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Los
expertos en sistemas de salud en el mundo reafirman que un
nuevo sistema necesita por lo menos de unos 15 años
para madurar y empezar a consolidarse, y que esos problemas
comunes a los sistemas, como el financiamiento, la estrategia
de acceso, las coberturas, los planes de beneficios, las limitaciones,
no podían por tanto ser ajenos al modelo colombiano,
conocido como de pluralismo estructurado, que combina propuestas
de origen diverso, tanto propios como foráneos.
En consecuencia directa, el establecimiento del régimen
subsidiado como uno de los componentes fundamentales del sistema
de salud tampoco escapó al proceso, en una situación
agravada porque la destinación de multimillonarias
inversiones de dineros públicos, desató el apetito
más voraz en los agentes del sistema por su posesión
y rendimientos financieros. Los eslabones de la cadena en
el flujo de recursos para financiar el régimen, se
convirtieron en cadena de intermediarios, donde cada quién
procuraba retener en su poder el mayor tiempo posible estos
dineros y sus utilidades.
Dado que la conservación o recuperación de la
salud siempre es un servicio que demanda costos, y dadas las
garantías que ofrecía el régimen para
el acceso al servicio, a veces de alto costo, tampoco faltaron
las personas que, utilizando tráfico de influencias
y haciendo uso de las más creativas formas de corrupción,
se "colaron" en el sistema, hasta aparecer incluso
los "ricos" de un pueblo, accediendo a un servicio
pensado para los más pobres.
Propuesta presidencial
La promesa de un cupo en el Sisbén (Sistema de Identificación
y Selección de Beneficiarios) no solo para subsidios
de salud sino para otro tipo de subsidios como vivienda y
educación-, se presta para comprar votos. Un número
significativo de los candidatos a alcaldes, gobernadores,
concejales, diputados, representantes a la Cámara y
presidencia de la república, prometen mejorar el servicio
en el régimen subsidiado y ampliar coberturas, porque
representa una bandera de fácil acogida por la mayoría,
en un país donde la mayor parte de su población
es pobre y vulnerable.
El doctor Álvaro Uribe Vélez, uno de los creadores
de la Ley 100 y por tanto del régimen subsidiado, también
prometió en su campaña presidencial que emprendería
una transformación radical de este régimen,
para que cumpliera verdaderamente sus objetivos de asegurar
y atender a la población menos favorecida. Ahora con
su Ministro de Salud, doctor Juan Luis Londoño, y con
todo un equipo de asesores y expertos en el Ministerio y fuera
de él, emprendió entonces la tarea de optimizar
la operación del régimen subsidiado, empezando
por la expedición del decreto 050 para agilizar el
flujo de recursos, la aprobación de la propuesta de
rediseño en un Acuerdo Marco que busca integrar en
un solo cuerpo normativo las disposiciones regulatorias (con
el fin de garantizar su eficiente implementación y
desarrollo en todo el país, en armonía con las
competencias y asignación de recursos a los entes territoriales
según la Ley 715 de 2001) y la adopción de normas
y proecedimientos adicionales de operación.
Dada la complejidad en la operación del régimen
subsidiado, se propone su rediseño para establecer
mecanismos que corrijan y eviten inconsistencias en el proceso
de afiliación, para mantener condiciones de viabilidad
y de estabilidad de la operación, disminuir gastos
administrativos y una distribución adecuada de los
costos de la atención de los distintos tipos de riesgos,
y garantizar el equilibrio financiero del SGSSS, teniendo
en cuenta el perfil epidemiológico de la población
relevante, los riesgos cubiertos y los costos de prestación
del servicio en condiciones medias de calidad y hotelería,
de acuerdo con la tecnología disponible en el país,
con el propósito de garantizar la adecuada prestación
de los servicios de salud de la población beneficiaria.
Considera además el Acuerdo Marco, que dada la situación
de orden público de algunas zonas del país,
la insuficiente oferta de servicios, el monopolio o ausencia
de administradores y la diversidad cultural de los grupos
étnicos, es necesario establecer condiciones especiales
para la forma y operación del régimen. También,
que el número de afiliados con los cuales operan las
Administradoras del Régimen Subsidiado, sumadas a la
baja capacidad resolutiva de algunas ARS producidas por condiciones
de alta dispersión geográfica, relaciones de
oferta y demanda en algunas regiones apartadas del país,
exigen plantear un esquema de operación regional.
Finalmente, se afirma que es necesario fortalecer la función
de las ARS con el fin de facilitar la continuidad de la afiliación,
hacer más eficientes los procesos administrativos y
garantizar la prestación de los servicios de salud
con calidad a los usuarios, dentro de los lineamientos del
POS-S. Y, por último, que es necesario adoptar medidas
para la correcta aplicación de la asignación
de subsidios a la demanda y la selección de los beneficiarios
por parte de las entidades territoriales.
Los problemas centrales que intentará corregir el nuevo
esquema, se enmarcan principalmente entonces, en la selección
de beneficiarios basada en la enfermedad y no en la clasificación
socioeconómica, las bases de datos no confiables por
presentar duplicidades y otras inconsistencias, la debilidad
administrativa y financiera de algunas administradoras, el
desequilibrio financiero del sistema y de la UPC-S vs POS-S,
el lento flujo de recursos y las dificultades de calidad en
los servicios.
Pero más allá de las opciones para optimizar
la administración y la operación, lo más
importante será que la propuesta aprobada debe garantizar
la atención oportuna e integral a la población
más vulnerable del país, a aquella verdaderamente
necesitada, en un esquema que no fortalezca unos actores en
perjuicio de otros. Que la equidad brille en el sistema, en
proporción a las competencias y derechos de personas
e instituciones en sus diferentes papeles, para que la historia
por contar, pueda mostrar un verdadero avance estructural
en un asunto tan delicado como el derecho a la salud de los
más pobres del país.
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