MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 56   MAYO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Ex Auditor de la República estructurará

Superintendencia de la Protección Social
El abogado quindiano César Augusto López Botero, asumió el reto de crear y poner a funcionar la nueva organización de la Superintendencia de la Protección Social, que comenzaría a operar en junio próximo con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control de las entidades a cargo de las superintendencias de Salud y de Subsidio Familiar.
Patricia Ossa Ocampo -Periodista Medellín elpulso@elhospital.org.co

Con la misión de vigilar 20 billones de pesos en recursos correspondientes a la salud y las cajas de compensación familiar, nace la nueva Superintendencia de la Protección Social, que se espera pueda comenzar plenamente su funcionamiento a partir del próximo mes de junio, bajo la dirección de César Augusto López Botero, quien se posesionó como Superintendente de Salud a mediados del mes de abril y fue encargado simultáneamente de la Superintendencia de Subsidio Familiar.
El nuevo Superintendente de Salud se gradúo en 1984 como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y adelantó en Manchester (Inglaterra) un posgrado en Economía y una maestría en Desarrollo Económico. Durante lo que va de su gestión en el sector público colombiano, se desempeñó durante 13 años como Director Jurídico del Ministerio de Hacienda y su cargo más reciente fue el de Auditor General de la República, el cual dejó para pasar a la Superintendencia donde reemplaza a la experta en finanzas Lucía Villate París, quien presentó su renuncia al cargo el 24 de febrero del presente año pero sólo le fue aceptada el 19 de marzo anterior.
Una super Superintendencia
La intención del Ministerio de la Protección Social es fusionar la Superintendencia de Salud con la de Subsidio Familiar, para que surja de ellas una institución fuerte al frente de la supervisión de las instituciones relacionadas con la salud, el subsidio y en general de todo el sistema de la protección social, con excepción de lo que ya está manejando la Superintendencia Bancaria, es decir, pensiones y riesgos profesionales.
Según el último resumen comparativo disponible de la Superintendencia del Subsidio Familiar, esta entidad vigila los recursos de las empresas aportantes a las 55 cajas de compensación familiar del país, cubriendo así a 3'371.228 trabajadores afiliados. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud está encargada de la supervisión de más de 400.000 entidades, entre Empresas Promotoras de Salud, Empresas Solidarias de Salud, EPS Indígenas, entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada, empresas de servicio de ambulancia prepagada, cajas de compensación familiar, Empresas Sociales del Estado, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, municipios y distritos, compañías de seguros, licoreras departamentales, productoras de cerveza, productores privados de licores, concesionarios de licores, un fondo de cuenta, concesionarios de apuestas permanentes, loterías y sorteos extraordinarios, administradoras del régimen subsidiado y empleadores. Lo anterior significa que la Superintendencia de la Protección Social vigilará las más de 400.000 entidades, con la diferencia que ahora, deberá supervisar las actividades de las cajas de compensación en las actividades diferentes de la prestación de servicios de salud, es decir vivienda, educación, ahorros y recreación.
El viceministro Técnico de la Protección Social, Jairo Núñez Méndez, afirmó que la fusión de estas dos superintendencias no tiene una intención de ahorro fiscal sino de fortalecimiento de unas entidades débiles que no estaban haciendo su trabajo y que cumplen funciones idénticas, como en el caso de la supervisión de las cajas de compensación familiar que también ofrecen los servicios de salud al régimen subsidiado, que al ser supervisadas por dos entidades diferentes generan duplicación de funciones. La debilidad de las superintendencias no significa que fueran entidades ineficientes sino más bien que, en su estructura y definición, eran débiles y carecían de claridad en sus directrices y de autonomía en sus decisiones. El interés por el mejoramiento en la calidad del control y la vigilancia, se debe a que esta superintendencia tiene en sus manos la enorme responsabilidad de proteger las garantías y la vida de las personas.
Según los encargados de trazar las directrices de funcionamiento para la nueva Superintendencia, la planta de funcionarios vigente no necesariamente se va a disminuir, pero el dato exacto de cuántos empleados saldrán de sus cargos aún no ha sido establecido; aclaran, eso sí, que la reducción de personal en este caso no será estrictamente necesaria, puesto que el objetivo es la calidad y no el ahorro.
Por su parte, el Viceministro Técnico de la Protección Social dice que es fundamental, para que esta entidad pueda cumplir con sus funciones de vigilancia y control, la existencia de un sistema de información en el que se registren todos los balances de las entidades a través de un plan único de cuentas: “La nueva Superintendencia debe ser una entidad que tenga herramientas legales para cerrar las instituciones cuando no estén cumpliendo con sus deberes y este sistema de información debería llevar todos los trances de estas entidades de una forma uniforme, comparable, verificable y además soportado, y deben, a través de este sistema de información, poder hacer el seguimiento a las entidades que no están cumpliendo”.
La debilidad de las instituciones antes mencionadas, ha dado lugar incluso a que se presenten casos de corrupción, como el denunciado recientemente en la Superintendencia de Salud por el Ministerio de la Protección Social. Este foco de corrupción implica a funcionarios de la Superintendencia de Salud con la complicidad de algunas empresas privadas, en el cambio de resoluciones de sanción, falsificando las firmas de algunos funcionarios de la Superintendencia; el caso fue denunciado por el Ministerio ante la Fiscalía y la Procuraduría. A propósito de los cambios profundos que se avecinan para el fortalecimiento de la entidad, el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, instó a las empresas privadas a que no entren en este juego y no permitan la comisión de dicho tipo de fraudes.
Además, el mismo ministro afirmó que la labor de vigilancia de la nueva superintendencia debe empezar por casa, porque será una de las superintedencias más importantes, no sólo por el monto de los recursos que vigilará sino porque a partir de las medidas que actualmente se están tomando en su proceso de concepción, harán que ésta sea una entidad muy fuerte con un alto nivel de eficiencia en su funcionamiento.
Ahora solo resta esperar, para conocer las directrices definitivas de lo que será la Superintendencia de la Protección Social, una de las más grandes y poderosas dependencias oficiales, que deberá velar por la buena marcha de todos sus vigilados, para beneficio de todo el sistema de protección social que está naciendo.

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