 |
|
|
 |
Balance del Ministerio
de la Protección Social
¿Cifras que ocultan
la verdadera realidad en salud?
Redacción
El Pulso - elpulso@elhospital.org.co
|
El 'salto histórico del crecimiento del
régimen subsidiado' que pasó de 10'744.289 afiliados
en 2002 a 15'553.474 en 2005, el incremento en cerca de 1'700.000
cotizantes al régimen contributivo, el reciente logro
de una planilla única para aportes a la seguridad social,
'la modernización' de 117 hospitales públicos
y la inmunización en niños con 13 biológicos,
resumen los resultados más relevantes que en materia
de salud entregó el Ministerio de la Protección
Social en el III Consejo de Ministros Público el 16 de
julio pasado.
La rendición de cuentas por parte del titular de esta
cartera, Diego Palacio Betancourt, cuando falta tan solo un
año para que culmine el actual gobierno nacional, pone
de relieve, una vez más, la pobre gestión en el
sector salud, ya que las actividades en esta materia según
la óptica del Ministerio, parecen reducirse a la ampliación
de cobertura para la población más pobre. |
 |
Así lo deja ver el ministro Palacio
Betancourt quien reiteradamente, en distintos escenarios,
señala que la meta de este gobierno al finalizar el
año, es tener en el régimen subsidiado 18 millones
de beneficiarios con subsidios parciales y totales. “Estamos
aumentando significativamente la cobertura; tenemos un poco
más de 15 millones y medio de afiliados a este régimen
y aspiramos en este año a afiliar a cerca de 2 y medio
millones más”, recuerda constantemente el ministro.
Subsidios parciales en tela de juicio
No obstante la importancia buscar la cobertura universal,
la estrategia de subsidios parciales que el gobierno viene
utilizando desde octubre de 2004, ha sido fuertemente cuestionada
por distintas instancias que ven en dichos auxilios una flagrante
inequidad y vicios inconstitucionales, además de atentar
contra la integridad de la atención del usuario.
|
El Contralor
General de la Nación, Antonio Hernández Gamarra,
no duda en afirmar que “con este tipo de tipo de auxilios,
se da lugar a un nuevo régimen que amplía cobertura
profundizando la inequidad subyacente en los diferentes planes
de servicios, porque se crea otra forma de vinculación
al sistema con beneficios más limitados que los del régimen
subsidiado, generando exclusiones y diferencias inaceptables”
(Foro de análisis del proyecto de ley 052 en mayo pasado
en Bogotá).
Igualmente, el senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, señala
que este mecanismo incrementa la inequidad en cuanto acceso
a la salud: “¿Lo que muestran estas estadísticas
son cuatro millones más de colombianos con un carnet,
pero qué de la calidad y oportunidad en la prestación
del servicio?”
Cifras engañosas
Para el profesor Álvaro Cardona de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,
la cobertura en salud mediante subsidios parciales está
en contra de la Constitución Nacional en términos
de igualdad, además de que técnicamente la presentación
de cifras absolutas es algo engañoso: “Las cifras
deben mostrarse en relación con el crecimiento de la
población y de sus necesidades. Nos pueden decir que
hay 500.000 nuevos afiliados al régimen subsidiado, pero
si la población ha crecido un millón, ¿estamos
avanzando o retrocediendo?”
“Mini régimen”
La Secretaria general y jurídica de Salud Total
EPS, Claudia Sterling Posada, afirma que “el tema de los
subsidios parciales, a través del cual se pretende mostrar
una ampliación de cobertura, rompe la integralidad de
la atención en salud generando un mayor número
de tutelas por servicio no contemplados en dicho 'mini régimen'.
Además, en los cálculos realizados por esta aseguradora,
la Unidad de Pago por Capitación -UPC- es insuficiente,
razón por la cual muchas de las Administradoras del Régimen
Subsidiado -ARS- más grandes y serias del país
nos hemos abstenido de participar en él”.
