El financiamiento y el flujo de recursos se han convertido en el eje central del debate sobre la crisis del sistema de salud colombiano. Mientras desde el Gobierno se insiste en que el problema estructural radica en el diseño del modelo y en la intermediación de los recursos, desde la política económica emergen lecturas que apuntan a un diagnóstico distinto y más profundo: el sistema no colapsó por su arquitectura, sino por un proceso sostenido de desfinanciamiento.

Esta visión, planteada por Jesús Botero García, profesor emérito y miembro del Semillero en Estudios en Coyuntura Económica, especialista en política económica, sostiene que la crisis actual responde, ante todo, a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal instrumento de financiamiento del aseguramiento.

“La insuficiencia de la UPC ha debilitado las finanzas de los agentes del sistema, su capacidad de prestación de servicios y la calidad de la atención a los usuarios”, afirma Botero.

En su análisis, aunque el sistema presentaba fallas estructurales y oportunidades de mejora desde antes, el deterioro financiero terminó por profundizar esas debilidades hasta llevarlo a un punto crítico. Para Botero, “las dificultades en el financiamiento han agudizado los problemas, haciendo más difícil su solución y llevando la crisis del sistema a un punto casi sin retorno”.

Logros ignorados y fallas no corregidas

Antes de su deterioro acelerado, el sistema de salud colombiano había alcanzado avances significativos que hoy suelen quedar fuera del debate público, como los “logros en cobertura y satisfacción de los usuarios, con un bajo gasto de bolsillo”, señala Botero García.

Asimismo, explica que la ausencia de un enfoque robusto orientado a resultados en salud dejó al sistema expuesto al riesgo moral, al no contar con mecanismos eficaces para controlar el uso innecesario de servicios. A ello se sumó la selección adversa, derivada de la falta de diferenciación de la prima según condiciones de riesgo, lo que terminó castigando a los aseguradores con mejor desempeño.

En este escenario, la supervisión institucional jugó un papel determinante. “La falta de una supervisión adecuada permitió manejos indebidos de los recursos, que debilitaron la confianza general en el sistema”, argumenta Botero.

Diagnósticos técnicos desplazados por lecturas ideológicas

Desde la perspectiva del economista, un diagnóstico oportuno y técnico habría permitido corregir distorsiones y fortalecer el sistema. No obstante, cuestiona el rumbo reciente del debate público.

“La administración actual adoptó un enfoque ideológico en el análisis, buscando más interpretar el sistema desde una visión adversa a la participación de agentes privados que entender sus fortalezas y debilidades”.

Este cambio de enfoque, sostiene, ha tenido consecuencias directas sobre el flujo de recursos y la cadena de pagos, afectando la estabilidad financiera desde la UPC hasta el prestador final.

Incentivos del aseguramiento y fricciones en la cadena de pagos

“El diseño original del aseguramiento incorporaba incentivos económicos orientados a la eficiencia: un pago global a los aseguradores, redes organizadas para gestionar el riesgo y una UPC actuarialmente justa. Estos incentivos se complementaban con mecanismos garantistas del derecho a la salud, como la acción de tutela”, sostiene Botero.

En ese sentido, cuando este equilibrio se rompe, las fricciones aparecen a lo largo de toda la cadena de pagos, trasladando riesgos financieros a las IPS, que terminan actuando como financiadoras involuntarias del sistema.

Giro directo: entre eficiencia financiera y riesgo institucional

La expansión del giro directo de la ADRES, concebido inicialmente como un mecanismo excepcional, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate. Para Botero, el análisis debe partir de una distinción clave: “Habría que distinguir entre la gestión del riesgo financiero y la intermediación financiera de los recursos”.

En su lectura, es posible prescindir de la intermediación sin desmontar la lógica del aseguramiento. “La plata puede fluir directamente de la ADRES a las IPS, manteniendo la gestión del riesgo en las EPS, que contratan, supervisan y estructuran la prestación del servicio, y reportan a la ADRES las facturas aceptadas, ateniéndose al cupo que les corresponde por la UPC”.

El debate tomó una nueva dimensión tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural reiteró que la inembargabilidad de los recursos no se extiende automáticamente a los pagos realizados por giro directo una vez estos ingresan a las cuentas de las IPS.

La Corte advirtió que extender esa protección generaría una desprotección injustificada para los acreedores:

“Extender dicha protección incluso a los dineros provenientes del giro directo (…) equivaldría a sostener que los acreedores, (…) estarían imposibilitados para embargar esos recursos, (…) lo que generaría un menoscabo en las garantías de cobro de las obligaciones contraídas por dichas entidades”.

Alerta por traslado masivo de afiliados y habilitación territorial

En este contexto, un eventual “traslado masivo de EPS”, derivado de nuevos criterios de “habilitación territorial”, encendió las alarmas entre asociaciones de usuarios, que solicitaron un seguimiento riguroso por parte de los entes de control ante posibles movimientos de afiliación.

La preocupación se centra en un posible “decreto de habilitación territorial de EPS”, que podría provocar el traslado de más de seis millones de afiliados hacia un grupo limitado de entidades receptoras, con impactos sobre la continuidad de la atención y la estabilidad de las redes de prestación.

Medidas inmediatas y debate sobre las cifras

Desde el gremio asegurador, Ana María Vesga Gaviria, presidenta de Acemi, insistió en la urgencia de adoptar medidas de estabilización financiera.

“Hay que tomar unas medidas de estabilización que son inmediatas, pero simultáneamente hay que empezar a pensar en cómo se van a afrontar. No podemos esperar seis meses o un año”.

También cuestionó la dispersión de cifras sobre los recursos faltantes: “Hemos oído cifras de $60 billones, $70 billones, $50 billones y hasta $30 billones, y eso habla de lo grave que está la comprensión sobre la crisis del sistema en términos financieros”.

Información, control y riesgo de colapso

La debilidad de los sistemas de información agrava la crisis. “El país no va a avanzar si no tenemos un sistema de información e interoperabilidad”, afirmó Néstor Álvarez Lara, presidente de la Asociación Pacientes de Alto Costo.

En la misma línea, Edgar Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector Salud, sostuvo que “capturar la información ha sido una de las cosas más complejas. Sin datos no hay cómo hacer discusiones o debates”.

Quizás uno de los elementos más preocupantes del debate público sobre el sistema de salud sea su progresiva ideologización. “La calidad del análisis sobre las cifras se ha debilitado, los argumentos han perdido coherencia racional y persiste una carencia significativa de análisis técnicos sobre el diseño de los mercados que orienten la discusión. Bajo el argumento de que la ‘salud no puede ser un negocio’, se han adoptado decisiones difícilmente reversibles y se han puesto en cuestión mecanismos que podrían contribuir de manera decisiva al uso eficiente de los recursos”, puntualiza Botero.