MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 60   SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

INFORME PARA EL SECTOR SALUD
“Salud para los pobres”: un año del Manifiesto Democrático
Francisco de Paula Gómez Director Ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud ANDI depaula@andi.com.co

Se ha cumplido un año desde que el presidente Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como primer mandatario de la Nación. Su inocultable amor por Colombia y su gran capacidad de trabajo se han reflejado en la reactivación de varios sectores productivos del país y por supuesto, en la sensación que existe entre los colombianos de tener al frente a un “verdadero presidente”, tal como lo indican todas las últimas encuestas realizadas para medir su popularidad.
En lo referente al sector salud, el presidente de la República desde su época preelectoral, se comprometió a llevar a cabo acciones específicas dentro del Manifiesto Democrático -puntos 53 al 60-. Entendiendo que no es posible el logro “instantáneo” de lo propuesto, sí es necesario recordarlas para colocarlas en su justa medida y llamar la atención sobre las que requieran una mayor atención.

“MANIFIESTO DEMOCRÁTICO, SALUD PARA LOS POBRES:
Álvaro Uribe Vélez, candidato a la Presidencia de la República

53. Fui senador ponente de la ley que creó el SISBEN. En la Gobernación de Antioquia ingresamos 1.020.000 pobres. Lo aumentaremos, sin politiquería, para los pobres. Será vigilado por universidades. Preferirá a la madre cabeza de familia pobre, al anciano pobre y al discapacitado pobre.
54. Para los taxistas seguridad integral, social y policiva.
55. Que el régimen subsidiado de salud lo presten entidades sin ánimo de lucro, integradas por cooperativas, empresas solidarias, cajas de compensación y hospitales. Tendrán cobertura regional, menos gastos en administración y más cobertura.
56. Garantía de tarifas equitativas para médicos y profesionales afines. Garantía para que el usuario tenga opciones de escogencia de instituciones prestadoras de servicios y médicos. Que el crecimiento de las empresas promotoras de salud no anule a las instituciones independientes.
57. Programas de quejas y reclamos de usuarios y pacientes de salud.
58. Extensión de la Superintendencia de Salud con supervisores como los departamentos, municipios, universidades y asociaciones comunitarias.
59. Evitar la evasión en los pagos a la salud para aumentar cobertura. Se hará con el cruce de información y el mejoramiento de la sistematización.
60. Necesitamos salvar al Seguro Social porque la opción pública es esencial en el esquema de empresas promotoras de salud. Lo destruyó la politiquería, no la Ley 100. Entre 1993 y 1998 pasó de 23.000 empleados en nómina directa y paralela a más de 43.000. Así no hay chequera que resista. Para salvarlo cuatro medidas: no entregarlo a los directorios políticos; reducir costos con la ayuda y comprensión de los trabajadores; contratos imaginativos con el sindicato, con cooperativas de trabajadores, con cajas de compensación para el mejor manejo de las clínicas; aportes de gobierno”.

Los hechos que ocurren dentro de un sector convulsionado como es el de salud, se suceden rápido y en ocasiones dan poca oportunidad a reaccionar. Varios de los puntos propuestos en el Manifiesto Democrático se han venido trabajando de manera paralela dentro del Ministerio de la Protección Social, que vale la pena decirlo, ha tenido que enfrentarse a un duro proceso de fusión de los Ministerios de Salud y de Trabajo y al temprano cambio de Juan Luis Londoño por su infortunada muerte. Cada uno de los puntos expresados en el Manifiesto Democrático implican un trabajo a fondo y en algunos de ellos puede decirse que el trabajo va bien adelante, como es el caso de la intervención al ISS o de las medidas para disminuir la evasión, pero en otros el trabajo o no se ha iniciado o tiene un importante atraso, como es el caso del punto Nº 56.
El punto Nº 56 ofrece un compromiso amplio para regular el mercado de salud en tres aspectos distintos pero estrechamente interdependientes: 1) Tarifas equitativas para los servicios de los profesionales de la salud, 2) Garantías para el logro de la libre elección de IPS y médicos, 3) Que el crecimiento de las EPS no anule las instituciones independientes.
Es evidente que los profesionales de la salud han ido perdiendo de manera pronunciada su capacidad económica y libertad para ejercer su profesión, tal como lo muestran todos los últimos estudios sobre recursos humanos de salud -“Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud”, “Los recursos humanos de salud en Colombia: Balance, competencias y prospectiva”, “La formación del personal de salud en Colombia. Un reto a futuro” y “Oferta, evaluación y acreditación en sa-lud-”. Se calcula que en las condiciones medias de trabajo existentes, solo para recuperar la inversión hecha para estudiar su carrera, un médico requiere de un periodo mínimo de 10 años y un fisiatra de 16 años.
Por si ello fuera poco, cada vez más se les aplican controles y condicionamientos administrativos a los profesionales de la salud, que terminan colocándolos ante riesgos jurídicos y en muchos casos impidiéndoles el adecuado ejercicio para el mejor estado de salud de sus pacientes. La condición liberal de los profesionales de la salud no debe olvidarse, asimismo como el compromiso que el presidente de la República ha tomado para el logro de un ejercicio profesional digno.
El enfoque para definir lo que es “libre elección de las IPS y de los médicos” no es tan fácil como a simple vista puede parecer, pues de un lado se deben recordar los grandes problemas que afrontó el ISS hace 6 años cuando de manera indiscriminada permitió que casi cualquier tipo de IPS hiciera parte de su red de prestadores, profundizando más su fragilidad financiera; por otro lado, está la interpretación que restringe de manera rígida cualquier elección, supeditándola exclusivamente a una estrecha red de servicios preestablecida.
Acerca de la libre elección, la Ley 100 de 1993 en su libro II, artículo 153, numeral 4, reza así. “4. LIBRE ESCOGENCIA. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán acreedores a las sanciones previstas en el articulo 230 de esta ley.”
No cabe duda que los aspectos relacionados con la libre elección deben puntualizarse y definirse claramente, pues hoy no se da cumplimiento a este principio fundamental de la reforma, tal como lo evidencia la última encuesta de la Defensoría del Pueblo: “Los resultados que muestra el ejercicio efectivo de esta facultad demuestran el distanciamiento que existe entre la realidad actual y los propósitos que inspiraron un sistema de seguridad social en salud previsto para garantizar la calidad en la prestación de los servicios médicos... La “libre escogencia” obtuvo el puntaje más bajo, 3.98, en una escala de uno a diez”.
Finalmente, en el punto 56º se puntualiza el necesario control para no permitir que el crecimiento desmedido de una o varias EPS despunte en abuso de posición dominante dentro del mercado. La preocupación por la instauración de monopolios y su casi siempre consecuente abuso ha sido motivo permanente de debates, normas y controles de parte de los Estados en todo el mundo a través del tiempo. Nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud muestra hoy signos inequívocos de concentración económica y de poder que de no ser medidos y tomados muy en cuenta, amenazan la viabilidad de las IPS, de muchas EPS y del sistema mismo.

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