MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 173  FEBRERO DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Nuevo intento de resolver crisis
en salud vía normas legales


¿Se resolverá crisis en salud
por decreto, con nueva ley?

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

En 2012 la crisis del sistema de salud a raíz de la acumulación de fallas estructurales alcanzó puntos tan altos, que las soluciones del gobierno fueron apenas paliativos para la grave disfunción que padece el sistema y lo obligaron a reintentar la búsqueda de salidas definitivas mediante otro intento de reforma al sistema creado por la Ley 100/93.
A 20 años de su existencia, el gobierno enfatiza los logros alcanzados en cobertura del aseguramiento y la prestación de servicios, pero tuvo que rendirse ante el agravamiento de la crisis financiera del sistema y de la situación de sus actores. Sin embargo, lo más preocupante es que se quiere partir de una premisa equivocada al considerar que el problema del sector salud es sólo financiero, desconociendo que hay una grave crisis de salud pública con la caída de indicadores esenciales del estado de salud de los colombianos y un enorme debilitamiento institucional del sistema, además de una pesada carga de desprestigio por la corrupción rampante descubierta en todos los eslabones.
La crisis es de tales proporciones que ya se habla de un sistema fallido y hay consenso entre todos los actores de que necesita una intervención radical; y si bien en 2012 el gobierno se mostró renuente a emprender otra vez la salida legislativa y se comprometió con salidas de corto, mediano y largo plazo para resolver la crisis, terminó aceptando que necesitaba ajustes a la estructura del sistema.
Por eso se planteó que llevaría al Congreso una propuesta de ley estatutaria para delimitar el núcleo del derecho fundamental a la salud por el cual debe responder el Estado, y un proyecto de ley ordinaria para emprender cambios al sistema mismo.
Ante el apremio de los actores, el gobierno decide invertir el orden y anuncia para marzo próximo la presentación del proyecto de ley ordinaria y para el segundo semestre el trámite del proyecto de ley estatutaria.
Reforma con 5 ejes
Al término de la rendición de cuentas el pasado 21 de enero, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, resumió en 5 puntos los temas principales que deberá enfrentar la reforma estructural del sistema de salud, reforma que aseguró, demanda cambios normativos de fondo y que será la principal tarea del Ministerio en los próximos meses: Recaudo y creación de un fondo único; descentralización; aseguramiento; recobros, servicios No-POS y algunos elementos de la Ley Estatutaria; y recursos humanos
Y desde la perspectiva del rediseño organizacional, el ministro Gaviria aseveró que esa reforma ordinaria al sistema de salud podría acabar con el Fosyga y trasladar sus funciones a una entidad que sería un “fondo único de recursos para el No-POS”. Dijo que las fuentes que financian el sistema tendrían que girar los recursos directamente al “fondo único”, a diferencia de lo que pasa con Fosyga, que maneja 5 subcuentas con esquema de cobertura universal y racionalización en el manejo del financiamiento del sector.
Desde todos los sectores se reclama una
reforma y todos tienen propuestas en defensa
de su interés particular y no del beneficio común,
por lo que volverá a darse un peligroso pulso
político en un año electoral.
También se anuncian cambios fundamentales en el esquema de financiación, partiendo del cambio de fuente que implica la reforma tributaria al exonerar del aporte parafiscal a salud a los empleadores de quienes ganan menos de 10 salarios mínimos y sustituye ese aporte con 40% del impuesto CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad).
Otros puntos centrales a definir en la reforma es el rol que deberán cumplir en adelante las EPS y un muy buen sistema de información que concentre y soporte los datos de todo el sistema, para contribuir al fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control.
¿Reforma a favor de quién?
Desde todos los sectores se reclama una reforma y todos tienen propuestas en defensa de su interés particular y no del beneficio común, por lo que volverá a darse un peligroso pulso político en un año electoral, lo que no augura buenas expectativas para los actores más débiles del sistema: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y usuarios. De ahí que el sector hospitalario por ejemplo, advierte que si bien el gobierno propone como salvamento algunas medidas para recuperar la liquidez del sistema, como recursos de las cuentas maestras que aportaría más de $2 billones, el monto de las deudas a las IPS del país ya superó los $4.5 billones y no todo lo recaudado se destinará a esa deuda; además, se limitarían esas soluciones para el régimen subsidiado y hospitales públicos, cuando el régimen contributivo y las IPS privadas también están golpeados por iliquidez.
Además, desde todos los órganos de control e incluso desde la Corte Constitucional, se reclama que el gobierno cumpla su obligación primordial de responder por satisfacer las necesidades de salud de la población y recupere la institucionalidad dentro del sistema, para poder ofrecer a los colombianos la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.
Y desde la academia, se alerta sobre la necesidad de propuestas claras y fundamentadas antes de emprender el trámite de otra reforma, más aún después de los resultados insuficientes alcanzados con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, en las cuales también se cifraban esperanzas de ajustes para reorientar el sistema de salud, con el agravante de que a dos años del último intento de reforma con la Ley 1438, todavía se está pendiente de buena parte de su reglamentación.
Por eso el sector salud está una vez más a la expectativa de lo que propondrá el gobierno en el proyecto de ley de reforma ordinaria, pero con cierta desesperanza porque no hay novedad en las propuestas y en cambio sí muchas señales de que serán más medidas insuficientes para superar definitivamente la más grave crisis del sistema de salud y para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
 
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