Una sobredemanda viene desbordando las salas de urgencias del país, donde además de atender urgencias vitales, ahora deben enfocarse en niños, adultos y personas con enfermedades crónicas que no están teniendo acceso a controles y medicamentos, y llegan en estados clínicos más delicados.

En este contexto, especialistas y asociaciones médicas advirtieron un aumento de complicaciones que antes podían prevenirse en consulta externa, como crisis hipertensivas, descompensación diabética y agudización de enfermedades respiratorias. La Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (Acem) afirmó que el sistema de salud colombiano enfrenta una sobrecarga inédita, con niveles de ocupación que superan el 200 % en diversos centros médicos del país.

Según el comunicado de Acem, la crisis se agudizó por la falta de acceso oportuno a servicios ambulatorios. Esto ha llevado a millones de personas a recurrir a las urgencias como única puerta de entrada al sistema, generando una presión insostenible sobre estas unidades. La “no oportunidad de servicios ambulatorios” está generando diagnósticos tardíos, mayor gravedad clínica y complicaciones que eran prevenibles.

La situación se agrava con un desabastecimiento de medicamentos e insumos, asociado directamente a la falta de flujo de recursos desde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Esta parálisis financiera vulnera el derecho fundamental a la salud y expone a pacientes —especialmente aquellos con enfermedades crónicas— a deterioro clínico e, incluso, riesgo de muerte.

“Todo lo anterior vulnera gravemente el derecho fundamental a la salud de la población colombiana y pone en riesgo la vida de miles de pacientes cada día”, enfatizó Acem.

En Bogotá, la Personería Distrital encontró que, en promedio, la ocupación para adultos en urgencias es del 127,17 % y la pediátrica del 168,5 %; mientras en Medellín, la Personería reportó una ocupación de los servicios de urgencias de adultos en un 93 % y de hospitalización de adultos en un 99 %.

Asimismo, reportes institucionales recientes constatan que el reingreso de pacientes al servicio de urgencias en un lapso menor a 72 horas, lo cual es un indicador sensible de deterioro clínico y fallas en la continuidad del cuidado, ha empezado a evidenciar signos de presión en diversas regiones nacionales.

El informe de gestión 2024 en San José del Guaviare demuestra que este indicador se incrementó, pasando de 0,59 % en 2023 a 0,84 % en 2024. Esto se relaciona con dificultades por enfermedades crónicas, la escasa adherencia al tratamiento y los retrasos en la entrega de medicamentos por parte de las EPS. El Hospital San Agustín reportó a través del Informe de rendición de cuentas vigencia 2024 cifras de 1,06 % para 2023, que continuaron durante el seguimiento en 2024. De acuerdo con el Tablero de Reporte de Indicadores de la Resolución 256, publicado por el Hospital Universitario San José de Popayán en 2024, el indicador de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas registró fluctuaciones mensuales que oscilaron entre 0,000 % y 0,015 %, niveles muy por debajo del estándar máximo permitido de 0,50 %. El informe, que recopila datos de seguimiento institucional durante 2024, confirma que estos valores se mantuvieron estables a lo largo de la vigencia reportada. A pesar de que los valores son diversos, los registros posibilitan dimensionar tendencias que antes no se reportaban adecuadamente y muestran cómo la presión sobre la consulta externa está comenzando a manifestarse en urgencias mediante consultas tempranas.

Las principales especialidades requeridas para la remisión de estos pacientes incluían ortopedia, psiquiatría, medicina interna y cardiología, en muchos casos con necesidad de hospitalización, y teniendo que someterse a esperas que superan el límite de las 12 horas, tiempo máximo que puede pasar en Colombia una persona en atención prioritaria en urgencias.

Derivada de la crisis que persiste desde 2024 dentro del sistema de salud, hay varias situaciones que han marcado la pauta. Al corte de mayo de 2025, los datos de atención por consulta externa y procedimientos (los servicios con mayor volumen de uso reportado) evidencian una disminución drástica en comparación con el mismo periodo de años anteriores. “En el caso de consulta externa, solo para el mes de mayo, el número de personas atendidas pasó de 9.416.892 en 2024 a 1.319.250 en 2025, lo que representa una reducción cercana al 90%. Esta tendencia también se observa en los meses previos, aunque con una variación menos pronunciada”. Datos que reporta Así Vamos en Salud enfatizan que, de confirmarse esta tendencia para fines de 2025, “será necesario prestarle especial atención, dada la relevancia de estos servicios en la implementación de estrategias de promoción y prevención dentro del sistema de salud”.

