La Superintendencia Nacional de Salud anunció nuevos relevos en las EPS bajo medida de intervención especial: Nueva EPS, Coosalud y el Servicio Occidental de Salud (SOS). Se trata de movimientos que, aunque buscan fortalecer el control financiero y mejorar la atención, también reavivan las críticas sobre la inestabilidad y la idoneidad de quienes asumen la dirección de entidades que, en conjunto, concentran más de 15 millones de afiliados.

Los cambios en detalle

En Nueva EPS, la más grande del país con 11 millones de usuarios, Bernardo Camacho terminó su gestión de ocho meses. Según la Supersalud, durante ese periodo hubo “avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional”.

El relevo en la Nueva EPS estará a cargo de Gloria Libia Polanía Aguillón, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud y venía liderando la intervención en Coosalud. En esta última entidad, Carlos Eduardo Franco Muñoz, proveniente de SOS, asumirá la dirección. Finalmente, en el Servicio Occidental de Salud (SOS) fue designado Sergio Andrés Gil Celis.

El superintendente Giovanny Rubiano García explicó que el propósito de estas rotaciones es “dar continuidad y acelerar los planes diseñados para garantizar la atención de los afiliados, entre ellos la implementación de auditorías médicas, el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud y la negociación conjunta de medicamentos”. Y añadió: “Con estas nuevas designaciones queremos consolidar el trabajo adelantado y lograr resultados tangibles en la estabilización de las EPS intervenidas, garantizando la continuidad y calidad en la atención de los usuarios”.

Auditorías forenses: transparencia en disputa

Uno de los ejes de las intervenciones es el control sobre el uso de los recursos públicos. Coosalud anunció recientemente la contratación de una auditoría forense internacional, convirtiéndose en la primera EPS intervenida en adquirir el servicio de forma autónoma.

Para el superintendente, este mecanismo debe ser regla en todas las aseguradoras bajo medida: “Las auditorías forenses deben contribuir con la transparencia del flujo y destino de los recursos públicos de la salud. Al igual que lo está haciendo Coosalud, espero que el resto de intervenidas formalicen el inicio de las auditorías forenses y que se refleje con claridad la trazabilidad de los recursos. El sector salud debe funcionar como el sistema financiero, en donde hay evidencia de cada transacción”.

Inestabilidad como constante

A pesar de los objetivos planteados, los expertos cuestionan la alta rotación de interventores. Solo en Nueva EPS, en poco más de un año, han pasado tres directivos. Para Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, la situación es crítica: “Administrar la tarea que tiene una EPS es complejo. Eso necesita de equipos técnicos, necesita de estabilidad. Esto lo que demuestra es sencillamente más improvisación”.

La inestabilidad erosiona, según Galán, la cultura organizacional: “Que estén cambiando una persona cada seis meses, cada cuatro meses, cada cinco meses, genera una total inestabilidad en la cultura organizacional de cualquier empresa”.

Ramón Abel Castaño, médico y académico, añade que los constantes relevos hacen inviable el liderazgo: “Liderar una organización en marcha para llevarla a su mejor desempeño es ya de por sí un reto. Si a eso se suma que cambian la cabeza cada pocos meses, la figura del interventor se convierte en un antilíder”.

Interventores sin registro oficial

La designación de Polanía en Nueva EPS abrió un debate adicional: no aprobó el examen de conocimientos aplicado por la Universidad Nacional para integrar el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco). Aunque la ley permite nombramientos excepcionales, expertos advierten que esta práctica debilita la legitimidad del proceso.

El caso no es único. Carlos Eduardo Franco, designado en Coosalud, tampoco hace parte del Rilco. Solo Sergio Andrés Gil, en SOS, cumple con los criterios formales. Para Galán, esto representa un riesgo: “Si a eso le agrega que los interventores que han nombrado no tienen las capacidades ni el conocimiento y no están registrados, pero además nunca han administrado una EPS, pues los resultados no se pueden esperar satisfactorios”.

Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, coincide: “El hecho de que muchos interventores no estén en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia de Salud afecta negativamente los resultados de la intervención”.

Pacientes, los más afectados

Más allá de la discusión sobre idoneidad y liderazgo, el impacto final recae en los usuarios. “La mala gestión es muy grande y esos pacientes afiliados a esas entidades, pues están sufriendo las consecuencias”, sostuvo Galán.

Hernández subraya que la falta de continuidad obliga a que los equipos técnicos “empiecen de cero” con cada nuevo interventor, retrasando decisiones clave y afectando directamente a pacientes y trabajadores. Según Castaño, los resultados de las intervenciones hasta ahora han sido “fracasos rotundos” justamente por la ausencia de un rumbo sostenido.

Crisis en hospitales por retrasos en pagos de EPS intervenidas

La falta de claridad y coordinación en la gestión de las EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, Coosalud y SOS, impacta directamente a los hospitales y clínicas del país. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó que los retrasos en la transferencia de recursos desde las EPS hacia los centros de atención derivaron en la suspensión temporal de pagos por los servicios prestados. Esta situación limita la capacidad de los hospitales para cubrir nóminas, garantizar insumos y medicamentos y mantener la operación normal de sus servicios.

Expertos en salud advierten que la alta rotación de interventores y la designación de directivos sin registro oficial agrava la inestabilidad, ya que cada cambio obliga a los equipos técnicos a reiniciar procesos clave, retrasando decisiones administrativas y financieras. La ACHC solicitó al Gobierno la implementación urgente de un Plan Extraordinario de Liquidez que normalice el flujo de recursos y garantice pagos oportunos, con el fin de evitar que la crisis financiera afecte la atención a los pacientes.

Mientras tanto, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene un control más riguroso sobre el flujo de caja de las EPS intervenidas, pero el éxito de estas medidas dependerá de su aplicación efectiva sin sacrificar la oportunidad de los pagos. En este contexto, hospitales y clínicas enfrentan un escenario de incertidumbre que podría afectar la continuidad y calidad de la atención a millones de usuarios en todo el país.

El dilema de la Supersalud

La figura de la intervención, concebida como mecanismo de rescate institucional, enfrenta un desgaste. Los relevos frecuentes, el nombramiento de interventores sin registro y la dificultad para generar resultados tangibles abren interrogantes sobre la capacidad de la Supersalud para estabilizar el sistema.

El reto es mayúsculo: garantizar sostenibilidad financiera y continuidad en la atención de millones de afiliados mientras se fortalece la vigilancia sobre los recursos públicos. La pregunta de fondo es si las medidas adoptadas representan un camino hacia la recuperación o si, por el contrario, profundizan la incertidumbre en un sistema de salud ya tensionado.