La propuesta de liquidar las EPS en quiebra, planteada en medio de una crisis estructural, no solo responde a un problema financiero acumulado, sino que también genera interrogantes sobre su impacto inmediato en cerca de 23 millones de afiliados.

El Gobierno expresó en este contexto: “Todas las que estén en quiebra se liquidan, ya sea que estén dentro o fuera. No tenemos más opciones”. La declaración señala un punto de inflexión, al cambiar de una perspectiva de intervención gradual a una posible salida masiva de actores esenciales del sistema.

La liquidación de una EPS es un proceso administrativo y jurídico mediante el cual la entidad sale de forma definitiva del sistema de salud. No se trata de una decisión inmediata, sino de un procedimiento que se activa cuando existen causales como insolvencia o incapacidad para cumplir sus obligaciones.

El proceso es vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud e incluye etapas como la toma de posesión, la gestión de activos y pasivos, y la garantía de la continuidad en la atención de los usuarios mediante su traslado a otras entidades.

Fuente: Datos oficiales reportados, gráfica propia.

Desde el Gobierno, la decisión se sustenta en la imposibilidad de trasladar al Estado las deudas acumuladas por estas entidades, que superan los 16 billones de pesos. Más allá del argumento financiero, el principal cuestionamiento gira en torno a la capacidad operativa del sistema para absorber un cambio de esta magnitud.

Las cifras respaldan la preocupación. De acuerdo con el Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, entidades como Savia Salud, Emssanar, Famisanar y Capresoca presentan niveles críticos de endeudamiento, con pasivos que superan ampliamente sus activos. A esto se suma la falta de información completa para dimensionar el riesgo: Nueva EPS no reporta datos financieros desde 2024 y Coosalud no entregó cifras en el último corte, lo que limita una visión integral de la crisis.

El impacto tampoco se restringe a los usuarios. Clínicas y hospitales, cuya operación depende del flujo de recursos de estas entidades, podrían enfrentar restricciones financieras adicionales, afectando la prestación de servicios y la estabilidad laboral en el sector.

En paralelo, el Gobierno anunció que presentará nuevamente la reforma a la salud el próximo 20 de julio, calificándola como “una nueva oportunidad” para transformar el modelo. La iniciativa, que podría ir acompañada de una reforma tributaria, será clave para definir si el país opta por un rediseño estructural o por ajustes al esquema actual.

En este contexto, el alcance de la reforma también será determinante para establecer cómo se gestionaría la liquidación de EPS y sus efectos sobre la atención de millones de afiliados.

De acuerdo con las posiciones expresadas en el sector, el debate se centra en dos dimensiones: la necesidad de corregir un modelo financieramente insostenible y el riesgo de generar disrupciones en la atención de millones de pacientes. En ese contexto, el principal desafío es garantizar que cualquier transición no agrave las fallas existentes en el sistema.

Límites legales: ¿el Gobierno puede ordenar la liquidación?

A la discusión financiera y operativa se suma un frente jurídico que complejiza el panorama. El abogado de la Universidad Externado de Colombia, Ramiro Bejarano, quien ha opinado sobre temas institucionales del sistema de salud, cuestionó, en una entrevista en un medio nacional, las declaraciones del presidente, advirtiendo imprecisiones en el uso de los términos y en el alcance de sus facultades.

El jurista explicó que una empresa entra en insolvencia cuando enfrenta cesación de pagos por más de 90 días o cuando existe incapacidad inminente para cumplir sus obligaciones.

También diferenció entre intervención y liquidación. Mientras la primera implica que el Estado asume el control de la entidad sin que esta deje de existir jurídicamente, la segunda exige un proceso formal con etapas administrativas y garantías de defensa.

Sobre los tiempos, advirtió: “Eso no es un tema que se resuelva en una semana o en un puente. Es un proceso demorado, con dificultades y etapas claras”.

El exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, manifestó su preocupación por el posible traslado de afiliados a EPS que atraviesan dificultades financieras o se encuentran bajo intervención.

Aristizábal señaló que, aunque la reorganización de la afiliación territorial puede ser una herramienta válida en algunos escenarios, su aplicación sin corregir previamente los desequilibrios financieros del sistema podría profundizar la crisis.

Asimismo, cuestionó la pertinencia de trasladar usuarios hacia entidades que ya han sido intervenidas por problemas administrativos y financieros, al considerar que esa medida podría aumentar la presión sobre su capacidad operativa.

Impacto en prestadores: el efecto dominó

A este escenario se suma el impacto sobre clínicas y hospitales. Según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la experiencia histórica es clara: “Las IPS salen defraudadas en estos procesos, porque se ha atendido oportunamente la población y de manera completa, pero cuando llega la liquidación, toda esa cartera que estaba pendiente prácticamente queda perdida”.

De acuerdo con la ACHC, la cartera asociada a EPS ya liquidadas supera los $2.36 billones, lo que evidencia el impacto económico sobre la red prestadora.

El llamado es directo: “Eso es un enorme daño al sector prestador de servicios. Por eso nosotros le estamos diciendo al Gobierno que (…) dé las condiciones para recuperar la mayor parte posible (…) de los recursos”, añadió Giraldo.

La advertencia es contundente: “Esto colapsaría por completo toda la red prestadora (…) dejando sin una oferta institucional a toda la población colombiana”.

A ello se suma la visión de Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, quien alertó: “Ya hay cartera acumulada en clínicas, hospitales (…) y con una liquidación se congelarían pagos, se aumentaría la desliquidez y se generarían quiebras en cascada”.

Alertas del sector y capacidad del sistema

En medio de la controversia, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que la liquidación de las EPS en “quiebra” pondría en riesgo la atención de millones de pacientes, especialmente ante un eventual traslado masivo hacia Nueva EPS, entidad que —según el gremio— no tendría capacidad financiera ni operativa para asumir esa carga.

Asimismo, recordó que las intervenciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud buscan proteger a los usuarios; sin embargo, en el caso de varias EPS intervenidas, los indicadores financieros y de atención evidencian un deterioro durante ese periodo. En ese sentido, sostuvo que estas medidas no han logrado el salvamento esperado y han profundizado la crisis.

La asociación fue enfática en su advertencia: “La destrucción de las EPS, a través de su desfinanciamiento, su posterior intervención y ahora su liquidación, no se limita a la desaparición de entidades, sino que impacta directamente la vida de los pacientes y sus familias, que hoy enfrentan dificultades en la atención”.

Supersalud: llamado a garantizar la continuidad

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud informó que continuará evaluando que las EPS cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias para su operación, con el fin de adoptar las decisiones correspondientes dentro de sus competencias.

La entidad reiteró que sus actuaciones se desarrollan bajo el debido proceso y con el propósito de proteger los derechos de los usuarios, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de calidad, integralidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad.

Asimismo, hizo un llamado a la red de prestadores, operadores logísticos y gestores farmacéuticos para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de tecnologías en salud, sin interrupciones. También instó a las EPS a cumplir su rol dentro del aseguramiento y garantizar el flujo adecuado de los recursos.