“Mejor le mando las facturas, no me pague por la población no asegurada” Nathalee Giraldo - elpulso@sanvicentefundacion.com E nviar las facturas a la nación, correspondientes a servicios prestados a la población no asegurada, sería la intención de la ordenanza que aprobó la Asamblea Departamental de Antioquia. Aprobación que según la gobernación es una de las salidas para evitar el endeudamiento, pero que para los expertos podría traer inseguridad jurídica y riesgo en la gestión de los recursos, además de un enfrentamiento con el gobierno nacional. La Gobernación de Antioquia tiene deudas acumuladas por 300 mil millones de pesos de los cuales 152 mil, son de dudas anteriores por lo que se denominaban servicios no cubiertos por el plan obligatorio de salud; son deudas con facturas ya verificadas y avaladas para el pago. Otros 140 mil millones de pesos apenas están en proceso de revisión. Según Carlos Mario Montoya, Secretario de Salud de Antioquia, “no se tienen recursos suficientes, además el gobierno nacional le ha entregado al departamento la responsabilidad de atender unos servicios que no le corresponden, y lo segundo es que los recursos para atender a la población pobre no asegurada, que debería ser una responsabilidad de la nación, el gobierno ha argumentado que Antioquia cada vez tiene menos población no asegurada, cuando la población sigue siendo muy alta”. “El gobierno nacional dice que Antioquia tiene 50 mil personas no aseguradas, cuando en la realidad tenemos 350 mil personas, eso significa que de 140 mil millones de pesos que nos entregaban hace tres años para atender a esa población, hoy solo nos están entregando 20 mil millones” afirmó Montoya. Según Carlos Mario Montoya, lo que queremos es que la población no asegurada disminuya más y se sume a la población asegurada, eso garantiza que a los hospitales de los municipios les entren más recursos, que al departamento nos dejen de cobrar servicios a una tarifa plena que le sale a la Seccional de Salud mucho más costosa y que las EPS tengan a la vez mayor número de usuarios. La ordenanza sería una escapatoria a las deudas La ordenanza fue aprobada hace pocos días y aunque le falta la firma del Gobernador, pretende que los aseguradores, prestadores y ciudadanos, asuman una mayor responsabilidad sobre el aseguramiento, “por ejemplo que un asegurador y prestador que identifique a alguna persona que no tiene seguro, inmediatamente lo ingrese al sistema y las personas individuales que no tienen seguro, vayan y se aseguren para que reclamen de una manera más oportuna los servicios y que estos salgan más económicos a la Gobernación” apuntó la Seccional de Salud de Antioquia. Si bien desde la Secretaria de Salud se trabaja en planes de choque ante la crisis como incentivar a los prestadores a trabajar en redes para que la atención entre desde el primer nivel y en la medida que se requieran llegue a los demás niveles de complejidad; también venimos reclamando al gobierno nacional que asuma la responsabilidad sobre los servicios que ellos han aumentado dentro del plan obligatorio, eso quiere decir que si el gobierno dice que hoy el plan obligatorio cubre todo, el gobierno nacional debe decir también de donde va a salir la plata para esa cobertura con la que se comprometieron” La ordenanza podría traer problemas Según Fabio Aristizábal Ángel, experto en el sistema de salud colombiano “lo que pretende la ordenanza es prácticamente limitar el giro de los recursos que hace el departamento hasta el monto que le trasfiera la nación. Lo que quiere decir el gobernador es que ellos pagan hasta un punto y las cuentas que sigan llegando serán responsabilidad de la nación. La gobernación no pagaría más por la población pobre no afiliada, y entonces esas facturas que lleguen de los prestadores tendrán que ir a la nación, porque el departamento no va a pagar más”. La ordenanza limita el pago que hace el departamento especialmente con la población pobre no afiliada. Para Ángel, puede ser innecesaria la ordenanza y considera que podría traer mucha inseguridad jurídica, incluso contra la misma gestión de los recursos del departamento de Antioquia: “Uno podría interpretar que, con esta orientación, estaríamos cambiando la Ley 1438 que le entrega unas competencias de financiación a los departamentos y algunas funciones en salud, uno podría pensar que la ordenanza está regulando en contra, y una ordenanza es inferior a una ley. Podría concluir que hay un riesgo jurídico en la ordenanza que, de sacarla adelante, el departamento le estaría diciendo a la nación: no me mande esa plata y yo más bien le mando las facturas, aquí lo importante es saber que va a pasar con Savia Salud, si le van a girar los recursos o no”. “Uno podría entender la angustia que tiene la gobernación de Antioquia al no tener recursos para asumir las responsabilidades, más aún cuando la nación tiempo atrás le recortó las transferencias para asumir las responsabilidades, y es en ese orden que podrían estar trabajando el departamento y los diputados para mejorar la capacidad y no incumplirle a la red prestadora de servicios de salud”. “Algunos creen que no se va a seguir prestando la atención a las personas y eso para nada tiene que ver, las personas seguirán siendo atendidas, lo que pasa es que cuando las personas son atendidas mediante un sistema de seguro, nosotros tenemos negociadas las tarifas con los hospitales, pero cuando la persona es atendida por un sistema que no es asegurado, nos cobran a una tarifa plena, más alta y parte de eso es lo que tiene el sistema desfinanciado”. Agregó la Seccional de Salud.

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