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| “Continuar centrando
el diagnóstico de los problemas de la salud en Colombia
en las finanzas del sistema, mientras se ignoran los serios
problemas que encuentran los colombianos para acceder a los
servicios de salud, y los pobres resultados que están
obteniendo en términos de salud y bienestar, conducirá
necesariamente a otro fracaso y a una frustración más.
El sistema requiere ser repensado, redimensionado, así
como un nuevo ordenamiento de lo público debe ir acompañado
de un reordenamiento territorial, de manera que se restauren
y redefinan competencias a las autoridades territoriales de
acuerdo con las capacidades y recursos actuales”. |
Esta fue la conclusión
de una carta de académicos y profesionales de la salud
al ministro Alejandro Gaviria, tras entrevista a Yamid Amat
(“El Tiempo”, enero 13/13), donde afirmó que
no había crisis en salud pública ni en prestación
de servicios. En la carta argumentan que no se puede reducir
la crisis del sector salud a una crisis financiera ni incurrir
en errores conceptuales que podrían trasladarse al proyecto
de ley ordinaria para reformar el sistema, próximo a
presentarse al Legislativo con mensaje de urgencia. La carta
inicia así:
“Tenemos una inquietud central sobre la inversión
de prioridades que ha sufrido el sistema colombiano de salud,
a partir de la Ley 100/93 y que, infortunadamente, usted mantiene:
El ciudadano colombiano, sano o enfermo, no es el eje del sistema.
A partir de la vigencia de la Ley 100, los indicadores de salud
desaparecieron como referentes de política, pues el discurso,
las acciones y las evaluaciones se han centrado en los balances
financieros, en la sostenibilidad financiera del sistema, en
los flujos de caja, en recobros. |
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La información
se constituyó como bien privado y como factor de competencia,
de modo que el sistema de decisiones se basa más en argumentos
interesados y en presiones de poder, que en la base fáctica
y experiencial de amplios grupos de ciudadanos y de la academia
independiente. Históricamente la política de salud
del país ha desconocido y sigue desconociendo, que los
principales determinantes de la salud de la población
están por fuera del sistema de servicios de salud y dejando
de lado el compromiso con la mejoría de las condiciones
de salud y de reducción de las inequidades sociales,
territoriales”.
Estos voceros del sector salud indican que en la entrevista
el ministro afirmó que “hay una profunda crisis
financiera en el sector, pero no hay crisis de la salud pública
y tampoco hay crisis en la prestación de los servicios
de salud”. Ellos señalan que si el ministro se refiere
“a que el modelo de gestión de los recursos financieros
aplicado en el sector de la salud ha llegado a un nivel tan
alto de incompetencia e ineficiencia que es insostenible”,
están perfectamente de acuerdo, por cuanto “las
denuncias de corrupción, la elevación incontrolada
de precios de los medicamentos, los cobros y pagos fraudulentos,
la destinación de recursos públicos a sectores
que no tienen que ver con la salud y a inversiones privadas,
constituyen evidencia de que el modelo aplicado en Colombia
para administrar los recursos financieros destinados a la salud
ha llegado a un nivel que es inaguantable. Un intolerable social”.
Indican que distintas situaciones fueron denunciadas permanentemente
en los últimos años por la Corte Constitucional,
los organismos de control, agremiaciones de la salud, organizaciones
de pacientes, la academia, “sin que las autoridades competentes
hayan tomado las medidas correctivas apropiadas y sin sanciones
conocidas para individuos e instituciones responsables del desastre.
Por el contrario, las medidas aplicadas por el Congreso y sucesivos
gobiernos anteriores, se han limitado a reformas superficiales
que maquillan el problema y han sostenido la gestión
que ha mantenido y reproducido la crisis”.
