A pocos meses de finalizar el 2025, la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional continúa enfrentando dudas sobre su viabilidad económica.

La Comisión Séptima del Senado aprobó el pasado 28 de octubre una proposición para aplazar el debate de la reforma a la salud, hasta que el Gobierno “incorpore fuentes de financiamiento verificables” para su implementación. El debate quedó suspendido indefinidamente.

Se trata de una propuesta de la senadora Nadia Blel, quien argumentó que el Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2026 no incorpora recursos adicionales ni rubros específicos para el proceso de transición, operación o fortalecimiento institucional que demanda la implementación del nuevo modelo de salud propuesto en la referida reforma.

En esta línea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que la información utilizada para sustentar el aval fiscal del proyecto aún está en proceso de validación técnica.

Un debate con foco financiero

Es importante recordar que antes de aprobarse la proposición de aplazar el debate de la reforma, durante la sesión del 14 de octubre, los miembros de la Comisión Séptima discutieron los alcances financieros del proyecto, centrando el debate en la consistencia de las cifras y la sostenibilidad de los recursos.

El senador Alirio Barrera cuestionó las inconsistencias en los informes económicos del Gobierno. Señaló que “cualquier persona quiere que se construyan más hospitales y que haya mejoras en el sistema de salud, pero no se requiere una reforma para hacer todo eso”. Agregó que “el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, no ha dicho de dónde va a salir el dinero para la implementación de la reforma que propone el Gobierno nacional”.

Desde una posición opuesta, el senador Wilson Arias destacó que el Ministerio de Hacienda “ya ha respondido a las preguntas” y que “el sistema de salud está a punto de colapsar, no hay cobertura y no hay calidad en el servicio, por lo tanto, esta reforma es una necesidad”.

Por su parte, la senadora Nadia Blel advirtió sobre la falta de información consolidada: “Sabemos que hay que realizar mejoras al sistema de salud, pero no hay que desmantelar lo que ha venido funcionando”. Asimismo, subrayó que el ministro de Hacienda “no podía dar cifras certeras y sostenibles hasta que el Congreso de la República no se pronunciara frente al Presupuesto General de la Nación”.

Hacienda: validación técnica y consistencia de datos

En medio del debate, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso el Oficio 47274/2025/OFI, en el que aclaró que los datos que sustentan el aval fiscal de la reforma permanecen en revisión técnica. El documento precisa que la información base, entregada por el Ministerio de Salud, “presenta inconsistencias, ausencia de variables esenciales y requiere validaciones adicionales antes de consolidar cualquier proyección definitiva de gasto o financiamiento”.

El texto detalla que el Departamento de Tecnología de Hacienda revisa 2.154 millones de registros en 13 bases de datos, con información de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), presupuestos máximos y reportes del sistema MIPRES entre 2019 y 2023. “La primera tarea es asegurar la consistencia de la información”, señala el oficio, lo que implica una validación cruzada de fuentes antes de definir las proyecciones de gasto.

Sin costeo independiente y con proyecciones sujetas a revisión

El documento también confirma que Hacienda no realizó un costeo propio del proyecto, sino que su análisis financiero se basó en los insumos entregados por el Ministerio de Salud. “Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social realizar los estudios necesarios que respalden y validen los elementos planteados, como líder del sector y promotor de la propuesta”, advierte el texto.

A partir de esos datos, Hacienda elaboró un panel analítico que incluyó 11.478 procedimientos de mediana y alta complejidad. Según el informe, el gasto en estos servicios creció a una tasa anual del 4,66 %, mientras que la Atención Primaria en Salud (APS) lo hizo al 3,46 %. Se identificó, además, “una correlación directa entre ambos niveles de atención: por cada punto porcentual adicional en el gasto en APS, se registra un aumento de 1,17 puntos en los costos hospitalarios”.

