La discusión acerca de la liquidación de las EPS en crisis financiera ha dejado de ser un asunto puramente técnico, actuarial o contable y se ha transformado en uno de los determinantes más importantes para la sostenibilidad del sistema sanitario colombiano.

La presión financiera es evidente: la acumulación de déficits y la intermitencia en el flujo de recursos hacia los prestadores, erosionando su capital de trabajo, generan una situación que hace que liquidar sea considerado como una posible alternativa. Sin embargo, si se la considera como una idea casi automática, se simplifica el problema y adicionalmente hay un riesgo de empeorar las tensiones estructurales que se pretenden resolver.

Desde una perspectiva económica, permitir la operación de entidades con inviabilidad financiera prolongada implica un riesgo sistémico, con acumulación de deudas que termina afectando a toda la red. Hospitales, clínicas y proveedores ven comprometida su liquidez, se deteriora la capacidad de respuesta y se incrementa el riesgo para garantizar la atención oportuna a la población, que finalmente es lo más importante. En este sentido, no intervenir oportunamente, cuando existen causales claras, también es una forma de promover y profundizar la crisis.

Pero el sistema de salud no admite soluciones lineales. A diferencia de otros sectores, la liquidación de una EPS no es simplemente el cierre de una empresa con criterios de inviabilidad financiera, sino también la redistribución de riesgos sobre una población que no puede detener su demanda de servicios. Pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo o condiciones complejas dependen de una continuidad que no siempre se logra garantizar en escenarios abruptos de transición. En la práctica, cada liquidación tensiona el acceso, fragmenta la atención, obliga al deterioro de los patrimonios de la prestación y expone las debilidades de articulación entre aseguradores y prestadores.

Aquí radica el punto crítico: la liquidación puede ser una idea lógica desde una perspectiva financiera, pero desde una visión sistémica muy riesgosa. No porque la medida sea incorrecta técnicamente en sí misma, sino porque el sistema no siempre tiene la capacidad para absorber sus efectos. Las EPS receptoras operan, en muchos casos, al límite de su capacidad técnica y financiera, el sistema carece de un fondo de garantías y los prestadores no reciben los recursos necesarios para la operación. Trasladar nuevas poblaciones sin fortalecer previamente sus redes, su gestión del riesgo y su solvencia no elimina el problema: lo redistribuye y, en ocasiones, como se ha demostrado en la historia, lo amplifica.

Por eso, el debate no puede centrarse en una dicotomía simplista entre liquidar o no liquidar. El verdadero problema está en las condiciones bajo las cuales se ejecuta esta medida y en la reflexión sobre la oportunidad de la vigilancia y el control. En Colombia, la intervención y la liquidación son decisiones reglamentadas que corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud y que deben sustentarse en criterios técnicos verificables: incumplimientos financieros, fallas en la prestación e ineficacia de medidas previas. No aplicar este marco de forma oportuna o flexibilizarlo en el tiempo no solo debilita la institucionalidad, sino que expone las decisiones a riesgos jurídicos que terminan generando mayor inestabilidad.

Además, existe un vacío que no puede seguir ignorándose: la ambigüedad en torno a qué significa, en términos técnicos, una EPS “quebrada”. La experiencia muestra que la liquidación no responde a un único indicador, sino a la concurrencia de múltiples factores acumulados en el tiempo. Reducir esta complejidad a criterios generales o imprecisos no solo genera incertidumbre, sino que puede conducir a decisiones mal calibradas.

Más aún, la evidencia reciente sugiere que la crisis de las EPS no puede explicarse únicamente por fallas de gestión. Problemas estructurales como la suficiencia de la UPC, los rezagos en el reconocimiento de tecnologías y las distorsiones en el flujo de recursos han incidido directamente en su deterioro. En particular, las discusiones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la integración vertical no son marginales: son elementos centrales para entender la sostenibilidad. Ignorar estas variables en los procesos de liquidación no solo debilita su sustento técnico, sino que puede derivar en decisiones jurídicamente cuestionables.

En este contexto, avanzar hacia liquidaciones masivas o aceleradas no solo es operativamente inviable, sino estratégicamente equivocado. El sistema no está diseñado para absorber choques de esa magnitud sin afectar la continuidad en la atención y el cuidado necesario de los pacientes.

A esto se suma una inquietud estructural: la capacidad real de las entidades receptoras. La normativa establece el traslado de afiliados, pero no garantiza que las EPS que los reciben cuenten con las condiciones necesarias para asumirlos sin afectar calidad, oportunidad y acceso. Sin una evaluación rigurosa de esta capacidad, cada liquidación corre el riesgo de convertirse en un factor adicional de congestión y deterioro.

Por ello, es necesario plantear una discusión: liquidar EPS en crisis puede parecer necesario, pero hacerlo sin fortalecer previamente las condiciones es, en la práctica, trasladar y empeorar la crisis en lugar de resolverla. La liquidación no puede ser entendida como un mecanismo de corrección estructural, sino como una medida extrema dentro de un conjunto más amplio de reformas que aborden las causas de fondo.

La sostenibilidad financiera es indispensable, pero no puede imponerse desconectada de la realidad operativa ni de las necesidades de los usuarios. En salud, las decisiones no solo se miden en balances, sino en continuidad de tratamientos, acceso efectivo y resultados en salud. Se necesita de forma urgente una visión sistémica de la problemática.

En este escenario, nuevamente es estructural la necesidad de explorar mecanismos de respaldo institucional al sistema de salud, como un fondo de garantías, que permita amortiguar el impacto financiero de la salida de entidades, proteger la continuidad de la atención y reducir el riesgo de interrupciones en la prestación de servicios.

La urgencia financiera es real; sin embargo, la estabilidad del sistema depende de algo más exigente: tomar decisiones técnicamente sólidas, operativamente viables y centradas en el usuario. Liquidar, sin esas condiciones, no es una solución. Es, teóricamente en el mejor de los casos, un alivio temporal; en el peor, un factor adicional de crisis.