Aclaran que la pregunta no es si se requieren o no más
recursos, porque “la deuda sanitaria del país no
se puede reducir a hablar de dinero; la crisis, más bien
el acumulado de crisis, es en esencia una manifestación
de la incoherencia e inconveniencia de un modelo de gestión
de los recursos de salud que privilegia la rentabilidad de los
negociantes de la salud por encima del interés público
y del derecho constitucional a la salud; mientras no se desmonte
definitivamente este modelo ningún recurso adicional
será suficiente y ninguna política pública
de salud será sostenible”. Por ello invitan al ministro
a “hacer un análisis serio y profundo de la cadena
de intereses, acciones, decisiones y omisiones que nos han llevado
al estado actual. Este análisis es un prerrequisito para
decidir la hoja de ruta del sector ahora bajo su liderazgo.
No podemos seguir pegando remiendos ni poniendo más dinero
en un bolsillo roto”.
“Sí hay graves problemas
de salud pública”
En la carta se confronta afirmación del ministro
de que 'no existe una crisis de la salud': “Discrepamos
con usted en este punto y, por el contrario, le invitamos a
revisar la evidencia proveniente de diversas fuentes y con distintos
métodos, publicada en los últimos años
sobre los graves problemas de salud pública en el país.
En el anexo que adjuntamos a esta carta le allegamos algunas
de las evidencias más importantes en las cuales sustentamos
nuestro juicio. No estamos recibiendo en salud de acuerdo a
los dineros públicos que estamos gastando. Tampoco podemos
compartir su otra afirmación de que no existe una crisis
de los servicios de salud en Colombia. Los indicadores trazadores
de la salud pública que hemos señalado, nos llevan
a preguntarnos cuáles son los servicios de salud que
estamos ofreciendo para llegar a dónde estamos. Un tema
va relacionado con el otro. Detrás de la crisis en la
prestación de los servicios de salud para los enfermos
está la crisis de los servicios de salud para los sanos.
No tenemos ni los unos ni los otros”. |
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“Finalidad del sistema
es garantizar la salud de la gente”
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En
la carta al ministro Gaviria, un anexo detalla parte de la evidencia
disponible sobre la crisis de la salud pública, indicadores
que muestran la existencia de una profunda crisis de la salud
pública (ver texto completo en www.periodicoelpulso.com);
entre otros, hay indicadores de la situación de la mortalidad
materna e infantil, de enfermedades inmuno-prevenibles y niveles
de inmunización, sífilis congénita y de
tuberculosis. Se invita al ministro Gaviria a revisar esta evidencia,
“porque no se trata sólo de definir las políticas
financieras del sector, sino también de garantizar la
salud de la gente. Esta es realmente la finalidad del sistema
de salud y de las políticas sanitarias”.
Y agregan: “Una lectura desprevenida de los periódicos
de la última década nos da una idea: el término
'paseo de la muerte' quedó acuñado en la conciencia
colectiva, cuando múltiples narrativas en forma sistemática
nos señalan que los ciudadanos no están siendo
atendidos, dónde es, cómo es, y con los recursos
y la oportunidad que requieren sus necesidades. El comportamiento
de las tutelas es un fiel reflejo de la mala atención
que recibe la población y muestra claramente cómo
la institucionalidad de la salud instaurada por el modelo de
la Ley 100 se ha dedicado a poner barreras de toda índole
para racionar, negar y omitir servicios. Las tutelas señor
Ministro, no son la causa de los problemas del sector como lo
plantean algunos; son la expresión y la consecuencia
de un modelo injusto de prestación de servicios que insiste
en privilegiar la rentabilidad y la contención de costos,
a expensas del sufrimiento de los enfermos y sus familias. Y
la epidemia de sífilis congénita, señor
Ministro, se da por una razón simple, a las mujeres gestantes
de Colombia, casi el 100% cubiertas con alguna forma de aseguramiento,
no se les practica el más simple de los exámenes
y menos aún se les está dando el menos costoso
de los tratamientos. ¿Esta no es una falla de la prestación
del servicio? La fragmentación de la atención,
la falta de continuidad en el servicio, las barreras geográficas,
administrativas y culturales, una ética acomodada a la
visión rentística, la falta de definición
de responsabilidades de otros sectores al logro del mejor nivel
de salud, constituyen razones para una urgencia manifiesta en
la toma de decisiones. La prestación de servicios de
salud no es cualquier industria y no puede administrarse como
un negocio más” . |
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ANEXO
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La situación de la mortalidad
materna e infantil, de las enfermedades inmuno-prevenibles y
de los niveles de inmunización, la sífilis congénita,
la tuberculosis, son sólo algunos de los indicadores
que muestran la existencia de una profunda crisis de la salud
pública
En el Informe del año 2012 de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) se mencionan los siguientes indicadores
para Colombia:
Entre los años 2006 y 2009, la razón de mortalidad
materna aumentó de 70 a 72,9 por 100.000 nacidos vivos.
