Situación nutricional y acceso al agua potable inciden en salud de los niños en La Guajira

El departamento de La Guajira ha mostrado un deterioro de las condiciones de vida y seguridad alimentaria de sus habitantes a partir de la pronunciada sequía de 2014, que originó la declaratoria de calamidad pública por parte de la Gobernación. Con el paso de los años, la situación no ha mejorado, el bajo acceso y calidad de los servicios sociales, el bajo desempeño económico, la debilidad institucional y el deterioro ambiental han afianzado esta situación. Las comunidades indígenas y, en especial, los niños y adolescentes han sido los más afectados.

En 2020, 65 niños y niñas fallecieron en La Guajira por causas prevenibles asociadas a la ausencia de agua potable. En los primeros cinco meses del 2021, según el Dane, habían muerto 18 menores de edad.

A su vez, la Corte Constitucional había tenido en cuenta las cifras referidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había reportado 4 770 decesos de niños por desnutrición o enfermedades asociadas, en un lapso de ocho años. De acuerdo al análisis estadístico, la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada, necesidades básicas insatisfechas y barreras a los servicios de salud en la primera infancia.

En este contexto, se han proferido decisiones judiciales en favor de los derechos a la salud, acceso al agua y alimentación de los niños y adolescentes del pueblo wayuus. En estas se le ha ordenado al Gobierno nacional, en articulación con los gobiernos territoriales, tomar medidas para resolver las necesidades inmediatas de la población, así como para superar en el mediano y largo plazo las condiciones estructurales que han generado la vulneración de sus derechos.

Con este propósito, el documento CONPES 3944 pone a consideración una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones para impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas y la población de La Guajira, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez. Esta estrategia responde a los requerimientos de las Sentencias T-466 de 2016 y T-302 de 2017 sobre la garantía de los derechos de la niñez wayuus, y extiende su aplicación a todas las comunidades indígenas y la población.

Según el Consejo Nacional: “Se asumieron las competencias en la prestación del servicio de educación en el distrito de Riohacha y los municipios certificados de Maicao y Uribia; las competencias de alimentación escolar en los doce municipios no certificados y en los tres certificados; y las competencias de agua potable y saneamiento básico en los municipios descertificados de Manaure y El Molino”.

Asimismo, se enfatizó en el documento que “la estrategia se desarrolla a través de catorce líneas y 157 acciones establecidas para el periodo 2018-2022, dirigidas a aumentar la articulación, acceso y calidad de los servicios sociales; dinamizar la economía tradicional y regional; fortalecer el estado a nivel local y las formas de gobierno propio de las comunidades indígenas, y recuperar el capital natural y los ecosistemas del territorio”. Su costo indicativo fue de 1.77 billones de pesos.

La problemática

En el departamento de La Guajira la cobertura de acueducto llega apenas al 5 % en zona rural, de acuerdo con la información del Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; mientras que, en el resto del país alcanza el 32 %. Además, el aseguramiento en salud y en educación básica es inferior al promedio nacional: 84,3 % frente a 94,4 % y 93,9 % frente a 101,5 %, respectivamente. Estas deficiencias se manifiestan en una elevada tasa de mortalidad por desnutrición. La debilidad económica e institucional y el cambio climático han incrementado las dificultades para superar la escasez de agua, producir mayor cantidad y variedad de alimentos, así como para reducir afectaciones en términos de salud y nutrición.

Pero además, hay factores institucionales que inciden en la situación nutricional y en el acceso al agua potable, a la salud y a la seguridad alimentaria de la primera infancia en el departamento. Frente a ello, son varias las inquietudes. ¿Cuál es la capacidad institucional de los diferentes niveles de gobierno (central, territorial y autoridades indígenas) en la atención asociada a la desnutrición, el acceso a agua potable, a la salud y a la seguridad alimentaria de la primera infancia? ¿Qué fortalezas, debilidades y obstáculos se identifican? ¿Cómo es el grado de articulación entre las entidades del nivel nacional y entre entidades del nivel nacional con entes territoriales y autoridades indígenas, en la entrega de bienes y servicios asociados a la nutrición y al acceso a agua potable, a la salud y a la seguridad alimentaria?

Para dar respuesta a estos interrogantes, se analizaron los estudios de resultados expuestos por el Departamento Nacional de Planeación- DNP en la “Evaluación institucional de las estrategias implementadas por las diferentes entidades y actores que hacen presencia en la guajira; y una evaluación de impacto de la modalidad 1 000 días para cambiar el mundo que permita medir los resultados generados en la población beneficiaria”.

