El proceso de verificación de las secretarías
departamentales o seccionales de salud a las instituciones
que aspiraban a tener la habilitación de calidad
para prestar servicios médicos, quirúrgicos
y de diagnóstico (Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud IPS, en general), debió haber comenzado
justo después de la fecha límite de inscripciones,
el 29 de abril de 2003. Al cierre de ésta edición
(15 de agosto pasado), en más de la mitad de todas
las seccionales departamentales y distritales de salud del
país, aún no se había iniciado el tan
nombrado proceso de verificación de los requisitos
para acceder a la habilitación. Las causas de esto,
todas argumentadas por los departamentos de Vigilancia y
Control consultadas por El Pulso, van desde el pequeño
número de verificadores, 40 personas para verificar
3.636 instituciones en el caso de Bogotá, hasta la
imposibilidad de cerrar instituciones que no llenan los
requisitos del decreto de garantía de la calidad
(decreto 2309/2002) porque se generarían graves problemas
de salud pública, como es el caso de los antiguos
territoriales nacionales donde son muy pocas las IPS, con
equipos y personal escasísimos e infraestructura
absolutamente mínima, pero que de cerrarse dejarían
sin por lo menos el asomo de los servicios de salud a los
pobladores de esas inhóspitas regiones del país.
Además, a esto se suma la gran competencia que resultaron
ser los sobanderos, teguas y rezanderos para el ejercicio
profesional de la medicina, porque locales de medicina tradicional
y “yerbateros” tienen conquistados a buena parte
de los habitantes en la amplia zona rural colombiana e incluso
en las ciudades; éste asunto se ha vuelto serio porque
los dos grupos hacen presiones para acreditarse y desacreditarse
unos a otros.
El proceso de verificación pasa por un censo interno
de los municipios que ratifica el número de inscritos,
pero al parecer según lo han notificado funcionarios
entrevistados, se vive una especie de temor para clausurar
instituciones: sólo unas pocas seccionales se han
atrevido a realizar cierres parciales mientras otras no
han cumplido con lo dictaminado por las políticas
presidenciales de cerrar espacios que no llenen condiciones
de salubridad y calidad total. Pero la culpa en últimas
no recae en los funcionarios, pues en muchas partes donde
la voz del Estado no logra escucharse, es difícil
tomar la decisión que puede convertirse en un revés
de políticas públicas en salud.
Al 4 de agosto de este año, el Ministerio de la Protección
Social registraba 9.974 IPS y 24.883 profesionales independientes,
para un total de 34.857 prestadoras en el país, cifra
que consolidaría poco más del 83% de estos
en 30 de 36 entes territoriales reportados.
Según la Coordinación del Grupo de Calidad
de la Dirección General de Calidad de Servicios del
Ministerio, sólo 13 de los 36 entes territoriales
diligenciaron bien su proceso de habilitación: Antioquia,
Atlántico Bolívar, Boyacá, Caldas,
Casanare, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda y San Andrés. Fueron devueltos
para su corrección: Amazonas, Barranquilla, Bogotá,
Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Guajira,
Huila, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima,
Vaupés, Magdalena y Vichada. Y no han reportado el
registro especial de prestadores: Arauca, Cauca, Guainía,
Cartagena, Santa Marta y Valle.
Historias distintas pero comunes
Atlántico con 177 sancionados:
Alba Barandica, encargada del proceso del Sistema
de Habilitación, indicó que la verificación
se inició el 4 de agosto con los 177 prestadores
no inscritos, que serán sancionados. Son 277 profesionales
independientes y 113 IPS.
Boyacá en autoverificación:
Gloria Bonilla, coordinadora de Calidad de Servicios, explicó
que no se ha adelantado el proceso de verificación
con el sistema nuevo de habilitación, pero que de
247 IPS donde 124 de ellas son antiguos grupos de práctica
profesional, se ha censado el 100%. El proceso de autoverificación
tan criticado por el Ministerio ha sido una herramienta
importante para el manejo de la información, agregó.
El hospital de media complejidad San Salvador en Chiquinquirá
fue intervenido para ser cerrado y el Hospital San Rafael
en Tunja tiene graves dificultades financieras. Boyacá
tiene 26 ESE (hospitales) y 68 centros y puestos de salud.