En materia fiscal, el documento del Ministerio de Hacienda para la reforma al sistema de salud, radicado el 20 de agosto de 2025 ante la Comisión Séptima del Senado, proyecta unos ingresos iniciales de $112 billones para 2026 y hasta $191.7 billones hacia 2036, expresados en precios constantes de 2025. El reporte clasifica cuatro grandes rubros de financiamiento (aporte de la Nación, cotizaciones, SGP-Salud y otras fuentes), pero no publica públicamente un desglose porcentual consolidado verificado de cada uno. No obstante, las cifras “fueron tomadas sin ajustes por inflación ni variaciones del PIB”, por lo que se consideran preliminares.

En general, la reforma a la salud representaría una participación más activa del Estado, tanto en el manejo de los recursos, como en los aportes que le hace al sistema. Sin la reforma, la participación del Estado en las fuentes de financiamiento fue de 38,6 % en 2024; mientras que el promedio entre 2026 y 2036, con la reforma, ascendería a 44,8 %. Esto en detrimento de las cotizaciones del régimen contributivo, que pasarían de 35,6 % en 2024 a 30,4 % entre 2026 y 2036.

En cuanto a los usos (gastos) del nuevo sistema de salud, sumarían $109.9 billones el próximo año; $141.8 billones en 2031 y $180.5 billones en 2036. La atención de mediana y alta complejidad tendrá el mayor peso en el gasto en salud, oscilando entre 60 % y 70 % en la próxima década.

Dependencia de la ley de financiamiento y límites del gasto

El Ministerio advirtió que “no es posible definir los techos sectoriales de gasto mientras no se conozca la composición final del Presupuesto General de la Nación 2026 y los resultados del trámite de la ley de financiamiento”. Esto significa que la sostenibilidad de la reforma está sujeta a los ingresos adicionales que genere la nueva reforma tributaria.

Con un gasto público proyectado para 2026 equivalente al 24,2 % del PIB, y con un 4,7 % destinado al pago de intereses de deuda, el margen fiscal del país es limitado para nuevas obligaciones estructurales.

ADRES: costos de fortalecimiento y control del gasto

El documento estima que el fortalecimiento de la ADRES, que asumiría el rol de pagador único, requerirá $103.000 millones anuales entre 2026 y 2036, destinados a infraestructura tecnológica, personal especializado y sistemas de auditoría y control.

La cartera enfatizó que el éxito del modelo “dependerá de la consolidación de un sistema de información robusto, que permita la interoperabilidad entre actores y la vigilancia permanente de los recursos”, garantizando la transparencia y trazabilidad del gasto público.

v Finalmente, Hacienda aclaró que el proceso se encuentra en “fase de validación técnica y metodológica, más que en etapa de ejecución presupuestal”, y reiteró que “la información contenida en el aval fiscal no debe interpretarse como una autorización definitiva de gasto, sino como una proyección preliminar sujeta a revisión”.

Conclusiones de cierre de año según legisladores

Blel señaló: “Los colombianos pueden tener la tranquilidad hoy más que nunca que la Comisión Séptima está funcionando. Y está funcionando porque no nos doblegamos (...) Esta es la reforma más importante para el país, y uno no puede hablar de salud mientras no haya plata”.

Agregó que “si en realidad el Gobierno está interesado en salvaguardar la vida de los colombianos, empieza a trabajar y a mejorar la crisis del sistema a partir de ahora y no con una reforma que en realidad no tiene los recursos garantizados como establece la ley”.

Por su parte, el senador Fabián Díaz Plata defendió el proyecto y sostuvo que “el aval fiscal sí está, (...) tenemos el aval en la ponencia que presentamos, donde se justifican todos los recursos”. Según él, “la comisión sí está funcionando, pero a favor de las EPS y para seguir manteniendo un sistema de salud que no atiende realmente a los ciudadanos, que lo que hace es robarse billones de pesos de los recursos de la salud”.

La decisión de aplazar el debate deja en suspenso la reforma y refleja la falta de consenso político y financiero que ha acompañado su trámite. Mientras el Ejecutivo insiste en que existen recursos y justificación fiscal, la oposición demanda garantías reales de financiación antes de avanzar.