La anunciada reforma del sistema de salud parece cada vez más lejana, las disposiciones que la pondrán en vigor se dilatan considerablemente y a juzgar por los anuncios del gobierno, nada novedoso depara. Es difícil formarse un juicio global sobre los cambios que quiere introducir el gobierno, pero la experiencia acumulada de los últimos años, cuando los gobiernos manejaron las mismas variables, no despiertan mucho optimismo.
La reforma tributaria, en la cual cifra el gobierno buena parte del éxito de la reforma de la salud, deja muchas dudas sobre el futuro de la financiación del sistema. Expertos llaman la atención sobre la inconsistencia de la anhelada sustitución de fuentes, al cambiar los recursos parafiscales por un impuesto general. Por lo menos, no es claro el efecto que tendrá en el Presupuesto General de la Nación, sometido a un posible desbalance. Hay preguntas: ¿Qué tan iguales son las sumas esperadas a las que sustituyen? ¿Qué tan previsible es el comportamiento del nuevo gravamen en los próximos años? ¿En qué medida se cauterizarán las venas rotas de la evasión y la elusión en el CREE, que tanta pérdida representaron en aportes parafiscales? ¿Cómo creer en la prometida generación de empleo cuando los empresarios “le hicieron conejo” en reformas tributarias pasadas?
El giro directo y la utilización de recursos de cuentas maestras para aliviar la bancarrota de los hospitales sólo sirven como medida de extrema urgencia, pero no como solución estructural. Eliminar la intermediación de las EPS en la transferencia de dineros a las IPS sería un paso positivo, pero si estas medidas apaga-incendios no se acompañan con disposiciones que obliguen las EPS a cancelar el gigantesco pasivo con hospitales y a observar un comportamiento radicalmente distinto con esa cartera, en un año o menos estaremos buscando otra vez recursos quién sabe dónde para llenar un hueco sin fondo.
Lo anterior tiene una consecuencia fundamental: el éxito de cualquier reforma depende del papel que se asigne a las EPS, empresas sobre las que descansa el modus operandi del modelo de aseguramiento. Del rol y las normas de habilitación se desprenderán las características del entorno sanitario que tendrá Colombia. Ese rol de las EPS es materia de estudio, con asesoría del BID y el Banco Mundial. En gracia de discusión, confiemos en sus conceptos técnicos: pese a ser baluartes del neoliberalismo, a veces esas entidades internacionales producen elementos de juicio más aterrizados que los locales.
El tan dilatado decreto sobre normas de habilitación para EPS, a juzgar por los anuncios oficiales y bajo el sofisma de que los parámetros esenciales de calidad de las EPS son la solidez patrimonial y el margen de solvencia, tiende a consolidar las aseguradoras más poderosas y sólo de manera secundaria a evaluar su operatividad por resultados en salud. Estos criterios manoseados de tiempo atrás por el gobierno descansan en el falso paradigma que caracteriza la crisis del sistema como problema de recursos financieros. La liquidación de la CRES da reversa al espíritu de la Ley 1438 y refuerza la tendencia autocrática en la rectoría del sistema, el nuevo régimen de intervenciones de Supersalud tampoco augura esperanzas de salvación para los usuarios de instituciones intervenidas.
La pretendida reforma, al propender sólo por ajustes y mayores controles en inspección, vigilancia y control, pero sin cuestionar el modelo de aseguramiento, lo deja intacto. No pocas declaraciones del Presidente Santos y del ministro Alejandro Gaviria indican buenos propósitos y sensibilidad ante la gravedad de la crisis, la misma demora en producir medidas podría interpretarse como tiempo de estudio y reflexión. Pero ante problemas tan hondos, ante una corrupción gigantesca y de profundas consecuencias en el tejido social, las soluciones planteadas no parecen guardar congruencia. ¡Dios mío, en tus manos colocamos esta salud que se acabó y la reforma que no llega!.