El debate sobre la liquidación de las EPS ha dejado de ser únicamente financiero. El punto crítico hoy radica en la capacidad real del sistema de salud para absorber una transición de gran escala, en la definición de quién asumiría la atención de los pacientes y en el riesgo que esto representa para la continuidad de los servicios.

Capacidad instalada: un sistema al límite

El principal cuello de botella no es jurídico ni conceptual, sino operativo. La absorción de millones de afiliados no se resuelve con decisiones administrativas, sino con capacidad efectiva de atención, redes disponibles y flujo oportuno de recursos. Este es el eje que define la capacidad real del sistema de salud para responder a una transición de gran escala.

En este escenario, la Nueva EPS aparece como el receptor más probable. Sin embargo, su tamaño actual —cerca de 11 millones de afiliados— y sus propias dificultades operativas plantean interrogantes sobre su margen real de expansión.

Sin embargo, surge una duda jurídica sobre la posibilidad de que EPS intervenidas asuman nuevos afiliados en medio de procesos de ajuste o vigilancia.

Aun así, en un sistema que ya presenta tensiones en su capacidad de atención, la absorción implica ampliar redes, gestionar una mayor demanda asistencial y sostener la operación sin deteriorar los indicadores de acceso.

El riesgo de desbordamiento

Uno de los principales equívocos en este debate es asumir que la redistribución de afiliados resuelve el problema. En la práctica, trasladar usuarios no garantiza la capacidad de respuesta si no existen condiciones operativas suficientes.

En esa línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtió que una redistribución masiva sin suficiencia de recursos “no resolvería los problemas estructurales del aseguramiento”. Por su parte, Asocajas señaló que, sin garantías de transición, la carga asistencial y financiera “no desaparece con la liquidación, sino que se intensifica en las entidades receptoras”.

El punto crítico, entonces, no es solo hacia dónde se trasladan los pacientes, sino en qué condiciones serán atendidos.

Continuidad de la atención: la prueba real

La verdadera prueba de la capacidad de absorción no está en cuántos afiliados se reasignan, sino en la capacidad del sistema para garantizar la continuidad de la atención.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justificó la medida:

“Se vuelven situaciones inhumanas (…) tener a adultos mayores, mujeres embarazadas, niños haciendo fila para que muchas veces ni siquiera les entreguen la totalidad de los medicamentos”.

Frente a este panorama, una transición sin mecanismos robustos puede profundizar, en el corto plazo, las mismas fallas que busca corregir, especialmente en pacientes con tratamientos continuos o de alta complejidad.

A esta preocupación se suma la voz de los pacientes. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, aseguró que el anuncio del Gobierno se percibió como una reacción frente a la suspensión del decreto que buscaba trasladar seis millones de usuarios. Recordó experiencias previas, como la de la desaparecida Coomeva, pero señaló que el contexto actual es distinto: “Hoy no es el caso”.

Silva fue más allá al destacar que cualquier decisión debería considerar el concepto de la Contraloría sobre la viabilidad de Nueva EPS, y advirtió sobre los riesgos de concentrar allí la operación: “Cuando se habla de liquidar, se tiene que acatar el concepto de Contraloría de diciembre, donde se señala que Nueva EPS no es viable. En esa medida, mover 12 millones de afiliados hacia esa entidad implicaría un deterioro en la calidad de los servicios, porque no hay red suficiente, no hay capacidad financiera y el número de PQRS se ha disparado”.

Condiciones estructurales y ejecución: el límite de la reforma

Los gremios coinciden en un punto clave: sin condiciones materiales suficientes, cualquier proceso de reorganización enfrenta límites reales de implementación.

La ANDI argumentó que la insuficiencia de la UPC y los rezagos acumulados continúan afectando la sostenibilidad. Además, advirtió que una decisión de este tipo podría afectar el reconocimiento de deudas entre los actores del sistema, poniendo en riesgo la red de servicios y el pago al talento humano en salud.

Asocajas, por su parte, insiste en que cualquier proceso de liquidación requiere previamente un mecanismo de estabilización financiera que garantice recursos suficientes y flujo oportuno.

Desde una perspectiva institucional, Diana Cárdenas, exdirectora de ADRES y exviceministra de Protección Social, recordó en medios nacionales que la Superintendencia tiene competencias para intervenir y liquidar, pero bajo condiciones claras: “Se debe tener una evaluación y justificación sobre el interés público. Acá será importante porque tiene que ver con la garantía del derecho a la salud de una población que se trasladará, y un elemento central es garantizar la continuidad en los servicios”.

Además, advirtió que el problema de fondo sigue siendo financiero y planteó la necesidad de explorar nuevas fuentes de apoyo: “Que el sistema se ponga la mano al bolsillo y mejore los mecanismos de financiación y acceso a servicios, mientras el Estado identifica las insuficiencias de financiamiento”.

Incluso señaló que el sector deberá buscar alternativas: “Toca ser imaginativos y generar mecanismos de apalancamiento para trabajar con el sistema financiero”.

Entre la decisión y la capacidad de ejecutarla

Las transiciones en salud no dependen únicamente de la decisión política, sino de la capacidad técnica para implementarlas. Sin planeación, gradualidad y garantías efectivas, las reformas pueden traducirse en crisis operativas.

En ese sentido, la capacidad de absorción no es un detalle menor: es el factor que define si una transformación fortalece el sistema o lo desestabiliza. En este escenario se evidencia una tensión entre decisiones políticas, capacidades técnicas del sistema y restricciones financieras que condicionan su ejecución.