Dificultades del ejercicio legal
en Caldas: Por la falta de la presencia del Estado,
los funcionarios de la seccional no saben ante quien denunciar
los casos de médicos que compiten con los teguas
que demandan reconocimiento profesional de su trabajo, informa
Miriam Valencia, odontóloga del grupo de Garantía
de la Calidad. El departamento tiene 40 IPS públicas,
131 IPS privadas y 8 mixtas, y 705 profesionales independientes.
En Caquetá no se pueden
cerrar: Carlos Alberto Arenas, jefe de Salud Pública,
señala que en Florencia sólo hay dos IPS de
primer y segundo nivel, por lo que así no cumplieran
con lo establecido por la ley no podrían cerrarse,
porque se quedaría sin prestadores. En la región
hay 62 IPS y 131 profesionales independientes.
Cierres parciales en Casanare:
Con 212 prestadores (180 en la base de datos antigua de
la que ellos mismos desconfían), muchos puestos de
salud se convierten en IPS: “de 12 públicas
que son revisadas con el nuevo censo, creemos que son 6”,
dice Napoleón González, coordinador médico
de Control, Vigilancia y Calidad. Doce instituciones serán
cerradas parcialmente mientras se cuantifica el mapa de
riesgo de cierre, pues en poblaciones donde son 8.000 o
10.000 habitantes los cierres no deben efectuarse. “Toca
fijar amonestaciones -dice González- para revisar
199 instituciones”.
Dos grupos de verificadores en
Córdoba: Estos visitan 834 IPS registradas,
de las cuales 50 no serán habilitadas. José
Alfredo Aguirre, del Grupo de Desarrollo de Servicios dijo
que 780 del total de prestadores están inscritos
con método de autoevaluación.
En Guainía y Putumayo necesitan
mejoras en construcciones: El secretario de salud
de Guainía, Marcelo Mariño, informa que existen
37 IPS (35 públicas y 2 privadas), y que todas necesitan
algún arreglo. Ejemplifica con otro departamento:
“Los hospitales San Felipe y Departamental en el Putumayo
son construcciones indígenas con techos de paja y
muros de bahareque, cuando se requieren acabados en ladrillo
y cemento”. En 72.000 Km. de Guainía residen
de 30 a 37 comunidades indígenas en condiciones precarias.
En una región donde el Dane cuenta 40.600 habitantes
y la Seccional de Salud menos de 35.000, urgen proyectos
de construcción y dotación para los centros
de salud.
Esperan capacitación en
La Guajira: Rafael Iguarán del Departamento
de Vigilancia y Control de Medicamentos expresó que
se espera la capacitación de Bogotá para empezar
las visitas a 427 IPS, de las cuales 24 son públicas
y 66 privadas; en la fase preventiva se levantaron sanciones
a 9 instituciones y se vio que 40 instituciones registradas
no existen.
A IPS del Vaupés, sólo
en avioneta: Son 17 los puestos y centros de salud,
y 54 las Unidades Básicas de Promoción (UBP)
para un total de 72 organismos. “El hospital de referencia
San Antonio en Mitú -precisa Jorge Roberto Rodríguez,
jefe de planeación de Vaupés- no cumple los
requisitos pero no se puede cerrar. El acceso a la región
selvática es solo por avioneta. Se esperan del Fondo
Nacional de Regalías $3.000 millones para un nuevo
hospital, la aprobación de equipos biomédicos
y de $900 millones para dotación”.
Siguen visitas en el Meta:
La doctora Gloria Isabel Castañeda, de Vigilancia
y Control, informó que se iniciaron las visitas el
pasado 11 de agosto a 587 IPS inscritas.
Nota: Luego de ser consultadas
por El Pulso, no reportaron información en la Red
Servicios de Cundinamarca; en Vigilancia y Control de Bogotá,
Huila y Magdalena; en la Subdirección de Salud del
Putumayo; en la Secretaría Ejecutiva de la Seccional
de Risaralda; en San Andrés, en Santander y en Sucre
(en éste último departamento por problemas
técnicos de telecomunicaciones en toda la región).