El otro escenario de las atenciones es para situaciones más complejas que requieren de una valoración por urgencias e incluso una remisión a hospitalización para seguimiento de estas condiciones, servicios de mayor complejidad en los que se brinda atención a situaciones agudas o crónicas complicadas.

En el Boletín 005: Acceso y Oportunidad (19 de agosto de 2025) de Así Vamos en Salud se señala que los servicios de urgencias y hospitalización, destinados a la atención de condiciones agudas y crónicas de mayor complejidad, también registran una disminución significativa en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2025.

Los pagos retrasados de las EPS han tenido como consecuencia la imposibilidad de conseguir una cita con médico general o una cita con un especialista; además, se han cerrado servicios pediátricos y de medicina interna.

Adicionalmente, está el difícil acceso a los medicamentos. Un informe de la Defensoría del Pueblo, titulado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados – un análisis con enfoque territorial en Colombia”, indica que entre 2022 y 2025 la entidad recibió cerca de 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud.

Diversos reportes técnicos han alertado sobre el repunte de patologías que anteriormente mostraban tendencia a la reducción. Según el Informe Anual de Así Vamos en Salud 2024-2025, publicado el 7 de noviembre de 2025, enfermedades como sífilis congénita, dengue grave y complicaciones asociadas a condiciones crónicas registran incrementos preocupantes en varias regiones del país.

El documento señala que estos aumentos están relacionados con fallas en el seguimiento oportuno, especialmente por la disminución en consultas de control y en la capacidad de respuesta del sistema ambulatorio. Los boletines epidemiológicos más recientes del Instituto Nacional de Salud (INS) evidencian un comportamiento preocupante de varias patologías en el país durante 2025. En la semana 13, el organismo informó que el ciclo epidémico del dengue correspondiente al periodo 2023-2025 “registra el mayor número de casos notificados a la fecha” en Colombia, con una incidencia de 142,6 casos por cada 100.000 habitantes.

A este panorama se suma el incremento de afecciones respiratorias. De acuerdo con el INS, las atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) muestran un comportamiento al alza en el país. En su informe más reciente sobre este evento, el organismo señala que las consultas externas y urgencias mantienen picos estacionales marcados, mientras que las hospitalizaciones registran aumentos significativos frente al año anterior, especialmente durante 2024 y 2025. Así lo detalla el documento Infección Respiratoria Aguda, Colombia 2025 – Morbilidad por IRA, publicado por el INS.

En general, las quejas por barreras de acceso a servicios de salud han aumentado en un 75,7 % en 2024 y 2025, según esta institución, reflejando además la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas, con un incremento de 4.262 quejas en 2022 a 9.349 en 2024; deficiencias en el acceso a servicios médicos esenciales, pasando de 4.607 a 7.714 quejas en el mismo periodo, y el incumplimiento de fallos de tutelas en salud y desacatos judiciales.

Urgenciólogos* consultados lamentan que muchos de estos pacientes llegan en fase avanzada, cuando su condición clínica ya implica riesgo vital, mayor uso de UCI y mayor costo para el sistema.

Sin oportunidad de una cita de control y sin acceso a medicamentos, ante el avance de una enfermedad queda como única alternativa acudir a las urgencias de los centros hospitalarios con contratos activos.

Sobreocupación en cifras en 2025

La sobreocupación de urgencias se viene agudizando desde 2024, con picos críticos reportados desde el primer trimestre de ese año y un efecto dominó durante 2025 en instituciones de todos los niveles, en ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué, Cali, Manizales y Bucaramanga. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ocupación mayor al 85 % en unidades críticas representa una señal de alerta para cualquier institución sanitaria; sin embargo, en mayo de este año el Hospital Pablo Tobón Uribe declaró estado de emergencia hospitalaria con un 250 % de ocupación en urgencias de adultos y el 150 % en urgencias pediátricas.

Según reportes de la Secretaría de Salud de Medellín citados por medios locales, la sobreocupación en los servicios de urgencias de alta, mediana y baja complejidad alcanzó en julio el 121 % y ha llegado a picos de hasta 170 %, situación asociada a las deudas del Gobierno nacional con las IPS de la ciudad. Adicionalmente, informes de la Personería de Medellín indican que algunos servicios de urgencias para adultos registran niveles de ocupación del 93 % y que varios hospitales de mayor complejidad han presentado sobreocupaciones superiores al 100 % en distintos momentos. El Hospital Marco Fidel Suárez de Bello reportó una ocupación del 240 % y el Hospital San Vicente Fundación Medellín llegó al 150 %, situación que ha sobrecargado áreas críticas y extendido los tiempos de espera.

