El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 por $546.9 billones, tras la votación definitiva del 16 de octubre en la plenaria del Senado, con 50 votos a favor y 27 en contra. El Gobierno presenta esta asignación como un presupuesto “enfocado en la equidad territorial y la justicia social”, mientras que expertos y congresistas del sector salud advierten sobre la suficiencia frente a la creciente demanda y presión financiera del sistema.

Salud: inversión creciente, pero con alerta financiera

El sector Salud y Protección Social contará con $78.1 billones en 2026, frente a los $67.2 billones de 2025. Según el Gobierno, los recursos fortalecerán “los programas de aseguramiento, atención hospitalaria, vigilancia epidemiológica y salud pública, además de avanzar en la modernización tecnológica y en la consolidación del talento humano en salud”.

No obstante, la senadora Norma Hurtado Sánchez (Comisión Séptima del Senado) señaló que la asignación representa “una irresponsabilidad que deja en grave situación al sistema de salud” y que “no garantiza la planeación adecuada para la atención oportuna de millones de pacientes, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, de alto costo y catastróficas”. Además, indicó que en departamentos como el Valle del Cauca el recorte territorial “reduce en un 53,17 % los recursos para el sector, pasando de $136.083 millones en 2025 a $63.732 millones en 2026”.

Estas preocupaciones coinciden con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advierte que “el gasto en salud crece más rápido que los ingresos disponibles, lo que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema”. Informes de Así Vamos en Salud y de la Contraloría General de la República indican que más del 60 % del gasto sanitario se destina a enfermedades no transmisibles y tratamientos de larga duración, mientras que los hospitales públicos reportan déficits y retrasos en pagos de nómina y proveedores.

Desde 2022, el sistema enfrenta un déficit estructural creciente por los costos asistenciales y la presión de enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo, afectando especialmente la atención oncológica, diálisis, cirugías programadas y programas de vacunación.

El análisis del presupuesto de salud en Colombia para el periodo 2024-2026 revela un crecimiento sostenido del gasto nominal. La gráfica muestra que el presupuesto de salud pasó de $61.2 billones en 2024 a $78.1 billones en 2026, lo que evidencia un aumento significativo. Este incremento, que entre 2024 y 2025 fue del 6,3 %, se interpreta como una respuesta a las crecientes demandas del sistema y a la inflación médica.

Para 2026, el aumento presupuestario podría anticipar los requerimientos fiscales asociados a la eventual implementación de la reforma de la salud, estimada en alrededor de $11 billones anuales. Sin embargo, hasta tanto no se consolide su aplicación plena, el incremento responde principalmente al crecimiento natural del gasto, a la expansión del régimen subsidiado y a los efectos de la inflación médica. La asignación de estos recursos, incluso en un contexto de recortes en el Presupuesto General de la Nación, posiciona al sector salud como un “gasto inflexible” y prioritario para el Gobierno.

No obstante, este aumento también genera inquietudes sobre la estabilidad del sistema, como lo han señalado algunos congresistas. Por otro lado, la gráfica circular muestra que el 64 % de la inversión social se destina a los sectores de Salud, Educación, Vivienda e Inclusión Social, lo que subraya la relevancia de estas áreas en la política pública. Sin embargo, un análisis más detallado de la distribución de este 64 % es necesario para evaluar si los recursos se están asignando de la manera más eficiente.

A pesar del crecimiento nominal, algunos análisis sugieren que la inversión en salud para 2026 podría representar un 6 % del PIB, un valor que, aunque significativo, se mantiene en el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicando que podría no ser suficiente para cubrir todas las necesidades. A nivel macrofiscal, el aumento del gasto en salud implica retos de sostenibilidad a mediano plazo, en especial si el crecimiento presupuestal se mantiene por encima del ritmo de los ingresos tributarios o de las transferencias del Sistema General de Participaciones. Este comportamiento podría generar ajustes en la estructura del gasto público o requerir nuevas fuentes de financiación. Desde una perspectiva de eficiencia, el análisis no solo debe considerar la magnitud de la inversión, sino también los mecanismos de ejecución. El gasto en salud en Colombia presenta niveles de fragmentación administrativa y posibles duplicidades operativas, lo que abre espacio para fortalecer procesos como las compras centralizadas, el control de precios de medicamentos y la optimización de la intermediación financiera.

Asimismo, el sistema enfrenta el desafío de evaluar el retorno social de la inversión. Cada incremento presupuestario busca reflejarse en mejores resultados en salud pública, mayor capacidad de detección temprana y una reducción de los costos asociados a la atención hospitalaria. No obstante, alcanzar estos objetivos requiere una gestión orientada a resultados y una mayor interoperabilidad de la información, de modo que el crecimiento del gasto se traduzca en mejoras efectivas en los indicadores de salud y en la equidad territorial.

Impacto operativo en hospitales y atención primaria

Expertos advierten que la limitación de recursos retrasa la modernización tecnológica y afecta los tiempos de espera en diagnóstico, cirugía y entrega de medicamentos. La deuda entre EPS y prestadores, que supera los $12 billones, dificulta la sostenibilidad operativa, y los hospitales de primer nivel —clave para la atención primaria y programas comunitarios— son los más expuestos a la falta de recursos.

En zonas apartadas, la presión sobre los hospitales públicos puede derivar en aumento de mortalidad evitable, suspensión de tratamientos oncológicos o renales y reducción de programas de vacunación y control prenatal. La presión sobre la red pública será inmanejable si no se garantiza liquidez y acompañamiento técnico a los hospitales locales. La inversión social no puede traducirse solo en cifras; debe reflejarse en resultados en salud pública.

El Ministerio de Salud explicó que los criterios de distribución presupuestal priorizan “la continuidad de los servicios de atención primaria, la protección de los programas de alto costo y la garantía de cobertura universal en territorios con menor acceso” (Ministerio de Salud, 2025). Entre 2022 y 2025, la cobertura de aseguramiento se mantuvo en promedio en 98 %, con avances en mortalidad infantil y materna, aunque persisten brechas regionales.

Inversión social y prioridades del Gobierno

El Gobierno defiende el presupuesto como una apuesta por la equidad. La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina Posso, afirmó que la aprobación “es el resultado de un gran trabajo en equipo liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades del Gobierno nacional”. Agregó que el proceso se basó en “rigurosidad técnica y compromiso para construir un presupuesto justo, enfocado en las mayorías históricamente excluidas”.

El plan de inversión totaliza $88.4 billones, destinados a proyectos de infraestructura, desarrollo rural y programas sociales. Los sectores de Salud, Educación, Vivienda, Inclusión Social, Igualdad y Equidad concentran $32.2 billones, más de un tercio del total de inversión pública.

Riesgos fiscales y sostenibilidad

El CARF advirtió que el aumento del gasto de inversión podría afectar la sostenibilidad fiscal si se financia con fuentes inciertas. El Comité señaló que el déficit primario proyectado para 2026 pasará del 1,4 % al 2 % del PIB, con un aumento del gasto primario en $18.2 billones (0,9 % del PIB). Concluyó que “el incremento del gasto de inversión no puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal” y recomendó evaluar medidas para aumentar ingresos y reducir gastos.

Nota: El Plan de Inversión del PGN 2026 de $88.4 billones prioriza el enfoque social, destinando el 64% ($56.576 billones) a Salud, Educación, Vivienda e Inclusión Social, pilares de la “justicia social”. El 36% restante ($31.824 billones) financia otros rubros críticos. Este último incluye Infraestructura y Desarrollo Rural, esenciales para dinamizar la economía y complementar el gasto social..