Aborto, una mirada desde la mortalidad materna

El aborto siempre ha estado sujeto al debate, a los pro y contra. Sin embargo, los condicionantes a los que se enfrentan muchas mujeres y las barreras de acceso en la atención en salud y la falta de educación en temas concernientes a la prevención han hecho que la mirada se vuelque al impacto que han tenido las prácticas de abortos inseguros sobre la mortalidad materna.

Se estima que a nivel mundial de los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, de los cuales, 46 millones, es decir, el 58 % terminan interrumpiéndose. De estos, 19 millones se producen en países donde el aborto es ilegal, lo que lleva a las mujeres a recurrir a practicar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente 67 000 mujeres mueren por abortos mal practicados, lo que equivale al 13 % de la mortalidad materna. Las consecuencias de esto son amplias: en todo el mundo, siete millones de mujeres terminan hospitalizadas por este tipo de abortos, según la OMS. En América Latina tres cuartas partes de todas las interrupciones del embarazo voluntarias se realizan de manera insegura. Además, el 10 % de las muertes maternas en la región son culpa de estas prácticas.

Según la OMS, “los avances médicos y de las tecnologías seguras y eficaces, y la capacidad para realizar abortos inducidos en particular, podrían eliminar en su totalidad los abortos inseguros y las muertes relacionadas, siempre y cuando exista un acceso universal a estos servicios”.

En los países en donde el aborto legal está restringido, es decir que a pesar de que es legal, el sistema de salud no provee el servicio, o este se dificulta o existen barreras de acceso al mismo, el aborto inseguro constituye un problema de salud pública grave, no solo por la magnitud de la ocurrencia sino por sus repercusiones en la salud de las mujeres y en la mortalidad materna. En estos contextos, los abortos que cumplen con los requisitos de seguridad se convierten en el privilegio de las mujeres con mayores recursos económicos, mientras que, las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que la de acudir a personas no capacitadas en lugares no seguros, que pueden provocar secuelas y, hasta la muerte.

En el caso de Colombia, la mortalidad materna temprana aumentó un 50 % durante la pandemia en Colombia, “las barreras para acceder a abortos seguros son una de las causas que provocaron la muerte por hemorragias a 405 mujeres”, informó el Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes.

Luis Jorge Hernández, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, argumenta que la hemorragia uterina es la primera causa de muertes maternas en el mundo y está relacionada con los abortos inseguros.

En los casos registrados, la mayoría de mujeres eran indígenas, habitantes de zonas rurales y pertenecientes al régimen subsidiado. Una situación que resulta en un deterioro de la salud pública y reafirma la idea de la dificultad que existe para acceder a una Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), cuando no se vive en las ciudades, se pertenece a una etnia o no se hace parte del régimen contributivo.

Los decesos de mujeres extranjeras, en su mayoría venezolanas, también preocupan: se pasó de cuatro muertes en 2018 a 43, en 2020. Más del 10 % de los partos en Colombia son de mujeres provenientes de este país.

En Bogotá, la ciudad donde existe mayor acceso, también se muestra la disminución de IVES, según Bogotá Cómo Vamos: En mujeres de 20 a 24 años se pasó de 208 interrupciones, en 2019, a 100 en 2020. Y en mujeres de 25 a 29 años, se pasó de 145 a 80, en el mismo periodo.

Según el estudio de la Universidad de los Andes, las barreras de acceso están relacionadas con que aún hay personal de salud que tiene mitos alrededor del tema, muchos hospitales y clínicas son confesionales y son más bien pocos los lugares donde las mujeres pueden acceder, no hay rutas de orientación y se plantea una serie de demoras como exámenes para que la gestante desista de su decisión.

Por eso resulta comprensible que la mayoría de IVES en Bogotá, por ejemplo, se realicen en fundaciones privadas, donde con dificultad pueden acceder las mujeres de poblaciones más vulnerables, pues una IVE termina costándoles entre 300 000 y 500 000 pesos. Vale la pena aclarar que el procedimiento hace parte del PBS.

