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Un segundo consenso señala
que el cumplimiento del derecho a la salud implica el ejercicio
real de la función de rectoría y gobernanza
del sistema de salud, bajo la responsabilidad del Estado desde
el orden nacional pero con delegación de funciones
en entes territoriales departamentales y municipales, para
fortalecer así la conducción y ejercicio de
las acciones de salud pública bajo una estrecha relación
de entes públicos, privados, organizaciones sociales
y con participación democrática de los ciudadanos.
Para lograr esta rectoría ideal, solucionando de paso
los problemas acumulados del sistema, los sectores coincidieron
en reclamar la intervención pronta del gobierno para
expedir una ley ordinaria que reforme de forma estructural
todo el sistema de salud actual.
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Otros consensos alcanzados en el foro con un cariz más
de carta de navegación para un cambio radical de la
sociedad colombiana y no solo del sistema de salud, fueron
considerar que la salud pública y el bienestar de los
ciudadanos deben ser el motor de progreso y desarrollo del
Estado, donde éste estimule la investigación,
la producción, la solidaridad y la distribución
de ganancias, cerrando brechas de desigualdades para alcanzar
la paz y a la equidad; asimismo, se resaltó que la
Atención Primaria en Salud (APS) debe ser la estrategia
sobre la cual fundamentar el sistema de salud, tanto para
las acciones de salud pública como de prestación
de servicios, garantizando la oportunidad, integridad, calidad,
eficacia y eficiencia de las acciones de promoción,
prevención, cuidado, curación y rehabilitación
de la salud. Aterrizando la discusión frente a algunos
de los principales problemas del sistema de salud, hubo coincidencia
en que los dineros de la salud son recursos públicos
y no deben destinarse a fines diferentes al de buscar la salud
de los colombianos, enfatizando que su utilización
exige plena transparencia y manejo de información abierto
al público y a los órganos de control. Precisamente
frente a la falta de inspección, vigilancia y control
en el sector, se reclamó un sistema complejo y articulado
donde participen todos los órganos de control del Estado
para evaluar integralmente la utilización de los recursos,
tarea que se simplificaría si los administradores y
prestadores de servicios ofrecen información en línea
de todos sus procesos y sobre el uso de recursos públicos
del sistema.
Igualmente se presentaron consensos importantes frente a la
situación del talento humano en salud: la opinión
generalizada es que debe desarrollarse una política
con mayor convicción en los componentes de formación,
desempeño y educación continua, definiendo explícitamente
los perfiles de los profesionales y técnicos requeridos
para la Atención Primaria en Salud, ya que supuestamente
ésta debe convertirse en la estrategia integradora
del sistema de salud. Para lograr este propósito se
requiere articular los sectores educativo y de salud para
desarrollar planes de formación del talento humano,
mientras en el campo laboral se debe eliminar la flexibilización
y precarización de las formas de contratación
para garantizar vinculaciones en condiciones dignas. Y se
concluyó que una de las políticas prioritarias
es la redefinición del alcance de las actividades del
médico general, especialmente la recuperación
de su capacidad resolutiva en la baja complejidad y de su
papel como miembro de los equipos interdisciplinarios responsables
del cuidado integral de la salud en los ámbitos familiares
y comunitarios.
Frente a la relación docencia-servicio se reconoció
que atraviesa por una profunda crisis, cuya solución
exige la redefinición de los escenarios de aprendizaje
apropiados para la formación del talento humano, centrándose
en el modelo de Atención Primaria en Salud, involucrando
a todos los actores del sistema, además de recuperar
y fortalecer la figura del hospital universitario como pilar
en la formación, que debe complementarse con los demás
prestadores que hagan parte de las Redes Integradas de Servicios
de Salud. Dos puntos en común resaltaron por su alto
sentido de urgencia: la necesidad de promover un acuerdo social
entre los diferentes actores para redefinir el modelo de atención
y por consiguiente la distribución de recursos financieros
en el sistema, para lograr armonía entre el acceso
a la alta tecnología, la mediana complejidad y el cuidado
esencial de la salud, con capacidad resolutiva y tecnología
de información y comunicación, lo cual viabilizaría
la interconsulta en tiempo real para optimizar el uso de recursos
y garantizar la oportunidad de la atención. El otro
aspecto urgente es la inaplazable solución a la crisis
financiera de los prestadores públicos y privados,
a los que debe garantizárseles la liquidez y el flujo
de recursos suficientes para que puedan cumplir su función
de prestación de servicios. Redefinir el modelo de
atención implica llegar a un acuerdo social que privilegie
las acciones de salud pública en estrecha relación
entre los entes prestadores de servicios de salud y los demás
sectores sociales, para trabajar sobre las causas primordiales
de los determinantes que afectan la salud y la vida.
Un llamado final y general desde todos los sectores, fue la
necesidad de confrontar una corrupción que se consolidó
como factor crítico y agravante de la crisis del sistema,
afectando la eficiencia, la transparencia en su operación,
y distorsionando sus resultados e impacto. “Existen responsabilidades
diferenciales entre los actores del sistema, que deberán
ser identificadas y sancionadas socialmente. Asimismo, esos
actos de corrupción deben ser investigados y sancionados
de forma ejemplar por parte de la justicia”, señaló
la relatoría del foro.
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