MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 282 MARZO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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La frase manida de que Colombia es un país sin memoria parece confirmarse con una ironía dolorosa en el sector de la salud. El anuncio realizado por el agente interventor de Cafesalud y Cruz Blanca de que por insuficiencia de recursos no es posible cancelar la totalidad de la deuda de estas dos EPS, ya liquidadas, ratifica una realidad denunciada desde hace años, que son los hospitales y clínicas del país quienes apalancan el funcionamiento del sistema, puesto que las atenciones se realizan, los pacientes se atienden, pero bajo el modelo actual, el pago correspondiente a esos esfuerzos siempre es un misterio.
El anuncio resulta ser por lo menos nefasto, y tiene más implicaciones de los alcances en los estados financieros de las IPS, que de entrada ya son un problema nada menor.
El primero de ellos es la pérdida de confianza en el sistema. El modelo adoptado en Colombia con la Ley 100 se basa en el equilibrio de una triada: estado, EPS y prestadores, donde cada uno tiene unas responsabilidades bien definidas por una reglamentación que determina casi todas las cosas que se pueden y deben hacer, normas hay suficientes, incluso a veces más de las necesarias, pero se supone que existe una claridad sobre el quehacer de cada actor. Sin embargo, cuando uno de estos pilares falla de manera constante, el equilibrio se pierde y se hace muy difícil que en un modelo enmarcado dentro de la lógica del libre mercado, marche como debe ser, o por lo menos, desde la lógica de su creación.
Los casos de Cafesalud y Cruz Blanca no son los únicos que se han dado en el país donde las EPS que por razones diversas, malos manejos internos o incapacidad técnica, se retiran del sistema, ya sea por voluntad propia, o por medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud luego de agotar las instancias de salvamento, dejan deudas insolutas que en última instancia solo afectan a proveedores y prestadores. Sin ir más lejos, Saludcoop aún tiene deudas, Caprecom pese a los esfuerzos del gobierno no canceló todas sus acreencias, y la lista podría seguir.
El asunto es que cuando este fenómeno se repite la primera consecuencia, como ya se dijo, es la pérdida de confianza de uno de los actores frente a los restantes. Frente a los aseguradores porque siempre existirá la duda sobre la capacidad para responder por los servicios que se le prestan, pero también frente al estado, que ha mostrado no contar con las herramientas suficientes para respaldar una intermediación que ha sido delegada por él mismo sobre unos agentes que se comportan desde la óptica de lo privado, y que por lo tanto a veces giran como ruedas sueltas.
En esa amplia normatividad que se ha expedido en el sistema, ha faltado la creación de un fondo de salvamento, o una herramienta que permita exigir a las EPS antes de su retiro el saneamiento total de sus deudas. Pero también ha faltado una mano más dura que exija oportunidad de los pagos por servicios prestados. Existen normas al respecto que no se cumplen, porque la cartera corriente, en el sistema de salud, se envejece y termina engrosando deudas que al final resultan impagables.
Pero hay otra consecuencia de este fenómeno ya reiterativo y es que ante los ojos de todos se germina la que puede ser una falla sistémica, en la medida que el deterioro de las finanzas de hospitales y clínicas no será soportable eternamente.
Si a los anuncios de la imposibilidad de pago por parte de Cafesalud y Cruz Blanca, se le suma los de la liquidación de Coomeva y Medimás, nos deja ante una perspectiva que no puede ser optimista. En estos dos nuevos casos, el procedimiento normativo será el mismo, una liquidación que implicará revisión de facturas, reconocimientos, revisión de activos, apelaciones, y demás acciones administrativas, pero la pregunta de fondo es: ¿se pagará toda la deuda, o después de algunos años se anunciará que no fue posible y solo se cancelará una parte?
Este año un nuevo congreso tendrá la responsabilidad de formular una reforma al sistema de salud, y dentro de sus consideraciones debe tener en cuenta casos como los señalados ya sea para que se adopten las normas que impidan que el problema siga repitiéndose, o para que bajo un nuevo modelo los equilibrios entre actores, sean estos los que sean, se cumplan a cabalidad.
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