Agrega que se han descuidado aspectos tan importantes como el
flujo de recursos del Fosyga a las EPS (Empresas Promotoras
de Salud) y ARS, por concepto de recobros de fallos de tutela
por servicios no POS (no incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud) y recobros por medicamentos no POS otorgados por las
EPS a través de Comités Técnico Científicos,
suma que supera los $300.000 millones, y en el caso de Salud
Total, los $24.000 millones. Esta situación ha puesto
en riesgo la cadena de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (IPS), de proveedores y de los usuarios en general.
De otro lado, la doctora Sterling destacó los esfuerzos
emprendidos por la Superintendencia Nacional de Salud en contra
de la corrupción, prácticas prohibidas y conductas
irregulares de diversos actores del Sistema.
Salud Pública, sigue marginada
La salud pública (tema que en el informe del
ministro se limitó al Programa Ampliado de Inmunizaciones
-PAI-, donde a la fecha se ha logrado un 92.3% de la meta propuesta
en el 2002 de vacunar el 95% de la población vulnerable
con 13 biológicos), continúa marginada.
El país vive una situación grave en salud pública
y esto no se puede ocultar, señala el profesor Álvaro
Cardona: “El trabajo por recuperar los niveles de vacunación
es bueno, pero no se han superado los que había antes
de la Ley 100; además, enfermedades como la fiebre amarilla,
el dengue y la malaria han venido aumentando porque no hay políticas
claras de control de enfermedades de gran impacto en la salud
pública”.
Crisis hospitalaria no
Un problema tan delicado como es el deterioro que sufren
los hospitales públicos, el ministro Palacio lo resolvió
en tres líneas: “El gobierno ha invertido recursos
por $377.463 millones para mejorar la red pública hospitalaria
del país. Esta fuerte inversión ha permitido la
modernización de 117 instituciones prestadoras de salud”.
El ministro omitió hablar por ejemplo de la difícil
situación que se vive en Cartagena, donde prácticamente
la red pública está colapsada: el Hospital Universitario
de Cartagena, único del tercer nivel fue cerrado hace
dos años y aún se espera el nacimiento de una
nueva institución que por lo visto no será pública;
esto, unido a la crisis que viven dos de las tres únicas
entidades de salud estatales de la ciudad heroica, la Clínica
Henrique de la Vega y el Hospital San Pablo (Periódico
El Pulso No. 79, abril de 2005).
Idéntica situación vive la costa atlántica,
agravada por el reciente cierre del Hospital Universitario de
Barranquilla, único centro asistencial público
de tercer y cuarto nivel de complejidad en la región.
Y hace poco, por el cierre del Hospital Central del Magdalena
en Santa Marta, que entró en liquidación. Tampoco
se refirió el ministro a la situación irresuelta
del Hospital de Caldas ni de cientos de pequeños y medianos
hospitales públicos en el territorio nacional que enfrentan
graves dificultades que los tienen al borde del cierre.
“Es evidente que la red pública hospitalaria se
ha debilitado, que se sigue destruyendo cada vez más;
esta cifra de reestructuración o modernización
de hospitales es sólo un síntoma de que ha habido
un debilitamiento persistente de estas instituciones”,
sostiene el profesor, Álvaro Cardona.
No hay política clara de Protección
Social
Todos estos problemas del sector salud, obligan a pensar
en la necesidad de construir una verdadera política pública
de Protección Social, desde la perspectiva del Estado
Social de Derecho, concluye el ex viceministro de Salud, Antonio
Yepes Parra. “Vemos que el gobierno se está dedicando
a una serie de actividades muy asistencialistas, focalizadas,
que no brindan solución integrales a fallas estructurales
del sistema de salud”.
En el tintero…
Aspectos cruciales como la reforma a la Ley 100/93,
manual tarifario, fortalecimiento de la salud pública,
situación laboral del personal de la salud, sistemas
de información, calidad de los servicios de salud, inspección,
vigilancia y control, se quedaron por fuera del balance del
ministro, evidencias palpables que en este Ministerio de la
Protección Social, el abordaje comprometido, técnico
y social de la salud se diluye cada vez más. |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
