La suspensión temporal del giro directo de recursos públicos hacia la red de prestadores de la Nueva EPS desató un efecto dominó que hoy compromete la atención de millones de pacientes en el país. La Superintendencia Nacional de Salud dispuso que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendiera estos pagos el 31 de julio de 2025, aduciendo un atraso estructural en la gestión de más de quince millones de cuentas y facturas médicas por encima de $11.56 billones.

A pesar de que el objetivo de la medida era asegurar un adecuado uso de los recursos públicos, tuvo efectos inmediatos: se suspendieron convenios con proveedores, se interrumpieron tratamientos y se vio afectada directamente la continuidad de los servicios. La Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, tiene una extensa red de asistencia y, en numerosas zonas geográficas, es casi el único proveedor de seguros. Esto contribuye a extender la crisis.

Diferentes especialistas en salud han alertado que este tipo de resoluciones, si no se refuerzan operativamente de manera concreta, pueden tener un efecto estructural en el sistema. Para Andrés Vecino, especialista en salud pública, la suspensión del giro directo tiene efectos explícitos sobre hospitales y pacientes que representan aproximadamente el 20 % de la población. Según explicó, “la medida puede derivar en la cancelación de servicios de prestadores, crisis financiera en IPS y mayores barreras de acceso a la atención y los medicamentos”.

En la misma línea, el especialista en salud pública Carlos Eduardo Márquez señaló que la situación refleja una debilidad estructural del sistema: “La Nueva EPS fue presentada como piloto de un nuevo modelo de aseguramiento; sin embargo, su rezago operativo y financiero muestra que, sin capacidades robustas, los riesgos para los pacientes y prestadores pueden ser significativos”.

Un rostro de la crisis: pacientes con enfermedades raras y de alto costo

El efecto de esta cadena institucional se refleja en pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo. Entre enero y agosto de 2025, 1.501 personas fallecieron en Colombia por falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).

La historia de Carolina*, paciente con hipertensión pulmonar grupo 1, se convirtió en un símbolo de esta situación: tras once meses sin recibir su medicamento vital, murió en septiembre, pese a múltiples tutelas, quejas y alertas de organizaciones de pacientes.

“Cada número en esas gráficas es una vida perdida, una familia destrozada y un derecho fundamental vulnerado”, afirmó Diego Gil, presidente de Fecoer, durante un debate en la Comisión Séptima del Senado de Colombia.

Según esta federación, la Nueva EPS concentra el 22 % de estos fallecimientos, lo que evidencia la fragilidad del sistema cuando la financiación se interrumpe. Casos como los de Andrés Felipe, Tatiana y Waira —jóvenes que podrían perder su vida o funcionalidad por no recibir sus tratamientos— muestran que las demoras administrativas pueden ser tan letales como la enfermedad misma.

Postura institucional

Desde la ADRES se ha reiterado en diferentes situaciones que la suspensión temporal de los giros no obedece a falta de recursos, sino a la necesidad de garantizar que los pagos se realicen con soporte técnico y jurídico adecuado. “Estamos trabajando para superar los rezagos en el menor tiempo posible”, indicó un vocero de la entidad.

Sin embargo, para las organizaciones de pacientes, esta explicación no alivia la urgencia de quienes esperan tratamientos que no dan espera.

Un sistema con enormes desafíos

El tránsito hacia un modelo de pagador único —en el que la ADRES asuma toda la gestión financiera de los recursos— representa uno de los cambios estructurales más profundos que enfrenta el sistema de salud colombiano.

La situación actual demuestra que las decisiones financieras no son neutras: tienen un impacto directo en la vida de las personas. Fecoer lo resume así: “Esto no es una simple falla administrativa. Es un abandono histórico”.

Y mientras se discuten reformas estructurales, los pacientes más vulnerables siguen a la espera de algo que no debería esperar: su derecho a la salud y a la vida.

*El nombre de la paciente fue modificado para proteger su identidad, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce el nombre como un atributo fundamental de la personalidad