Centralización de pagos: un cambio estructural que exige garantías

Colombia está a punto de modificar uno de los pilares de su sistema de salud: el flujo de los recursos. La reforma en discusión en el Congreso propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pase de administrar fondos específicos a ser el pagador único de hospitales, clínicas y demás prestadores. Es un cambio que no solo elimina la intermediación financiera de las EPS, sino que concentra en el Estado el manejo directo de más de 90 billones de pesos anuales.

La centralización de los pagos, en teoría, promete un control del gasto más riguroso, una mayor transparencia y una mejor trazabilidad de los recursos. Sin embargo, existen preguntas cruciales que todavía no tienen respuesta detrás de esta aspiración. La ADRES hoy procesa un volumen limitado de giros directos, recobros y presupuestos máximos. Cambiar de ese modelo a gestionar centenares de millones de transacciones anualmente significa que hay que multiplicar por tres las capacidades tecnológicas, aumentar el número de personal especializado y rediseñar los procesos de control y auditoría. Si no se llevan a cabo estos ajustes preliminares, es posible que haya un incremento de glosas, una acumulación de cuentas y demoras en los giros.

Es evidente que esto podría afectar a los hospitales y clínicas. La liquidez es el fundamento para sostener nóminas, obtener insumos y mantener los servicios. En departamentos donde las deudas superan los billones de pesos, cualquier demora adicional en los pagos podría forzar a cerrar servicios o interrumpir la atención, especialmente para aquellos pacientes que son crónicos o tienen un alto costo. Un pagador único sin un plan de contingencia sólido no solo agrava la cartera existente, sino que pone en riesgo la continuidad asistencial.

La transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida añade otra capa de complejidad. Estas gestoras coordinarán redes y brindarán apoyo a los usuarios, pero no administrarán recursos. Esta división de funciones puede hacer más claros los roles, pero también suprime los incentivos económicos para la eficiencia y asigna a la ADRES las funciones de auditor y pagador. Un modelo con este grado de concentración requiere contrapesos y protocolos precisos para prevenir conflictos de interés y garantizar que la transparencia sea real.

Por lo tanto, el interrogante que debe dirigir la discusión no es únicamente si la ADRES tiene que ser pagador único, sino de qué manera asegurar que este cambio no reproduzca las deficiencias que busca enmendar. La Corte Constitucional ha documentado que la experiencia con el Acuerdo de Punto Final y los mecanismos de recobro demuestra que, incluso con recursos abundantes, los cuellos de botella administrativos pueden obstaculizar un flujo adecuado y a tiempo del dinero y perjudicar la prestación de servicios.

El cambio hacia un único pagador tiene que ser progresivo, con objetivos comprobables, sistemas de información interoperables y auditorías en tiempo real. Sin estas condiciones, la reforma corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella para hospitales y clínicas, en vez de la solución estructural que el sistema necesita.