El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), creado por la Ley 91 de 1989 como un régimen especial para los docentes del país, atraviesa una de sus mayores crisis desde su fundación. Lo que fue diseñado para garantizar estabilidad en salud y prestaciones hoy muestra síntomas de agotamiento estructural: déficit financiero, descontrol contractual y denuncias de corrupción que han encendido las alarmas en los organismos de control.

Un déficit que crece sin control

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud alertó en su más reciente informe sobre un desequilibrio histórico en las finanzas del FOMAG. En 2024, los gastos superaron los ingresos en un 184 %, con un déficit de $2.1 billones, y para 2025 la proyección alcanza los $568.000 millones.

El reporte, atribuye la crisis al incremento del costo médico, los contratos asistenciales, las demandas judiciales y la falta de controles eficaces. Además, señala que el 76 % de la red de prestadores es privada y que 13 sedes que atienden al magisterio no aparecen habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS), un hallazgo que refleja graves debilidades de vigilancia.

A estos datos se suman los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la Nación, que encontró hallazgos fiscales por $81.593 millones: pagos a personas fallecidas, sanciones por retrasos en cesantías y cartera vencida por más de $23.800 millones. El organismo también cuestionó contratos por $1.2 billones firmados con operadores de salud sin autorización del Consejo Directivo del Fondo.

La alerta presidencial y el reconocimiento de fallas internas

El Gobierno nacional denunció en septiembre la existencia de “redes entre prestadores y abogados para defraudar al Fondo”, lo que llevó a que la Superintendencia Nacional de Salud impusiera medidas cautelares sobre la Fiduprevisora, encargada de administrar los recursos.

Incluso dentro del propio FOMAG se han reconocido errores. En octubre, su vicepresidente, Aldo Cadena, admitió que el sistema enfrenta “problemas estructurales” y que los contratos heredados bajo la modalidad de pago por evento “incentivaron la fragmentación del gasto y la pérdida de control sobre los costos médicos”. En un video Cadena habló de un “acumulado de pérdidas superior a los dos billones de pesos”, aunque luego aclaró que se refería a deudas históricas.

Un modelo que se volvió inmanejable

Más allá de las denuncias, expertos en salud pública coinciden en que el diseño mismo del FOMAG se ha vuelto difícil de sostener. La coexistencia de un régimen cerrado —sin libre elección plena de prestadores—, la alta judicialización de los servicios y la dependencia de intermediarios financieros lo han hecho vulnerable a la ineficiencia y la corrupción.

La Contraloría, por su parte, ha insistido en que el Fondo opera con un esquema de contratación opaco, sin manual tarifario actualizado ni auditorías independientes. Los hallazgos de sobrecostos, cobros irregulares y pagos duplicados revelan una gestión fragmentada que favorece la opacidad.

Entre la defensa y la negación de la crisis

Fecode, principal beneficiario y representante del Fondo, rechaza cualquier intento de modificar el modelo. En comunicados recientes ha reiterado que el FOMAG “es una conquista histórica del magisterio” y que las críticas deben centrarse en “mejorar los controles y no en desmontar el sistema”.

Sin embargo, la postura contrasta con su propio discurso de años anteriores. En 2019 y 2020, la federación destacaba el FOMAG como un “modelo ejemplar” que garantizaba acceso y calidad en salud. Hoy, el mismo sindicato denuncia fallas en la red prestadora, cobros inflados y auditorías “sin resultados claros”.

La contradicción evidencia que el problema ha dejado de ser coyuntural para volverse estructural.

Las causas del deterioro

Los distintos informes y declaraciones coinciden en al menos siete factores que explican el mal funcionamiento del FOMAG:

1. Crecimiento desbordado del gasto: los costos médicos y judiciales superan la capacidad presupuestal del Fondo.
2. Modelo de pago ineficiente: la contratación por evento ha generado sobrecostos y facturación excesiva.
3. Red privada fragmentada: el 76 % de los prestadores son externos, muchos sin habilitación vigente.
4. Controles débiles: los procesos de auditoría y supervisión son insuficientes.
5. Descoordinación institucional: el Consejo Directivo no sesiona de forma permanente.
6. Opacidad financiera: los reportes entre Fiduprevisora, FOMAG y Ministerio de Educación no siempre coinciden.
7. Conflictos de interés: la doble función de Fecode como beneficiario y decisor del modelo genera tensiones en la gobernanza.

Posibles ajustes y debates en curso

El Gobierno nacional planteó la posibilidad de trasladar parte de la gestión del Fondo a la ADRES, con el propósito de centralizar los giros y fortalecer la supervisión estatal. Entre las alternativas en estudio también se encuentra la creación de un tarifario nacional regulado y la realización de auditorías independientes sobre los contratos de salud.

Por su parte, Fecode manifestó su interés en mantener el esquema actual de operación del FOMAG y en que el Estado asuma el pasivo prestacional y los incrementos derivados de la inflación.

Las discusiones entre las partes buscan establecer un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del Fondo y la protección de los derechos adquiridos del magisterio. El debate continúa abierto en torno a los mecanismos más adecuados para garantizar eficiencia, control y continuidad en la atención de los docentes afiliados al sistema.