La Corte Constitucional volvió a encender las alarmas sobre el acceso a medicamentos en Colombia. Mediante el Auto 1282 de 2025, el alto tribunal concluyó que el nivel de cumplimiento de las órdenes emitidas en la Sentencia T-760 de 2008 sigue siendo insuficiente, pese a que han transcurrido más de 15 años desde que se ordenó garantizar la entrega oportuna y completa de los fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Según la Sala Especial de Seguimiento, los problemas financieros, administrativos y de gestión han impedido superar la crisis. “Si bien se reportaron medidas conducentes por parte de la autoridad obligada, aquellas no acreditan resultados que permitan evidenciar la superación de la problemática de acceso”, señaló la Corte.

Una deuda que frena la entrega de medicamentos

El tribunal constató que la cartera acumulada entre EPS y gestores farmacéuticos asciende a $4.18 billones, reflejo de la incapacidad del sistema para garantizar un flujo de recursos estable. En algunos casos, las deudas presentan moras de hasta 804 días, lo que ha restringido la dispensación de los medicamentos PBS y ha puesto en riesgo la continuidad de los tratamientos.

“La falta de recursos limita el suministro de los medicamentos ordenados en el plan de beneficios, generando un impacto negativo sobre los pacientes”, subrayó la Corte.

Este hallazgo coincide con advertencias previas de la Defensoría del Pueblo y de asociaciones de pacientes, que desde 2023 han señalado que el retraso en los pagos a los operadores de logística farmacéutica afecta directamente a quienes dependen de medicamentos de uso continuo.

174 medicamentos en riesgo de no dispensarse

Aunque la Corte aclaró que no se configura un desabastecimiento general, sí identificó fallas en la dispensación de 174 medicamentos esenciales, entre ellos:

• Antineoplásicos para cáncer.
• Antirretrovirales para VIH.
• Antiepilépticos.
• Insulinas para diabetes.
• Terapias para enfermedades huérfanas.
• Tratamientos para patologías cardiacas y hormonales.
• Anticonceptivos y antibióticos.

La no disponibilidad oportuna de estos fármacos afecta directamente a pacientes crónicos y con enfermedades de alto costo, quienes dependen de la continuidad en sus tratamientos para evitar complicaciones irreversibles.

Invima: el cuello de botella regulatorio

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aparece nuevamente como un punto crítico. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 evacuó más de 31.000 solicitudes de registros sanitarios, pero aún mantiene cerca de 14.000 pendientes.

El represamiento impide la entrada de nuevas moléculas y la renovación de registros vencidos, lo que retrasa la disponibilidad de medicamentos ya fabricados o importados. Este cuello de botella ha sido señalado por la industria y los gremios médicos como un factor que debilita la respuesta oportuna a las necesidades del sistema.

Falta de información y consecuencias sociales

La Corte también advirtió sobre la ausencia de información confiable y actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos. Sin datos oportunos, médicos, EPS y gestores no pueden reaccionar a tiempo para buscar alternativas terapéuticas o reubicar inventarios.

Las consecuencias incluyen

• Deterioro en la salud de los pacientes.
• Incremento de complicaciones que derivan en hospitalizaciones.
• Gastos adicionales para las familia.
• Creciente malestar social y desconfianza en las instituciones./li>

Contexto político y ciudadano

La problemática ya va más allá del ámbito judicial. Gustavo Petro, el presidente, afirmó que algunos participantes de la cadena podrían estar acaparando inventarios y propuso, incluso, que se realizaran registros en las bodegas farmacéuticas.

Simultáneamente, usuarios de la Nueva EPS en Cali y otras ciudades convocaron a plantones y protestas para demandar la provisión de medicamentos, lo que demuestra que la crisis afecta directamente el día a día de los pacientes.

Una deuda pendiente con el derecho a la salud

La Corte, más de diez años después de la Sentencia T-760, reafirma que los medicamentos son un elemento clave del derecho fundamental a la salud y que para mantener la dignidad y la vida humana es esencial que se entreguen a tiempo.

El Auto 1282 deja en evidencia que, pese a los esfuerzos institucionales, el sistema no ha logrado resolver los obstáculos financieros, regulatorios y administrativos que impiden que los medicamentos lleguen a tiempo a quienes más los necesitan.

Radiografía: cómo la falta de cumplimiento judicial afecta a los pacientes

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana) emitió un llamado urgente ante el creciente número de pacientes que pierden la vida por la falta de acceso oportuno a tratamientos esenciales.

Camilo*, un joven de 31 años de Ibagué, falleció mientras esperaba el inicio de su tratamiento para leucemia aguda, enfermedad potencialmente curable. De manera igualmente dramática, María Luisa, una mujer de 72 años de Bogotá, murió antes de recibir un medicamento que llegó el mismo día de su velorio.

“Estamos de luto porque nuestros pacientes están muriendo. Son muertes inaceptables, evitables y consecuencia directa de la ineficiencia del sistema. Las cifras no mienten: el panorama para los pacientes ha empeorado, y la experiencia con el sistema de salud refleja un deterioro que los ha llevado a mendigar servicios a los que tienen derecho por ley”, afirmó Yolima Méndez, presidenta de la Fundación.

Radiografía de la crisis

Un informe publicado por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana) a 333 pacientes con leucemia, linfoma y mieloma múltiple revela la magnitud de la problemática:

• 77 % reportó dificultades para acceder a servicios de salud durante el último año.
• 35 % señaló que la principal barrera fue la demora en la entrega de medicamentos.
• 18 % encontró obstáculos para acceder a citas con especialistas.
• 12 % mencionó problemas con autorizaciones médicas.

*El nombre del paciente ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de su información personal, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales