Luisa
Fernanda Restrepo - Periodista, Medellín
Una serie de barreras para el acceso que limitan y niegan
la atención contemplada en el Plan Obligatorio de Salud
a la que tienen derecho sus afiliados, ha puesto a la EPS
Cajanal en el centro de un debate público que a la
fecha ha implicado una nueva sanción por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud y numerosas denuncias ante
la opinión nacional y los organismos de control.
Hechos como la desaparición de la base de datos de
cerca de 130 mil usuarios en el país o el fallecimiento
de un bebé de 14 días de nacido y una mujer
por no recibir la atención debida, evidencian la crisis
de esta EPS pública que como lo reconoce la subdirectora
Administrativa y Financiera, Martha Inés Villegas,
viene siendo sometida a una sanción de la Superintendencia
de Salud desde 1998 por asuntos como las dificultades que
presenta su sistema de información para garantizar
una adecuada y oportuna atención a los usuarios, así
como también, por la carencia de un plan de contabilidad.
"Cuando fuimos sometidos a la sanción en el 98,
estábamos compensando de manera general, pero la sanción
impuesta nos obligaba a compensar los ingresos o aportes de
nuestros afiliados de manera individual, situación
que se viene haciendo así desde el año 2000.
Asimismo, adoptamos un plan de contabilidad y en este momento
estamos desarrollando todos los procesos y procedimientos
tendientes a establecer el flujo de información contable",
explica Villegas.
Sin embargo y a pesar de estos esfuerzos, un nuevo hecho generó
el escándalo nacional, cuando el pasado mes de octubre,
un número alto de la población afiliada a esta
EPS aparecía como inactiva o desvinculada de esta entidad
y su atención se vio afectada en los términos
concebidos por la Ley.
Voces críticas y diversas entidades como el DAS que
tienen a su población afiliada a Cajanal no se hicieron
esperar, para poner una vez más el dedo en la herida
de una problemática con numerosas aristas.
Para Pedro Rodríguez, presidente del Sindicato de la
Caja Nacional, las grandes irregularidades se están
originando porque no se tiene la tecnología adecuada
que permita contar con una base de datos confiada, a lo que
se le suma que la empresa carece de una organización
interna clara y requiere desde 1999 una reestructuración,
e igualmente presenta una alta deuda con los prestadores de
los servicios de salud, además de la incapacidad que
ha demostrado para controlar la contratación que hace
con las diversas IPS que le atienden a su población
afiliada.
Por su parte, la Subdirectora Administrativa y Financiera
explicó que la resolución del 31 de octubre
de 2001 de la Supersalud, está asociada a la negación
o trabas que se estaban imponiendo a los usuarios para la
prestación del servicio.
"En el mes de octubre y por una medida que tomamos internamente,
que era relacionar nuestro avance de depuración de
la base de datos con el comprobador inicial de derecho que
se le entrega la IPS para prestación de servicio, estos
prestadores de una u otra forma, no entendieron o no atendieron
el mensaje ni se ciñeron a los términos contractuales
que estipulan la prestación del servicio a los usuarios
informados por nosotros al inicio del mes, y en el caso de
quienes no aparecían activos en el comprobador de derechos
entregado con la evidencia de los tres últimos pagos,
la IPS tendría la obligación de darles la atención
y pasar estos cobros por el esquema de recapitación;
sin embargo, las IPS se abstuvieron de darle continuidad a
ese proceso que está contractualmente estipulado, y
eso creó algún conflicto".
Sin base de datos se afecta el servicio
A partir de las reiteradas inconformidades presentadas por
los usuarios de la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal EPS, y luego de una visita inspectiva realizada en
octubre del presente año por funcionarios de Supersalud
a esta empresa, este organismo de control confirmó
la calificación de un alto porcentaje de afiliados
a esta EPS como "inactivos" o "suspendidos",
lo que de acuerdo con la investigación realizada, no
resultaba estar acorde con la realidad, toda vez que la causa
estaba en que no fueron reportados ante el Fosyga y por ende,
al incorporarse en el comprobador entregado a las IPS, se
excluyeron afiliados que debieron ser compensados y no lo
fueron por circunstancias ajenas a los mismos.