La Secretaría de Salud de Manizales también declaró alerta hospitalaria al registrar una ocupación de urgencias del 200 %, llegando a tener en un solo día hasta 800 pacientes para atender, producto de demoras en los pagos a los prestadores por parte de las EPS durante seis meses consecutivos. En Bogotá, la red hospitalaria ha presentado este año una sobreocupación del 250 %, con un 117 % de ocupación en los servicios de urgencias de la red pública, obligando al desvío de pacientes y atención en camillas improvisadas.

En Santander, la Clínica La Foscal de Floridablanca reportó una ocupación del 270 %, mientras que el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, alcanzó el 150 %. En Boyacá, el Hospital Regional de Duitama registró un 226 % y el Hospital San Rafael de Tunja llegó al 643 % de ocupación, uno de los niveles más críticos reportados en el país.

En agosto, el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué operó al 200 % de su capacidad, en tanto que en el Valle del Cauca se presentó una sobreocupación del 600 % en los servicios de urgencias de las IPS —principalmente en alta y mediana complejidad—, situación que, según expuso en medios nacionales la gobernadora Dilian Francisca Toro, está relacionada con deudas de las EPS por $4 billones, motivo por el cual la Secretaría de Salud inició acciones judiciales contra las entidades que no entregan medicamentos a sus afiliados.

Finalmente, esta situación se ha visto reflejada en otras instituciones que también han declarado alerta máxima hospitalaria por sobreocupación. Secretarías de Salud departamentales y distritales han confirmado que la saturación supera ampliamente la capacidad instalada, obligando a cierres parciales, desvío de pacientes, ampliación de tiempos de espera y atención en áreas no habilitadas.

Impactos esperados

Esta sobredemanda, además de afectar la capacidad de respuesta de los servicios de urgencia, tiene otros efectos como pueden ser el aumento de eventos adversos por demoras en la atención, errores en la medicación y sobrecarga laboral que vive el personal de salud.

Marina, de 48 años, relata cómo tuvo que esperar para una cita prioritaria en su EPS, sin éxito, pasa por dos triajes en dos servicios de urgencias y una espera de 10 horas adicionales para que la atendieran. La causa: un cólico punzante en el vientre y antecedentes de una obstrucción intestinal. “Lo más difícil es ver cómo cada dos horas sale un enfermero a decirnos que están colapsados, que entendamos su situación porque solo hay dos médicos atendiendo”, sostiene.

Amelia Peña, de 65 años, con antecedentes de infarto, quien llegó con dolor y opresión en el pecho desde las 5 a. m. y fue ingresada al mediodía, lamentó que “los problemas entre el Gobierno y las EPS nos tengan en esta situación, se les olvida que todos enfermamos”.

Pero frente a la vulnerabilidad humana, se impone la realidad del desfinanciamiento del sistema, que el economista de la salud Paul Rodríguez define como “la crónica de una muerte anunciada”, donde se sabía que en dos años de desfinanciamiento las deudas iban a acumularse y llevaría a los prestadores, últimos en la cadena, a tener que tomar decisiones.

“Los hospitales no pueden cerrarle el servicio de urgencias a alguien en particular, prefieren cerrar el negocio completo y centrarse en cosas que les den un poco más de caja”, cuando el problema no es de ganancia sino de liquidez para sobrevivir, pagar médicos, comprar insumos y medicamentos.

La falta de pago por parte de las EPS es un problema que se traslada a los prestadores en el día a día, sostiene Rodríguez, “si no pagan rápido, las clínicas y hospitales no habilitan más contratos con las EPS, o si no quieren que les adeuden un flujo muy grande de dinero, limitan el número de atenciones, presionando el cierre de servicios de urgencias y congestionando los que van quedando habilitados”.

Una bola de nieve va creciendo conforme el servicio desmejora, donde los pacientes que no tienen cómo acceder a servicios privados y están muy enfermos seguirán usando los servicios de salud, le saldrán más caros al sistema y harán más difícil el proceso de sostenibilidad.

*La fuente consultada solicitó reserva de su nombre y de la institución a la que pertenece. La información suministrada se validó mediante triangulación con datos oficiales y otras fuentes independientes.