MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 282 MARZO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Desde el mes de septiembre, 21 agentes representativos del sector salud como: GestarSalud, Acemi, Acesi, la ACHC, Afidro, que incluye EPS, IPS, proveedores, y comunidad científica, han venido trabajado en una propuesta que haga apunte hacia una mayor sostenibilidad del sector en lo que han denominado el ‘Acuerdo Vital’, y que se suma de cierta forma a otras propuestas que desde la sociedad civil se vienen estructurando de cara al nuevo gobierno.
En esencia la iniciativa Acuerdo Vital es un esfuerzo no gubernamental que busca identificar y diseñar propuestas para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud en el mediano y largo plazo y fue un proceso de construcción colectiva durante cuatro meses, buscando propuestas a partir del diálogo entre agentes clave del sistema, y con el acompañamiento técnico de ANIF. El trabajo se enfocó en la construcción de propuestas que aporten a la sostenibilidad financiera del sistema de salud, bajo el convencimiento de que así será posible avanzar en el desarrollo de los principios rectores del sistema: universalidad, solidaridad, eficiencia, integralidad, unidad y participación. La intención es que a partir de este esfuerzo inicial, y de los temas en que se avanzó, sea posible abordar otros temas clave en los que hay que ahondar en profundidad, como la lucha contra la corrupción, la mejora de las condiciones del talento humano en salud y la calidad de los servicios.
Para el “Acuerdo Vital” la sostenibilidad del sistema debe ser consecuencia del abordaje de varios aspectos que generan dificultades financieras al sector, partiendo del reconocimiento de que el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, regulado mediante la Ley Estatutaria de 2015, constituye un propósito esencial para orientar las políticas y acciones en salud, manteniendo como centro del sistema de salud al paciente.
De igual forma, los participantes de “Acuerdo Vital” coinciden en la necesidad de garantizar la autonomía médica, la cual deberá ser ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica.
Como insumo para la propuesta del “Acuerdo Vital” se tuvo en cuenta la propuesta realizada por ANIF y dada a conocer hace algunas semanas sobre la situación financiera del sistema y escenarios a futuro que incluyen los cambios demográficos del país, el aumento de la cobertura y la demanda de servicios, y la innovación tecnológica, así como la proyección de las fuentes de ingreso que financian el sistema. este análisis muestra que se espera que para el año 2035 el gasto en salud de Colombia se ubique entre el 8,6% y el 9,6% del PIB, dependiendo de las medidas que se tomen sobre Eficiencia del gasto.
Dos temas claves para mencionar: la importancia de avanzar con claridad en una senda de largo plazo para el sistema de salud y la necesidad de que, a pesar de todos los esfuerzos que se deben en el sector, también es esencial seguir en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
En líneas generales se presentaron 28 propuestas que luego de ser analizadas y discutidas se redujeron a ocho en las que se llegó a consensos.
Fortalecimiento del autocuidado y diagnóstico temprano, para eso se propone avanzar en el proyecto de historia clínica electrónica a nivel nacional, donde no solo se sistematizaría la información clínica, sino que se podría hacer la consulta por parte de los médicos tratantes en cualquier zona del país de los exámenes paraclínicos y diagnósticos, evitando un desgaste del paciente y logrando oportunidad en la atención. Por otro lado, avanzar en incentivos para el autocuidado a través de intervenciones efectivas no punitivas a través de actividades de promoción y prevención que adelanten los diferentes agentes del sector, promuevan el autocuidado, modifiquen factores de riesgo y estimulen factores protectores de la salud.
En cuanto al Sistema integrado de información en salud, indican que es importante contar con datos del sistema de salud que permitan evaluar su funcionamiento y generen trazabilidad y transparencia respecto a variables relevantes para la toma de decisiones. Esta propuesta busca, a través de un sistema unificado de información, estandarizar los distintos procesos de atención en cada una de sus etapas, con el fin de monitorear el desempeño de los diferentes procesos de atención en salud.
En el saneamiento de las deudas, se reconoce que existen deudas importantes entre los agentes, públicos y privados, sobre las cuales no hay una interpretación compartida. Se propone evaluar el estado actual de saneamiento de las deudas para llegar a una conclusión, entre todos los agentes sobre cuál es la deuda pendiente y con eso definir el plan de saneamiento que incluya a todos los eslabones que intervienen en la prestación de servicios de salud. El plan que se establezca deberá definir acciones concretas que eviten que esa situación se repita.
Se plantea un cálculo actuarial para la definición de la UPC, que si bien para 2022 incluyó ajustes importantes a la metodología, se debe continuar trabajando en la transparencia frente a los métodos utilizados. Esto incluye una evaluación permanente para mejorar la recolección y reporte de información base para los cálculos actuariales y la adopción de nuevos métodos de ajuste de riesgo basados en condiciones de salud que permitan un mejor acceso a los servicios de salud, cumpliendo con las necesidades de los usuarios. Eso implica avanzar en la unificación de las tecnologías y servicios UPC y no UPC bajo una única gran prima.
Dentro de las propuestas restantes se encuentran la unificación de una línea de atención de denuncias de corrupción en salud, que funciones como un canal único de denuncias que garantice protección al denunciante y permita hacer seguimiento a los procesos y que tenga línea directa con las entidades competentes. Fortalecer el IETS para que pueda cumplir con su rol como generador de evidencia para la toma de decisiones en salud pública. Fortalecer los procesos tecnológicos en el sector salud con tecnologías para avanzar en telemedicina. Y finalmente, crear jueces de tutela en salud, que permita ampliar el conocimiento de los jueces sobre el sistema de salud para que emitan fallos que consulten el concepto científico.
Se espera que el “Acuerdo Vital” sea un escenario de diálogo y construcción sectorial para los agentes no gubernamentales del sistema.
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