En el año 2009, varios territorios tuvieron valores superiores
al promedio nacional, los departamentos de Amazonas (374,3 por
100.000 nacidos vivos), Vichada (278,2 por 100.000 nacidos vivos),
La Guajira (222,9 por 100.000 nacidos vivos) y Vaupés
(173,9 por 100.000 nacidos vivos). Las principales causas de
mortalidad materna fueron las obstétricas directas, es
decir en principio evitables con unos servicios de salud de
acuerdo con las necesidades.
Según el Boletín Epidemiológico No. 48
del Instituto Nacional de Salud correspondiente a principios
del mes de diciembre del año 2012, se notificaron para
el año 2012, 512 casos de muertes maternas: 400 fueron
muertes tempranas, 74 tardías y 38 por lesiones de causa
externa. Las entidades territoriales que aumentaron la notificación
respecto al 2011 fueron: Valle de Cauca, Córdoba, Tolima,
Bogotá, y Magdalena en orden de proporción.
En comparación con Chile -con un nivel semejante de gasto
en salud-, la razón de mortalidad materna en el año
2010, según la misma OPS, estuvo por debajo de 20 por
100.000 nacidos vivos, es decir, Colombia tiene una razón
de mortalidad materna TRES VECES Y MEDIA superior a la de nuestros
vecinos.
En el Informe del año 2012 también se señala
que en Colombia la proporción de recién nacidos
que pesaron menos de 2.500 gramos aumentó de 6,8% a 8,3%
entre los años 2006 y 2009.
Además de la mortalidad materna otro indicador trazador
de la salud pública es la mortalidad infantil. El informe
de la OPS afirma que la tasa de mortalidad infantil disminuyó
en Colombia al pasar de 22,3 por 1.000 nacidos vivos a 20,6
por 1.000 entre 2005 y 2008. Este es un indicador agregado y
no muestra las desigualdades territoriales, cuyas dimensiones
y causas deben ser identificadas. Según datos de la página
web del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad infantil
en Colombia en 2009 fue de 20,13 y la del departamento del Chocó
de 66,58 por 1.000 nacidos vivos. De nuevo, nuestros vecinos
de Chile tuvieron en el año 2008 una tasa de mortalidad
infantil por debajo de los 8 casos por 1.000 nacidos vivos.
El Informe de OPS señala que el 30% de la población
infantil más pobre, según necesidades básicas
insatisfechas, acumuló el 50% de todas las defunciones
infantiles, tanto en los años 1998-1999 como en el período
2008-2009.
La lactancia materna exclusiva continúa siendo baja,
en el año 2010 solo el 64,2% de los niños fue
alimentado con lactancia materna exclusiva en la primera hora
de nacidos y tan solo el 42,8% de los menores de 6 meses recibió
lactancia materna exclusiva.
El mismo informe señala que en los adultos jóvenes,
los homicidios, los accidentes de transporte terrestre, los
suicidios y la infección por el VIH representaron las
primeras causas de muerte en ambos sexos entre los años
2007-2009. En las mujeres, entre los períodos 1997-1999
y 2007-2009 causas relacionadas con el embarazo y el parto pasó
del sexto al tercer lugar como causa de muerte, después
de los homicidios y los accidentes de transporte terrestre.