Los principales resultados con relación a la articulación interinstitucional entre entidades nacionales, y la capacidad institucional de las gobernaciones y municipios, y percepción de las autoridades indígenas sobre la oferta y su socialización, muestran que la oferta responde a necesidades específicas con baja integración; alcance intercultural diferencial y no sostenible; con dificultades en la disponibilidad y calidad de la información para la toma de decisiones; la articulación institucional se da entre entidades actores con incidencia mutua en su gestión; sin embargo, para las autoridades indígenas son pocos los avances en coordinación, articulación y efectividad; los recursos institucionales son limitados para cumplir con sus funciones y en la mayoría de las entidades no se han requerido cambios para responder a lo definido en la Sentencia T302 de 2017. Se perciben límites en el entendimiento intercultural entre la institucionalidad y las comunidades indígenas, en particular con los WayuuS.

Los resultados del componente de impacto se organizan en cuatro áreas: mejoramiento nutricional, complementación alimentaria, hábitos de vida saludables y fortalecimiento familiar. Con respecto a la primera, se encontró que hay mejores resultados en otras modalidades que en la evaluada (con excepción en mujeres gestantes); existe una percepción de ganancia de peso en los niños y niñas, por parte de las familias y los equipos interdisciplinarios; los resultados no son sostenibles en el tiempo al momento de egresar. En la segunda, con respecto al alimento listo para el consumo, se presentó alguna resistencia para su uso; la ración familiar para preparar tiene buena aceptación, pero al ser repartida en familias numerosas, su disponibilidad se agota antes de tiempo; la bienestarina es el alimento mejor aceptado. En general, la complementación alimentaria cuenta con buena percepción y aceptación.

En relación con los hábitos de vida saludables, se trataron temas de higiene y la manipulación y conservación de alimentos; pero para lograr hábitos adecuados de limpieza e higiene, es fundamental el acceso al agua potable, lo que es una limitante. Se tiene una buena percepción de los talleres y lo que se indica sobre los hábitos y entornos protectores. A pesar de esto, se concluye que la modalidad no ha tenido los efectos esperados sobre el mejoramiento nutricional de los beneficiarios, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo.

En este sentido, y frente al impacto de las estrategias, José Silva, director de la ONG Nación Wayuus, señala que no ha habido una acción concreta del estado para retomar acciones que cumplan con la sentencia T302 que declaró en 2017 el estado de cosas inconstitucionales. “Se dispara cada día más, el hambre, las necesidades y la negligencia estatal no colabora mucho”, indicó Silva.

Asimismo, Nación Wayuus afirma que “en los territorios de La Guajira no ha sido posible evitar la muerte de niños por física hambre y sed, a pesar de numerosos diagnósticos, debates, advertencias, fallos y órdenes de los más altos tribunales del país para atender esta problemática”.

Y agregan que “todas esas normas parecen haberse violado y las órdenes que han emitido las altas cortes, tal como la Sentencia T-302, han sido desconocidas y desacatadas por el estado colombiano y sus instituciones garantes”.

Recomendaciones de los expertos

Las recomendaciones de los expertos de los Sistemas Especializados de Información (SEI ) y Economía urbana, firma especializada, resumen que para el componente institucional: “Es necesario establecer lineamientos para la construcción y diseño de oferta en el territorio, en la que se involucre a las entidades territoriales y a las autoridades indígenas como actores principales del proceso en sus territorios. Además, hay que modificar el modelo de articulación que ha utilizado el gobierno de tal forma que se logre dar respuesta a las órdenes de la corte y entregar una oferta integral articulada; fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales, en especial, las capacidades de las Secretarías o Dependencias de Asuntos Indígenas y fortalecer los procesos de diálogo intercultural entre los funcionarios del nivel nacional y territorial y los representantes indígenas, para lo cual se sugiere que haya un proceso de coordinación directamente con las autoridades de los territorios étnicos y de esta forma garantizar su participación en un diálogo horizontal tendiente a lograr el entendimiento entre las partes que permita superar las limitaciones que implica el monolingüismo de las autoridades”.

Adicionalmente, agregaron que las principales recomendaciones del componente de impacto son: rediseñar la modalidad y adaptarla de acuerdo con las condiciones particulares del departamento en términos de sus mecanismos de acción; buscar estrategias para lograr una articulación más efectiva entre los programas del ICBF; fortalecer la articulación entre el ICBF y las entidades territoriales de La Guajira para la implementación de estrategias que atiendan factores estructurales que inciden en el desarrollo nutricional de la pr