Como lo señala la sanción impuesta por la Supersalud,
"este problema es competencia sólo de Cajanal,
pues el procedimiento está bajo su absoluta responsabilidad
y las falencias que se susciten en este proceso técnico
y administrativo, no pueden ser trasladadas a los usuarios".
En el caso de Antioquia afirma Javier López, gerente
(e) de Massalud Antioquia, IPS, que tiene contrato con Cajanal,
el caos generado entre la población afiliada fue el
resultado de un problema de manejo de base de datos, debido
a que Cajanal no tenía claridad en el pago de los aportes
de las diferentes entidades del Estado, y al cruzar ellos
la base de pagos para poder compensar, encontraron una disminución
de la población muy grande, la cual estaba activa para
la prestación del servicio.
Sin embargo, afirma este directivo que en esta región
el problema fue controlado, debido a que para el caso de Masalud,
esta IPS al encontrar esos vacíos en la información,
remitió a los pacientes a Cajanal, la que actualizó
inmediatamente la base y dio orden para su atención.
"A pesar de esto, el hecho generó mucha inconformidad
en los usuarios y quedó claro que el tema de la actualización
es responsabilidad de las EPS y no de las IPS".
Por su parte, Sonia Gross, representante legal de la Unión
Temporal IPS Virrey Solís de Bogotá, declaró
que en esta zona del país la complejidad de la problemática
fue mayor, al punto de que se llegó un momento en que
las IPS se negaron a atender a la población que no
aparecía en la base de datos, puesto que Cajanal no
les estaba reconociendo la recapitación.
La funcionaria explicó que desde finales de octubre,
les llegó una nueva base de datos, actualizada con
la información de usuarios, en la que ya aparecen esas
4.900 personas que estaban por fuera. "Nosotros apenas
estamos organizándonos, en el momento no hemos recibido
pacientes recapitados, nos entregaron la totalidad de la base
de datos y estamos esperando el pronunciamiento de Cajanal.
Obvio, hemos tenido como todas las IPS inconvenientes con
el sistema de información, pero afortunadamente Cajanal
nos envió un nuevo listado donde los usuarios inactivos
son muy poquitos".
De otro lado, y frente al tema del sistema de información
de Cajanal, el presidente del Sindicato, Pedro Rodríguez,
llamó la atención sobre un hecho que se presentó
el año anterior, cuando el gerente de Cajanal, José
Antonio Durán Ariza, hizo caso omiso a un proceso que
se venía desarrollando entre la EPS y la empresa Unisys,
para acondicionar un sistema de información que desde
1997 se había adquirido con esta firma.
En el concepto de este dirigente sindical, Durán Ariza,
dejó a un lado la posibilidad de contar con un software
que permitiera que el sistema de seguridad social en salud
fuera administrado eficientemente a través de la EPS
y optó por contratar a un grupo de personas cercanas
para que desarrollaran una propuesta de sistematización.
"Ese software requería de un proyecto para su
instalación en el ámbito nacional, lo que garantizaba
que cada seccional del país manejara con un sólo
criterio y con una sola herramienta ese sistema de información.
Para ese momento, en febrero de 2000, el costo era aproximado
de $78 millones, pero si hoy se retoma esta propuesta, su
costo estaría por el orden de los $200 millones".
Puntualiza Rodríguez: "El resultado de esta decisión
lo estamos viendo hoy, Cajanal no sabe quién le debe,
a quién le recauda, a quién le presta servicio,
la EPS no conoce con exactitud la cifra de cuántas
personas están compensando ante el Fosyga y no sabe
cuántos recursos están dejando de percibirse
por esa irregularidad, al no identificar a tiempo a los afiliados".
