafío es integrarlos con la salud pública para orientar recursos y actuar antes de que los daños se traduzcan en enfermedades y mayores costos sanitarios.

Desde la perspectiva de salud planetaria, Yessica Giraldo Castrillón, médica, MSc. PhD en Epidemiología Clínica y Bioestadística e investigadora postdoctoral en BrainLat Institute, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, advierte sobre el impacto de las exposiciones ambientales en la salud cerebral y las demencias.

Giraldo señala que la salud humana y la del planeta están estrechamente relacionadas y que no prevenir los riesgos ambientales resulta insostenible. A su juicio, el país debe reducir las exposiciones ambientales, enfrentar las inequidades y fortalecer la prevención y la atención primaria antes de concentrar mayores recursos en tecnologías y servicios de alta complejidad.

Para Molina Betancur, esto implica cambiar la manera de abordar la salud ambiental: “Uno de los grandes cambios que necesita Colombia es pasar de un modelo predominantemente reactivo a uno predictivo, preventivo y basado en la salutogénesis. No deberíamos esperar a que aumenten las consultas por dengue, que una ola de calor genere mortalidad o que una inundación afecte un hospital para actuar; deberíamos anticiparnos a esos riesgos”.

La prevención también tiene un impacto económico. Según la Asociación Colombiana de Salud Pública, por cada peso o dólar invertido en salud ambiental se ahorran entre cuatro y siete dólares en atención médica futura.

El cambio climático y la contaminación ya están afectando la salud de los colombianos. El desafío para el país es dejar de asumir la factura de la enfermedad y convertir la prevención ambiental en una política de salud pública.

Articular salud, ambiente, agua, vivienda, movilidad y territorio no es solo una política ambiental: es prevención sanitaria, reducción de desigualdades y sostenibilidad financiera del sistema de salud.