En 1977, la Organización Mundial de la Salud declaró el principio “Salud para todos” como norte a seguir, buscando avanzar hacia la cobertura universal, la atención primaria y la equidad en el acceso, sin barreras financieras.

Medio siglo después, el principio de “Salud para todos”, frente a la crisis permanente del sistema de salud, se mantiene como un ideal que aún enfrenta dificultades para su materialización.

El Dr. Félix León Martínez, director de la ADRES, considera que hay un problema de equidad que este sistema no ha podido resolver: aunque hay acceso y aseguramiento para todos, en la operación se privilegian los centros urbanos y se abandona a la población rural, tanto en el gasto como en la atención primaria. Por ejemplo, la Amazonía, La Guajira, el Pacífico y los Llanos Orientales son los territorios más afectados.

“La UPC fue disminuyendo para zonas dispersas, donde las EPS del subsidiado no generaban tantos gastos por falta de demanda de servicios, pero que la gente gaste menos no puede ser el argumento de equidad”, sostiene Martínez. Y se basa en un estudio de Fedesalud, que mostró cómo, en el Chocó, si bien todos están asegurados, ante un percance de salud, para trasladarse al hospital más cercano es necesario tomar una lancha que cuesta $200.000; entonces nadie consulta, no porque no enferme, sino por falta de recursos.

“Hay que entender que hay barreras de acceso geográfico-económicas y que el equipo médico tiene que ser diferente. El sistema tiene que cambiar con un principio claro: si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma; hay que llegar a la periferia con una oferta activa”.

En Colombia, donde la cobertura universal llegó al 99 %, advierte metafóricamente que “nadie está seguro si los ciudadanos de Bahía Solano no están seguros”, porque se puede estar cubierto en la ciudad, pero, si nos desplazamos a un lugar donde no hay atención en salud, se cae la ilusión.

Aun así, quienes viven en los centros urbanos también sortean diversas barreras y restricciones bajo el argumento del desfinanciamiento del sistema. Para el director de la ADRES, en este sistema “con ineficiencias estructurales”, el problema es que la plata no alcanza porque el incremento del gasto siempre supera al de la UPC y cada día se pagan más servicios a más gente en más clínicas.

Eficiencia / crisis financiera del sistema

En el componente financiero, las tensiones también son evidentes la ADRES ha pasado de administrar $72 billones en 2022 a $110 billones en 2026, con otros $4 billones más aprobados, mientras el incremento de la UPC ha sido del 65 % en cuatro años, lo que refleja una mayor presión sobre el crecimiento del gasto y la dinámica de financiamiento del sistema de salud.

Mientras, el gasto institucional en medicamentos ha pasado de $8 billones en 2018 a $25 billones en 2025, el gasto de bolsillo de las familias ha pasado del 7,5 % en 2022 al 8,5 % en 2025, según datos del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed).

Para Martínez, las ineficiencias del sistema empiezan por no hacer prevención, como en el caso del gasto en cáncer, donde se ha encontrado que el 78 % se diagnostica en etapa tardía y, cuando se llega a la atención, es muy costosa para el sistema y se pierde la vida.

Otras son las restricciones de las EPS para dar citas, afectando los servicios de urgencias, teniendo en cuenta que una atención por EPS, con primera consulta, exámenes, segunda consulta y fórmula, puede costar alrededor de $120.000, mientras un ingreso por urgencias inicia con un valor de $1.000.000 y le cuesta al sistema, desde hace cuatro años, alrededor de $12 billones.

También está la información “alterada o manipulada” que se presentó para hacer el cálculo e incremento de la UPC. “Hallamos sobrecostos en pagos de medicamentos de medio billón de pesos anual, atenciones a fallecidos, costos administrativos inflados; la Nueva EPS incrementó el gasto en un año de $12 billones a $24 billones”.

La integración vertical, la presencia de intermediarios en el sistema y los planes voluntarios han sido señalados como factores que pueden incidir en el incremento de los costos del sistema y en la asignación de recursos asociados a la atención de los afiliados.

“Todas estas ineficiencias son pagadas por el Estado y, aunque se aumenten los recursos, la plata no alcanza si hay desagües; ni aumentando el PIB ni elevando impuestos hay forma de meter $30 billones de deuda acumulada en el bolsillo de los colombianos”, advierte Martínez.

En torno a esta situación, la ADRES anunció que pronto presentará dos herramientas: la auditoría por IA y el análisis de bases de datos por IA, para encontrar los puntos donde se muestran desviaciones de gastos y excesos del sistema.

Ideal vs. realidad

Desde la óptica del vocero de Pacientes Colombia, el Dr. Denis Sedano Silva, “salud para todos en Colombia es imposible”, al menos en este momento, marcado por el cambio de un sistema que había demostrado logros sociales, en salud pública y cobertura universal, a un “calvario para todos los ciudadanos”.

“La salud sí era para todos, con dificultades, con barreras —argumenta Sedano—, pero las EPS, con tutelas y desacatos, respondían; hoy, gracias a la política del Gobierno, nadie responde. Tenemos cientos de casos de pacientes de Nueva EPS que superan los 300 y 400 días esperando que se les preste y se les garantice el derecho fundamental a la salud”.

Además, denuncia que los pacientes presentan sus peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, pero “si provienen de una EPS intervenida, las engavetan y no pasa nada; hay una intencionalidad de ocultar el drama humanitario que viven los pacientes afiliados a las ocho EPS intervenidas, que suman el 53 % de la población”.

Para Sedano, la concentración de servicios en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, donde está el 60 % del talento humano y la infraestructura sanitaria, mientras el otro 30 % vive en alguno de los 630 municipios donde solo existe el 10 % de la capacidad instalada, “genera inequidades, desigualdad y perversidad”, que afecta a todos, incluso a quienes tienen régimen especial, como los docentes.

Tensión entre riesgo financiero y derecho a la salud

Para Luis Jorge Hernández Flórez, M. D., MSc., Ph. D. y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en el contexto actual y con el gobierno Petro, uno de los elementos críticos es el desfinanciamiento relativo del sistema.

Los efectos directos han sido el acceso, generando listas de espera, la fragmentación de la atención y la discontinuidad en los tratamientos. En consecuencia, “se produce un desplazamiento parcial del riesgo hacia los hogares”, recurriendo a mecanismos como el gasto de bolsillo o la medicina prepagada.

Las transformaciones propuestas al modelo de aseguramiento reflejan una tensión estructural entre dos lógicas: por un lado, el aseguramiento como mecanismo de gestión del riesgo financiero y, por otro, la salud como derecho fundamental exigible, sostiene Hernández.

Desde la perspectiva de la gestión en salud pública, alinearse con el principio de “salud para todos” implicaría para el país avanzar en al menos tres puntos estratégicos: primero, reconfigurar el acceso como indicador central del sistema: pasar de medir cobertura a medir acceso efectivo, continuidad del cuidado y resultados en salud.

Segundo, fortalecer la Atención Primaria en Salud como estrategia estructurante del sistema, con capacidad resolutiva, enfoque territorial y articulación intersectorial, “sin confundirla con primer nivel de atención, como ocurre con el actual Ministerio de Salud y Protección Social”.

Y tercero, sostenibilidad financiera y eficiencia en la asignación de recursos, garantizando flujo oportuno hacia los prestadores y reduciendo incentivos perversos asociados a la fragmentación del aseguramiento.

El principio de ‘salud para todos’ continúa siendo una referencia para orientar el sistema de salud en Colombia, aunque su materialización enfrenta barreras estructurales, operativas y financieras que limitan su alcance pleno.