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OPS y UNITE firman alianza para fortalecer la legislación en salud en las Américas

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Por: Redacción El Pulso
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En un contexto global marcado por las secuelas de la pandemia de COVID-19, el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las crecientes presiones sobre los sistemas sanitarios, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNITE —la Red de Parlamentarios para la Salud Global— firmaron un acuerdo marco para reforzar la acción legislativa en salud en la región de las Américas. La firma tuvo lugar al margen de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La alianza busca articular el trabajo político con la evidencia científica, un paso clave en una región donde la formulación de leyes en salud enfrenta desafíos relacionados con limitaciones presupuestarias, brechas de acceso y marcos regulatorios desactualizados. El acuerdo permitirá que los parlamentarios cuenten con respaldo técnico especializado para diseñar normas que respondan a las prioridades sanitarias actuales y que estén alineadas con los compromisos internacionales en materia de salud pública.

“Los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en la conformación de los sistemas de salud. Su liderazgo es esencial para avanzar en el derecho a la salud y fortalecer la resiliencia frente a los desafíos actuales”, afirmó el director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa. Añadió que esta alianza “ayudará a equipar a los legisladores con las herramientas, datos y apoyo técnico necesarios para promover políticas basadas en evidencia y lograr mejoras sostenibles en la salud pública”.

“La firma de este acuerdo reafirma el compromiso de los responsables políticos de impulsar políticas de salud global basadas en datos confiables y alineadas con la orientación normativa de organismos como la OPS”, señaló el doctor Ricardo Baptista Leite, fundador y presidente de UNITE. Aseguró que “las y los legisladores desempeñan un papel crucial para avanzar en una legislación más sólida, asegurar presupuestos sostenibles y garantizar que los gobiernos cumplan sus compromisos, aprovechando el apoyo de la OPS para fortalecer las políticas de salud en las Américas”.

El acuerdo contempla la realización de seminarios técnicos, talleres especializados y foros de alto nivel sobre prioridades urgentes para la región: el financiamiento sostenible de los sistemas de salud, la cobertura universal, la preparación ante pandemias y emergencias, el abordaje de enfermedades no transmisibles —responsables de más del 70 % de las muertes en la región— y los determinantes sociales y ambientales de la salud.

Una amenaza creciente: las enfermedades no transmisibles

Los últimos datos de la OPS muestran la magnitud del desafío. Según el informe Las ENT de un Vistazo 2025, las muertes por ENT —como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes— aumentaron 43 % en la región de las Américas desde el año 2000, alcanzando los seis millones de fallecimientos en 2021. Estas enfermedades son ya la principal causa de muerte en la región, responsables del 65 % de los decesos, y casi el 40 % ocurren antes de los 70 años.

“El aumento de muertes por ENT es una llamada de atención urgente”, subrayó el doctor Jarbas Barbosa. “Demasiadas personas están muriendo de forma prematura por enfermedades que, en su mayoría, se pueden prevenir y tratar. Con detección temprana, diagnóstico oportuno, acceso a la atención y políticas sólidas, podemos salvar vidas. Este informe proporciona a los países las herramientas que necesitan para actuar”.

De acuerdo con el informe:

  • Las enfermedades cardiovasculares causaron 2.16 millones de muertes.
  • El cáncer provocó 1.37 millones.
  • La diabetes, más de 420.000.
  • Las enfermedades respiratorias crónicas, más de 416.000.
  • El suicidio, cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, representó 100.760 vidas perdidas.

El informe también señala que la obesidad afecta al 33,8 % de los adultos —un incremento del 28 % desde 2010—, mientras que el 35,6 % no realiza suficiente actividad física. La prevalencia de diabetes alcanzó el 13,1 %, y 43 millones de personas mayores de 30 años con esta enfermedad no acceden a la atención que requieren. La hipertensión afecta a más de un tercio de los adultos, pero solo el 36,4 % de los casos está controlado.

Aunque hubo progresos en la reducción de mortalidad ajustada por edad desde el año 2000 —como una disminución del 30 % en muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, o del 24,6 % en cáncer—, la región no está en camino de cumplir la meta mundial de reducir en 25 % la mortalidad prematura por ENT para 2025.

Una hoja de ruta

El informe recomienda fortalecer políticas de prevención (control del tabaco y el alcohol, etiquetado frontal de alimentos, promoción de actividad física) y reforzar la atención primaria para detectar y tratar tempranamente hipertensión, diabetes y cáncer. También resalta la importancia de integrar la salud mental y la prevención del suicidio en el primer nivel de atención.

Iniciativas como HEARTS, presente en 33 países y que ha facilitado tratamiento de hipertensión a 5.7 millones de personas, se destacan como ejemplos de cooperación efectiva.

De cara a la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT y salud mental en septiembre de 2025, la OPS espera que los países adopten una nueva declaración política que permita avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y sostenibles, abordando de raíz las causas estructurales de las ENT.

Una colaboración estratégica

Frente a la creciente amenaza de las ENT, la alianza OPS-UNITE adquiere especial relevancia, pues ofrece un mecanismo concreto para traducir el conocimiento científico y la evidencia sobre estas enfermedades en acciones legislativas y políticas efectivas. La colaboración se suma al memorando de entendimiento que UNITE mantiene con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con esta nueva colaboración, la OPS aportará asistencia técnica y datos actualizados para la formulación de políticas, mientras que UNITE movilizará a su red de parlamentarios para generar debate político, identificar vacíos legislativos y promover consensos en torno a las reformas necesarias.

“Se trata de un instrumento para reforzar el papel de la legislación en la construcción de sistemas de salud más justos y resilientes”, señaló Barbosa.



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