D espués de realizar dos auditorías a la IPS universidad de Antioquia y al departamento de San Andrés por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría, se evidenciaron irregularidades en el proceso de vigilancia de las condiciones de habilitación de los prestadores, así como barreras administrativas que impedían el acceso a los servicios de salud de los usuarios; debido a estas dificultades la Supersalud impuso una sanción superior a los 700 millones de pesos tanto al departamento como al prestador.

El ente de control aseguró que hubo negligencia por parte de la Secretaria de Salud del Archipiélago al no tomar las medidas necesarias de inspección, control y vigilancia con la entidad de salud. El superintendente advirtió que no encontró soportes de las visitas realizadas por la entidad territorial y tampoco las medidas preventivas de seguridad o sancionatoria ante el cumplimiento de los estándares que establece la norma.

“Gracias al trabajo articulado adelantado con las entidades de control que conforman la mesa de trabajo permanente instalada en San Andrés y en especial con la Procuraduría General de la Nación, presentamos esta decisión firmada por la Superintendente Delegada para los Procesos Administrativos, con la que buscamos garantizar las acciones necesarias para proteger los derechos en salud de todos los habitantes del archipiélago y sus turistas”, aseguró el Superintendente.

En mayo de 2018 la Superintendencia de Salud ordenó la apertura de dos investigaciones después de finalizar las visitas en febrero pasado. Entre algunos hallazgos que se tuvieron en cuenta y soportan la sanción impuesta al departamento, se encuentran: No se evidenció voluntad administrativa de la autoridad territorial, en la adopción de medidas que permitan garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de seguridad. Y no se certificó el cumplimiento de las condiciones para la habilitación, producto de las visitas.

En lo que tiene que ver con la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia, IPS Universitaria, se adoptó la sanción administrativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- La Supersalud identificó prácticas inseguras en la manipulación de medicamentos, entre ellos: disposición inadecuada, medicamentos vencidos, destapados en uso y sin control de vencimiento y temperatura.

-En la modalidad de telemedicina tampoco se están prestando los servicios desde octubre de 2016.

-La IPS no soporta un sistema de información que permita el monitoreo, validación y evaluación correspondiente, ni presenta soportes de la utilización de la información para orientar posteriores intervenciones en salud pública incluidos en los procesos básicos de inspección y vigilancia.

La IPS Universitaria de Antioquia estuvo encargada de la operación del Hospital de San Andrés durante cinco años, en la auditoria, la autoridad de control identificó la no prestación de los servicios de cardiología, medicina familiar, y endocrinología, aunque estuvieran habilitados.

Como resultado de las auditorias, se impuso la sanción a través de las Resoluciones 742 del 15 de junio y 744 del 20 de junio de 2018

La directora de la IPS Universitaria de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, encargada del contrato de operación del único hospital de San Andrés, informó que “por la sanción de la Superintendencia de Salud por 700 millones de pesos contra la empresa y el departamento, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio, la multa debilita aún más la salud de la isla”

Otro organismo de control ya había adoptado medidas sancionatorias, en abril de este año cuando el procurador Fernando Carrillo suspendió por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housini, quien, según el procurador, sería uno de los responsables del deterioro de los servicios de salud en la isla.

Frente a la sanción, la IPS Universitaria aseguró que “los recursos de la salud son para atender los pacientes y garantizar la prestación de los servicios, y no para pagar multas por errores administrativos, considera que estas cosas se deberían sancionar de otra manera”.

Ramírez dice que respeta las decisiones de los organismos de control, sin embargo, para estabilizar en la totalidad los servicios de salud, es necesario el esfuerzo de todos los entes, y asegura que “tratándose de un territorio como la isla, se requiere un modelo y recursos especiales”.

Según el prestador de salud, “mensualmente se requieren 300 mil millones de subsidio a la oferta, para garantizar la prestación de los servicios y esos recursos no han llegado oportunamente y pese a eso los servicios se están prestando”.

La cartera de la IPS Universitaria de Antioquia suma 405 mil millones de pesos

A la sanción, hay que sumar el hecho que la IPS Universitaria sufre un déficit presupuestal por el volumen y cantidad de EPS y departamentos que le deben millonarias sumas de dinero, siendo sus principales deudores: La alianza Medellín Antioquia EPS, Coomeva, Dirección Seccional de salud de Antioquia, Nueva EPS, Saludvida, Universidad de Antioquia, la Secretaria Distrital de Salud de Barranquilla, Sumimedical, Dirección general de Sanidad Militar, Comfacor, Medimás, Departamento del Atlántico, Asociación Indígena del Cauca, Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá, La Previsora, entre otras entidades a las cuales se deben agregar las EPS que ya de existir como Caprecom, Cafesalud y SaludCoop EPS.

La Superintendencia Nacional de Salud, instó a las autoridades de control departamental y nacional a prender las alarmas y continuar con el seguimiento realizado, a fin de garantizar la eliminación de cualquier barrera de acceso que impida la correcta prestación de los servicios de salud y la normalización de los servicios lo más pronto posible. Por su parte la IPS Universitaria advirtió que “se requieren recursos del Gobierno Nacional para garantizar la prestación de los servicios”.