El año 2010 fue el de cobertura más baja en vacunación:
poliomielitis 88%, BCG 83,5%, DPT 88%, hepatitis B 87,9%, Hib
88%, triple viral 88,5% y fiebre amarilla 78,6%. Es de recordar
que las coberturas útiles de vacunación deben
ser superiores al 95%, algún día las logramos
y no las hemos recuperado.
Frente a los eventos crónicos la respuesta institucional
también es deficitaria: "El 8,8% de la población
de 18 a 69 años había recibido un diagnóstico
de hipertensión; sin embargo, pocos dijeron tomar medicamentos
antihipertensivos y menos de 5% recibió asesoría
nutricional o recomendaciones sobre la práctica de ejercicio.
La prevalencia de diabetes, referida por entrevista en la misma
población, fue de 3,5%, pero menos de 2% refirió
tomar medicamentos, recibió asesoría nutricional
o sobre el ejercicio".
Para tosferina, hasta la semana 48 había un acumulado
de 10.362 casos, 28,6% confirmados. Al comparar con el año
2011 la notificación había aumentado un 218%.
Para el año 2012, el país presentó una
situación epidémica de tosferina, situación
no reconocida por el Ministerio de Salud. Hasta la semana 48,
se reportaron 87 muertes acumuladas por diarreas en menores
de 5 años, muertes potencialmente evitables con servicios
de salud de acuerdo con las necesidades.
Las enfermedades transmitidas por vectores cuyos factores determinantes
se relacionan con el entorno y las condiciones de vivienda,
muestran una situación epidémica en el caso del
dengue: a la semana 48 del año 2012, se habían
notificado 179 muertes probables por dengue, de las cuales 51
han sido confirmadas. La letalidad por dengue grave para Colombia
fue de 3,8%.
En el Boletín 48 del Instituto Nacional de Salud se lee
que la tasa nacional de notificación de parálisis
flácida aguda era de 0,84 por 100.000 menores de 15 años,
lo cual significa que no se cumple la meta de notificación
esperada para Colombia, que debería estar por encima
de 1, indicando deficiencias en la vigilancia en salud pública.
Esta es solo parte de la evidencia disponible sobre la crisis
de la salud pública. Le invitamos cordialmente señor
Ministro, a revisarla, porque no se trata solo de definir las
políticas financieras del sector, sino también
de garantizar la salud de la gente. Esta es realmente la finalidad
del sistema de salud y de las políticas sanitarias.
Una lectura desprevenida de los periódicos de la última
década nos da una idea: el término "paseo
de la muerte" quedó acuñado en la conciencia
colectiva, cuando múltiples narrativas en forma sistemática
nos señalan que los ciudadanos no están siendo
atendidos, dónde es, cómo es, y con los recursos
y la oportunidad que requieren sus necesidades.
El comportamiento de las tutelas es un fiel reflejo de la mala
atención que recibe la población y muestra claramente
cómo la institucionalidad de la salud instaurada por
el modelo de la Ley 100 se ha dedicado a poner barreras de toda
índole para racionar, negar y omitir servicios. Las tutelas
señor Ministro, no son la causa de los problemas del
sector como lo plantean algunos; son la expresión y la
consecuencia de un modelo injusto de prestación de servicios
que insiste en privilegiar la rentabilidad y la contención
de costos, a expensas del sufrimiento de los enfermos y sus
familias.
La epidemia de sífilis congénita, señor
Ministro, se da por una razón simple, a las mujeres gestantes
de Colombia, casi el 100% cubiertas con alguna forma de aseguramiento,
no se les está practicando el más simple de los
exámenes y menos aún se les está dando
el menos costoso de los tratamientos. ¿Esta no es una
falla de la prestación del servicio?
La fragmentación de la atención, la falta de continuidad
en el servicio, las barreras geográficas, administrativas
y culturales, una ética acomodada a la visión
rentística, la falta de definición de responsabilidades
de otros sectores al logro del mejor nivel de salud, constituyen
razones para una urgencia manifiesta en la toma de decisiones.
La prestación de servicios de salud no es cualquier industria
y no puede administrarse como un negocio más. |
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