Profamilia, entidad privada que presta el servicio y hace pedagogía de educación sexual, realizó el Estudio I-Share, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y encontró que el 29 % de las mujeres que necesitaron un aborto durante la pandemia experimentaron obstáculos para acceder a él. De ellas, el 8 % enfrentó barreras interpuestas por la IPS, otro 8 % dijo que no pudo acceder durante las medidas más restrictivas por el COVID debido a la falta de medios de transporte para llegar donde le realizarían el procedimiento y un 5 %, que no pudo hacerlo debido Al temor de contagiarse al asistir a un centro de salud.

Para Juan Carlos Vargas, Asesor Científico de Profamilia: “estas razones pusieron en riesgo a la población gestante por falta de acceso a servicios médicos enfocados en salud sexual y reproductiva y pudieron incidir en el aumento de la mortalidad materna por efectos de la pandemia”.

Según el Ministerio de Salud, la línea de promoción, “reúne las acciones que deben liderar los entes territoriales convocando los diferentes sectores, las instituciones y la comunidad, para desarrollar proyectos dirigidos a la generación de condiciones, capacidades y medios necesarios para que los individuos, las familias y la sociedad logren intervenir y modificar los determinantes sociales de salud”.

Frente a ello, se conoce que una de las principales demoras se dan con relación a la consolidación de una cultura saludable basada en valores, creencias, actitudes y relaciones que permita lograr autonomía individual y colectiva para identificar y realizar elecciones positivas en salud en todos los aspectos de la vida. La línea incluye acciones de formulación de políticas públicas, movilización social, generación de entornos saludables, generación de capacidades sociales e individuales, participación ciudadana y educación en salud.

En cuanto a la gestión del riesgo en salud, la entidad argumenta que esta “comprende las acciones que deben realizar las entidades públicas o privadas de salud sobre una población específica para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo”. Estas acciones hacen parte de un enfoque estructurado para el manejo del riesgo en salud, a través de una secuencia de actividades que incluye identificación, evaluación, respuesta. Esta línea incluye acciones de gestión diferencial como análisis, planeación de la atención, calidad de la atención, modificación, coordinación administrativa y técnica de servicios y vigilancia de los riesgos en salud.

Retos de la política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

En el país se han dado significativos cambios sociales que han dado espacio a acciones de promoción, abordaje, exigibilidad y garantía de los derechos sexuales, situación que ofrece ventajas, pero que también exige al estado construir políticas, propuestas y líneas de acción sobre la sexualidad y la reproducción fundamentadas en la solidaridad, el bienestar y el desarrollo humano sostenible.

La actualización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR) se estructura a partir de los postulados del Plan Decenal de Salud Pública y propone definir la sexualidad como una dimensión prioritaria para las acciones en salud pública, dado su reconocimiento como una condición esencialmente humana que compromete al individuo a lo largo de todos los momentos del ciclo vital, lo que permite sustraerla de la mirada exclusivamente biológica o médica, para también abordarla desde lo social, con todos sus determinantes dentro de un marco de derechos.

Otra condición recogida del PDSP, se relaciona con la superación del paradigma prevalente sobre el cual gravitaba la salud sexual, asociada a las patologías que la afectan, posición que ha restringido logros sustanciales, para que la población colombiana, independientemente de su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, cultural, situación económica o nivel educativo, la viva plenamente dentro de un marco de derechos.

Otras formas de conculcación de derechos ocurren en grupos poblacionales que se encuentran inmersos en las condiciones de vulnerabilidad como en las personas con discapacidad, privadas de la libertad o en custodia; así como para los habitantes de calle, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, víctimas del conflicto armado y desplazamiento. Estos grupos por diversos factores encuentran limitación grave para el disfrute de la sexualidad o la reproducción y estas condiciones inducen el señalamiento sobre la necesidad permanente de aplicación del enfoque diferencial en los procesos de atención a la salud sexual que permitan la consideración de necesidades específicas.