¿Necesitamos un nuevo código de ética médica? Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com La ética médica, esa área tan desconocida para la mayoría en su esencia, pero tan llamada a la palestra pública cuando se especula sobre posibles fallas en una atención, e incluso en la administración de los recursos del sistema, está pendiente de una reforma. En la actualidad, los galenos siguen lo que indica un código de ética de 1981, regulado en la Ley 23 de ese año. Su aplicación ha sido fundamental, como derrotero de esa profesión. No obstante, para algunos, ya está obsoleta. Según escribió en 2015 Fernando Torres, expresidente y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, con la Ley 100 de 1993, las condiciones del ejercicio de los médicos fueron modificadas, el Estado y la sociedad adquirieron la responsabilidad de hacer garantizar la salud como derecho, mientras apareció en el debate mundial la bioética con cuatro principios para profesionales de la salud y en defensa de la vida: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Consciente de ello Torres, con experiencia como educador y especialista en bioética, convocó a varios sectores del gremio médico para reformar la ley hace cinco años. Roberto Baquero Haeberlin. Presidente del Colegio Médico Colombiano, estuvo presente “Vimos la conveniencia de hacer el cambio, porque el ejercicio de la profesión cambió totalmente. Antes existía una relación directa entre el médico y el paciente, y ahora aparecen los aseguradores, las IPS, los mismos jueces con miles las tuteles y ordenanzas, los auditores médicos que prohíben o no formular ciertos tratamientos, entre otros”, afirma el directivo, y agrega que todas las sociedades científicas dieron su opinión para construir un borrador y se registró un buen proyecto en el Congreso en 2015, con el senador Juan Manuel Galán a la batuta. Aunque por tiempos legislativos no alcanzó a ser aprobado en la anterior legislatura. Baquero destaca las contribuciones del proyecto, como definir los tribunales competentes para investigar y juzgar las violaciones al código de ética, indicar en qué casos (una decena de excepciones) el médico puede abstenerse de prestar atención a un paciente, declarar que el residente ya no es estudiante sino profesional en ejercicio y detallar cuáles serán las sanciones en caso de infracción, que en el código no están clasificadas ni explícitas, sino distribuidas por todo el documento. Los peros a la reforma Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, dice que en este momento el proyecto de ley no es prioridad para el gremio médico. Dos son las razones. Una, que para muchos, incluida ella, la ética médica no es reglamentable por el sector parlamentario, porque de esa forma se corre el riesgo de violentar la autonomía de los médicos. El otro, que los fundamentos de la ética médica ya están reglamentados en la Ley Estatutaria, que desde 2015 convirtió a la salud en un derecho fundamental y que es de rango superior a un código ético. Así las cosas, una nueva normativa sería innecesaria y significaría sobrelegislar. De hecho, Corcho destaca que en muchos países, como Estados Unidos, la ética médica hace parte de la autorreglamentación del gremio médico, científico y académico, temiendo que en la rama Legislativa se tergiversen elementos importantes por la no comprensión del sector de la salud. “El ejercicio médico es liberal y debe estar alejado de regímenes políticos, porque si éstos asumen el control de su ejercicio, del derecho a la vida, puede ser riesgoso”, advierte, y añade que encuentra múltiples deficiencias en el actual proyecto de reforma, propuesto por el senador Juan Manuel Galán. Uno de ellos, continúa, es que no hace tipificaciones específicas para sancionar a los médicos. Según Corcho, los tribunales de ética que en la actualidad existen para esa función se encuentran en todas las regiones y tienen procesos de autorregulación donde los médicos eligen a personas idóneas para enjuiciar, no solo a los galenos, sino a médicos en ejercicio político o administrativo, con la posibilidad de compulsar copias a la justicia ordinaria. De igual forma, la experta dice que los tribunales de ética médica, “más estrictos que la ley ordinaria”, pueden enfrentar los elementos de la oleada de corrupción en el sector, por lo que regular de nuevo este aspecto sería, otra vez, innecesario”. Además, añade que la corrupción no solo corresponde a un asunto moral, sino de diseño del sistema, “estructuralmente construido para que roben y desregulado para que haya saqueo de recursos públicos”. Sobre los argumentos de Corcho, Baquero sostiene que con un proyecto de ley siempre existe el riesgo de que los políticos tomen ventaja o tergiversen lineamientos. Sin embargo, para este caso, un porcentaje alto del gremio médico ya le dio aprobación al documento y Galán se comprometió a no dejar que sus colegas legisladores toquen lo esencial. Sobre la Estatutaria, resalta que es un asunto distinto a un código de ética, en la medida en que la primera habla de autonomía en el ejercicio de la profesión y de trabajo digno, mientras el otro define aspectos no contemplados en la ley, como definiciones de la historia clínica, prestación interinstitucional, responsabilidad del médico y respuesta ante presiones de las farmacéuticas para formular determinados tratamientos. Pero Mario Hernández, doctor en salud pública de la Universidad Nacional, va más a fondo en lo que pueden ser debilidades de la reforma. La primera, para él, es que todavía no tiene unidad de criterio en el gremio médico, por lo que no es viable su actualización. Además, considera que tiene una visión restringida de la bioética y excesivamente normativa de la deontología médica. “Esas son dos cosas muy distintas que tienen que entrar en diálogo, pero que no son lo mismo”, anota, y advierte que tienen que hacer conciencia sobre cuáles son los problemas de la ética médica hoy, en relación al derecho fundamental de la salud y a la autonomía médica. Sobre ello, Hernández dice que la estructura del sistema de salud actual restringe esa autonomía y ha puesto a los médicos en situación marginal y con mucha presión. Por eso, dice, si no se incorpora realmente la situación actual a un nuevo código, éste no logrará resolver los problemas cotidianos del médico. Sobre esto último, Corcho anota que la autonomía médica está en juego con la entrada en vigor del Mipres, el aplicativo con el que se prescriben en el Contributivo las tecnologías y servicios que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. Según dice, se trata de una herramienta de vulneración a la autonomía médica y del derecho a la salud de los pacientes, ya que predefine lo que se debe formular o no desde plataformas del Ministerio de Salud. “Estamos de acuerdo con que debe haber un sistema de información publica, pero eso no debe constituirse en un reglamento para violar derechos, y en este caso el médico no tiene margen de maniobra para tomar decisiones”, advierte.

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