Colombia está en una coyuntura crucial para la transformación de su sistema sanitario. Debido a la complejidad del asunto, se presentó una ponencia alternativa bajo el liderazgo de las senadoras Ana Paola Agudelo, Norma Hurtado y Lorena Ríos. Esta propone modificaciones específicas para garantizar el acceso equitativo, la sostenibilidad financiera, la territorialización de la prestación y la formalización del talento humano. La iniciativa surge en respuesta directa a los desafíos detectados en la reforma general, que se encuentra reflejada en el Proyecto de Ley 410 de 2025 e incluye también los Proyectos 312 y 135 de 2024. Su objetivo es replantear cómo el Estado garantiza y distribuye los servicios sanitarios.

Ponencia alternativa: propuesta concreta y eje del debate

El documento, radicado el 22 de septiembre de 2025, surge como ponencia alternativa frente a la iniciativa original del Gobierno. Su objetivo principal es ofrecer soluciones estructurales a problemas históricos del sector, como la sostenibilidad financiera, la desigualdad en el acceso y la precarización laboral.

Aseguramiento social y eliminación de la intermediación financiera

Uno de los ejes centrales es la creación de un modelo de aseguramiento social y comunitario que reemplace la intermediación tradicional de las EPS. Según el articulado, el sistema deberá “asegurar que toda la población tenga acceso equitativo, oportuno y eficaz a los servicios de salud y a los medicamentos contemplados en el Plan de Beneficios en Salud, sin importar su condición o características personales”. El diseño busca un acceso más directo a los recursos y servicios, eliminando cuellos de botella que hoy concentran deudas y retrasos en la cadena de pagos.

Gobernanza y participación vinculante

La ponencia propone un Consejo Nacional de Salud con carácter vinculante, dotado de funciones decisorias para reforzar la participación de pacientes, sociedades científicas, gremios y entidades territoriales. En las mesas de discusión se señaló que “un Consejo que solo recomienda carece de poder real”. Además, se enfatiza el fortalecimiento de las secretarías de salud departamentales y municipales como actores clave en la articulación de redes integradas.

Atención Primaria en Salud (APS) como eje organizador

La propuesta coloca a la APS como puerta de entrada obligatoria al sistema, con los Centros de Atención Primaria (CAPS) coordinando la prestación de servicios y la referencia a niveles superiores. El documento afirma que “la APS será el primer contacto del ciudadano con el sistema, con capacidad resolutiva en más del 70 % de los casos”, destacando la necesidad de ampliar la formación de médicos familiares y equipos básicos, especialmente en zonas apartadas.

Manejo de recursos y control fiscal

La ponencia plantea que la ADRES asuma la gestión directa de pagos y auditoría, pero advierte sobre los riesgos de concentración de funciones: “La ADRES concentra funciones que deben controlarse entre sí, como pago, ordenación del gasto y auditoría”. Para mitigarlos, se propone un Sistema Público Unificado Interoperable en Salud (SPUIS), que permita trazabilidad en tiempo real y auditorías concurrentes. Representantes de organismos de control insisten en que “la entidad que administra o paga los recursos no debería ser juez y parte”, reclamando auditorías externas e independientes.

Talento humano y régimen laboral especial

La ponencia identifica la precarización laboral como un problema estructural. Según el documento, más del 70 % del personal en salud trabaja bajo órdenes de prestación de servicios, con demoras en los pagos de hasta 180 días. La propuesta incluye la formalización progresiva del talento humano, estimando que “la formalización completa del talento humano en salud requeriría aproximadamente $9 billones adicionales”. Además, prevé la creación de un régimen laboral especial, escalas salariales mínimas por profesión y la posibilidad de que la ADRES pague directamente la nómina. Organizaciones sindicales subrayaron que “terminar con la tercerización es una urgencia impostergable”, reclamando un enfoque diferencial, dado que el 80 % del sector está compuesto por mujeres.

Trámite legislativo y construcción participativa

Hasta septiembre de 2025, el proyecto ha acumulado ocho extensiones legislativas, reflejo de su complejidad política y técnica. La Comisión Séptima destacó que la ponencia se construyó con espacios de concertación con pacientes, defensores del usuario, gremios y académicos. El articulado busca responder a lo que varios intervinientes denominaron “una emergencia humanitaria” en la prestación de servicios. Según los ponentes, el texto “no es una propuesta cerrada, sino una base flexible que deberá ajustarse con evidencia y diálogo”, garantizando que las reformas respondan a las necesidades reales de la población.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que agrupa a más de 23 agremiaciones médicas y de profesionales de la salud, manifestó su respaldo a la ponencia alternativa del proyecto de reforma a la salud y solicitó al Gobierno nacional analizarla desde una perspectiva técnica y jurídica.

Agamenón Quintero, presidente de la ACSC, dirigió una carta al representante Alfredo Mondragón y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que los invitó a revisar el contenido del proyecto sustitutivo impulsado por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo.

“Los quiero invitar respetuosamente a leer lo que propone la ponencia alternativa para la reforma a la salud, con el fin de que se informe correctamente a los ciudadanos y sin sesgos lo que esta iniciativa plantea, dejando de lado narrativas infundadas que solo generan confusión”, expresó Quintero.

El dirigente gremial explicó que, a diferencia de la iniciativa del Gobierno, la propuesta alternativa “promueve la formalización de todos los trabajadores de la salud, acoge las normas que existen y obliga su cumplimiento frente a los trabajadores del sector, tanto públicos como privados”.

Según Quintero, la ponencia en discusión mantiene el marco jurídico vigente y elimina los riesgos derivados de otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para crear un régimen especial en materia de salud. “Continuar, como pretende la reforma del Gobierno, con la propuesta de entregar facultades especiales al presidente es discutible, pues hay que revisar la afectación de derechos constitucionales, fundamentales y legales, empezando por el artículo 150 de la Constitución Política”, sostuvo.

Durante su intervención en la audiencia pública de la Comisión Séptima del Senado, Quintero insistió en que dicho artículo debía ser retirado del texto gubernamental por considerarlo “inconstitucional”. En la carta señaló que “fue un acierto eliminar esas facultades, manteniendo el Estado social de derecho y haciendo las cosas de forma correcta y acorde con la Constitución Política de Colombia”.

Quintero reiteró que el propósito de las sociedades científicas no es oponerse al cambio, sino garantizar que las transformaciones del sistema de salud se realicen con criterios de sostenibilidad, legalidad y respeto por los derechos laborales.

Reforma general: contexto para la ponencia

La reforma, representada por el Proyecto de Ley 410 de 2025 y acumulados, plantea un marco estructural amplio:

• Redefinir el papel del Estado como rector y garante del derecho a la salud.
• Mejorar la sostenibilidad financiera, la cobertura y la calidad de los servicios.
• Consolidar la red pública hospitalaria y fortalecer la APS.

En el debate fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recordó que el sistema pasó de cubrir al 29 % de la población en 1995 al 99 % en 2025, y enfatizó que “Colombia requiere un cambio estructural en el modelo de salud que garantice el acceso al derecho fundamental a la salud de manera sostenible”.