Durante los últimos dos años, la intervención estatal a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha sido presentada como una herramienta para proteger a los usuarios y corregir fallas estructurales en la gestión de los aseguradores. Sin embargo, los datos disponibles obligan a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la intervención está cumpliendo su objetivo o se ha convertido en un factor que concentra y profundiza la crisis financiera y de atención del sistema de salud? Desde la mirada de las administraciones distritales y municipales, la crisis dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo directo para la garantía del derecho a la salud de millones de ciudadanos, especialmente en las capitales que concentran la mayor carga asistencial del país.

A diciembre de 2025, diez EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud administran el 64,95 % del total de afiliados del sistema, según cifras del Ministerio de Salud. En términos absolutos, cerca de 34 millones de personas —de un total de 52.4 millones— se encuentran hoy bajo administración estatal. Las entidades intervenidas son Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Cajacopi, EPS SOS, Capresoca y Dusakawi.

Nueva EPS concentra el mayor volumen de afiliados del sistema: el 22 % del total, con 11.64 millones de personas entre los regímenes contributivo y subsidiado. Le siguen Coosalud, con 3.35 millones de afiliados, y Famisanar, con 2.62 millones. Savia Salud y Emssanar completan los cinco primeros lugares, cada una con cerca de 1.7 millones de afiliados. Esta alta concentración convierte a las EPS intervenidas en un eje crítico del sistema:

cualquier declive en su operación tiene efectos masivos sobre el acceso y la continuidad de la atención.

La crisis se concentra en las EPS intervenidas

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, advierte: “Los datos muestran que la crisis del sistema se está concentrando en las EPS intervenidas”. Además cuestionó la efectividad de los procesos de intervención adelantados por el Gobierno y advirtió sobre los riesgos de una eventual liquidación masiva sin una estrategia clara para los afiliados. “Lo que ha pasado con estas intervenciones es tal vez la mayor demostración de la improvisación y del desconocimiento en la gestión de las EPS”, señaló.

Este desgaste financiero se refleja directamente en la experiencia de los usuarios. Las EPS intervenidas concentran el mayor crecimiento de quejas y reclamos del sistema, con una proyección superior a los dos millones de PQRS al cierre de 2025, una cifra histórica que evidencia barreras crecientes en el acceso a servicios y medicamentos.

Si bien las EPS no intervenidas también enfrentan una UPC insuficiente y fuertes tensiones de financiamiento, han logrado sostener su operación y evitar un colapso similar, aunque bajo presiones significativas. La diferencia plantea un punto central del debate: con recursos igualmente escasos, el impacto no es homogéneo. Si la causa fuera exclusivamente la falta de financiamiento, el deterioro debería ser comparable en todo el sistema. No lo es. Algo distinto está ocurriendo en las EPS intervenidas.

Flujo de recursos y judicialización

Uno de los factores más críticos es el flujo de recursos. La intervención, tal como se ha ejecutado, ha introducido cuellos de botella administrativos que afectan la relación con la red prestadora y los gestores farmacéuticos. Retrasos en los pagos, ruptura de contratos, embargos y una creciente judicialización han generado una cadena de efectos que se traduce en barreras de acceso para los usuarios: citas que no se asignan, tratamientos que se interrumpen y medicamentos que no llegan a tiempo.

Según la Superintendencia Nacional de Salud, al 22 de enero de 2026 se habían ordenado embargos por 2.6 billones de pesos, producto de 291 medidas cautelares que recaen sobre recursos del sistema. La entidad advirtió que esta situación representa un “riesgo relevante” para la sostenibilidad financiera del sector y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, al comprometer el flujo oportuno de recursos hacia hospitales, clínicas y proveedores.

Nueva EPS y Coosalud, ambas bajo intervención forzosa, concentran la mayor participación en el valor afectado por embargos, impulsados principalmente por demandas de la red prestadora pública y privada.

La advertencia de los hospitales

Esta lectura coincide con la advertencia que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) envió en octubre de 2025 a la entonces interventora de Nueva EPS. El gremio señaló que los embargos son una consecuencia directa de los problemas estructurales en el pago oportuno a las IPS y del crecimiento acelerado de las deudas, tras múltiples intentos administrativos fallidos.

Entre finales de 2024 y junio de 2025, la deuda hospitalaria pasó de 20.3 billones a 24 billones de pesos, con una morosidad del 56 % en solo seis meses. EPS liquidadas y activas aportan más de 18 billones a esta deuda, lo que evidencia un problema de carácter sistémico.

¿Corregir o administrar el deterioro?

Desde la perspectiva de la política pública, el escenario es especialmente preocupante. La intervención debería evitar el colapso financiero, mejorar la atención y proteger derechos. Cuando ocurre lo contrario —mayor deterioro patrimonial, peores indicadores de atención y creciente insatisfacción de los usuarios—, es legítimo cuestionar si la herramienta está cumpliendo su función o si requiere una revisión profunda.

En este contexto, el gobierno planteó abiertamente la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas, tras un concepto del Consejo de Estado que avala el uso de recursos de la UPC para cubrir deudas de vigencias anteriores. Durante un Consejo de Ministros, se advirtió que permitir el pago de pasivos antiguos con recursos destinados a la atención actual podría afectar la prestación de servicios.

Según las afirmaciones en dicho espacio, las EPS intervenidas quedan atrapadas en una dinámica financiera inviable, en la que los recursos del presente se destinan a cubrir obligaciones del pasado sin resolver los problemas estructurales del sistema.

El debate de fondo continúa abierto. Distintos análisis del sector han planteado que el objetivo no es la defensa de las EPS, sino la evaluación de los resultados de una política pública que actualmente administra la atención en salud de más de la mitad de la población. En ese marco, y referente a lo expuesto por las fuentes citadas, la intervención requiere la definición de límites, metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de prevenir una gestión prolongada de las dificultades del sistema y sus efectos sobre los usuarios.