Una deuda que requiere atención
Otro de los temas que hacen vulnerable a Cajanal EPS, tiene
que ver con la deuda pendiente desde años atrás
con algunas IPS, asunto que supera los $150.000 millones y
que se constituye en otro de los obstáculos que encuentran
muchos usuarios a la hora de requerir algún tipo de
servicio en salud, pues algunos prestadores se están
negando a recibir a la población afiliada a esta empresa.
"Evidentemente Cajanal tiene una deuda de los años
97, 98 y 99 con algunas instituciones prestadoras de servicios
de salud, estas deudas están originadas en una atención
autorizada sin un respaldo presupuestal; para resolver esto
hay que recurrir a un mecanismo de conciliación, porque
así lo prevé la Ley para las instituciones públicas.
Cajanal está buscando una solución a esas deudas
anteriores, hemos presentado algunas propuestas y estamos
estudiando algunos mecanismos como negociar los activos y
productivos de esta entidad, con el objeto de cancelar las
deudas anteriores al año 2000", explica Martha
Inés Villegas.
En la actualidad, la funcionaria de Cajanal afirma que los
compromisos económicos de la vigencia 2001 se vienen
atendiendo en forma oportuna y adecuada, pero reconoce que
dados los antecedentes, algunos prestadores han frenado un
poco las posibilidades de nuevas contrataciones con esta EPS.
"Vale la pena llamar la atención sobre el hecho
de que estamos haciendo una gestión comercial para
subsanar esa deuda".
Por su parte, Javier López de Massalud coincide con
Sonia Gross de la IPS Virrey Solis, al declarar que Cajanal
viene respondiendo oportunamente por las capitaciones, en
términos de tiempo manejables, aunque también
reconocieron que existen, por ejemplo, para el caso de Antioquia,
altas deudas con la red hospitalaria de tercer y cuarto nivel.
Frente a este tema, el Sindicato de Cajanal recordó
el compromiso que el Gobierno Nacional hizo con la empresa
de ayudarla económicamente, como ocurrió con
el Seguro Social. "Conocido el apoyo dado al Seguro,
pensamos que le queda ahora al Gobierno más fácil
apoyar económicamente a Cajanal, ya que la suma requerida
es proporcionalmente inferior a la entregada a dicha entidad".
Los compromisos institucionales
En medio de la zozobra que el país viene manejando
en torno de la situación de Cajanal, la subdirectora
financiera, Martha Inés Villegas, aclaró que
la entidad no ha sido ajena a los llamados de atención
de la Superintendencia de Salud ni a las denuncias de la población,
por lo que en la medida de las posibilidades de los recursos
económicos, se están resolviendo temas como
el proceso de depuración de datos y la garantía
para la prestación del servicio sin trabas para los
afiliados en los niveles 1,2 y 3, mientras que para el 4 se
atienden las autorizaciones de manera centralizada, a través
de la Subdirección General de Salud.
"A la Superintendencia General de Salud le hemos respondido
el requerimiento, en el sentido de que nosotros mantenemos
la depuración y la centralización de las novedades,
sólo que no estamos sujetando dicha actualización
a la prestación del servicio inmediato por parte de
las IPS y que estas deben dar cumplimiento a los términos
contractuales establecidos".
Martha Inés Villegas expresó que los usuarios
pueden estar tranquilos frente a su atención en salud,
aunque no estén resueltos en su totalidad los problemas
del sistema de información, ya que Cajanal responderá
posteriormente a la prestación del servicio una vez
se actualice la novedad. "Eso obviamente aplica para
nuestros usuarios que estén al día en aportes
con el Sistema de Seguridad Social y para los empleadores
cuyas declaraciones de aportes a esta entidad hayan sido debidamente
diligenciadas y que se den por presentadas".
Finalmente la funcionaria manifestó que esperan sea
levantada pronto la sanción, pues "uno de los
propósitos de la administración es poder ser
competitivos en el mercado para ofrecer la atención
a un mayor número de población que sea más
rentable para la institución", concluyó.
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