La difícil negociación EPS-ESE’S tras aumento de la UPC El Ministerio de Salud expidió la Circular 047 del 22 de diciembre de 2017 mediante la cual se fijó el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC). Hospitales públicos no están de acuerdo. Redacción El Pulso - elpulso@sanvicentefundacion.com El Ministerio propuso que la distribución del aumento de la UPC, que fue 7,83% para el 2018, fuera así: el 3,73% a la actualización integral de los beneficios en salud (nuevas tecnologías, medicamentos y procedimientos) y el 4,10% al incremento de los servicios que se venían prestando. Es decir, los contratos de prestación de servicios que las Entidades Promotoras de Salud tienen con las Instituciones Prestadoras de Salud deberían aumentarse en el 4,1 %. “El incremento en los servicios tuvo en cuenta una inflación esperada del 3,5 %”, aclaró el Ministerio. Los hospitales necesitan más “Esa situación es bastante lesiva, porque los incrementos que se hacen el primero de enero de cada año son muchísimos y la gran mayoría son fundamentados en el incremento del salario mínimo”, lamentó Luis Hernán Sánchez, gerente Hospital San Camilo de Lelis, de Vegachí, y presidente de la junta directiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA). Por otra parte, los hospitales públicos elaboraron sus presupuestos del año calculando un aumento de 5 %, lo que crea, de acuerdo con Sánchez, un desbalance entre la propuesta que hace el Ministerio con lo que los hospitales planearon en el presupuesto. De acuerdo con Luis Alberto Martínez, director Ejecutivo de AESA y experto en el sistema de salud colombiano, la Reforma Tributaria trajo un gran efecto inflacionario que pegó muy fuerte en el sector salud y, además, como gran parte de lo que se hace en el sector está atado al dólar, se han incrementado los costos de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros. Todo esto sumado a la crisis financiera del sector, que hace que los proveedores cobren más porque los hospitales se demoran en pagar, es decir, la iliquidez lo que produce es un efecto inflacionario, destacó Martínez. Eso sin contar con que “todavía nos falta que el Gobierno emita el decreto para los incrementos salariales de los empleados del orden territorial, que en este caso se aplica a los hospitales de los municipios, lo que ocurrirá en abril o mayo, y que pensamos será por el orden del 5,1% contando con que la inflación fue de 4,09%. Entonces nos parece totalmente desfasado que el ministerio a través de una circular emita unas condiciones de negociación donde recomiende que no se aumente sino hasta el 4,1%”, continuó Sánchez. ¿Cómo se negocia? Las IPS iniciaron una larga lucha porque legalmente se diera la instrucción a las EPS de aumentar los servicios contratados cada año, y que no fuera una determinación dejada a las dinámicas del mercado. Luis Alberto Martínez recordó que el primer fruto de esa lucha fue el Decreto 1484 del 2012: “pudimos convencer a la entonces ministra Beatriz Londoño de que quien presta el servicio al fin y al cabo es el hospital y la clínica, no la EPS. Por lo que en ese decreto se plasman las condiciones para poder hacer ese traslado del incremento de la UPC, dicho incremento se debe hacer mínimo para no perder el valor adquisitivo; además queda establecido que quien defina la UPC debe decir en el acto administrativo, cuánto corresponde a mantener actualizada la cifra y cuánto para las inclusiones al plan de beneficios”. Es así como la Circular 047 está dando respuesta a ese decreto. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el incremento se aplicará sin excepción a todas las IPS públicas o privadas; los incrementos deberán ser equitativos, de manera que a servicios homogéneos y de igual calidad, el incremento sea igual; las negociaciones pueden hacerse de manera global o individual con cada IPS teniendo en cuenta los servicios y demás suministros que prestan; el incremento deberá guardar proporcionalidad con el ajuste que se reconozca para mantener el valor adquisitivo de la UPC, y los términos de la negociación deberán observar el régimen de control de precios que señale la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Las “propuestas indecentes” Pese a que el Ministerio emitió la circular, las EPS son autónomas al negociar con las IPS, por lo que durante los primeros días del año se realizan reuniones entre ambas partes para llegar a un porcentaje, que puede estar por encima o por debajo de la propuesta del Ministerio. En Antioquia, por ejemplo, Savia Salud es la EPS más grande, con presencia en todo el departamento, por lo que la negociación la adelanta con una comisión de hospitales públicos. “Savia Salud ha tenido algunas propuestas indecentes, porque desde el año pasado nos envió una comunicación oficial en la cual el gerente Juan David Arteaga nos dice que para este año nos propone no incrementarnos nada, un incremento de 0 % del 1 de enero hasta el 31 de marzo. Nosotros respondimos diciendo que no estábamos de acuerdo, que debía haber un incremento según la normatividad vigente”, explicó el presidente de AESA. Desde entonces las partes vienen negociando y la EPS ha venido cediendo en su posición, según Sánchez pasó por el 2 %, el 2,5 % y su último ofrecimiento fue del 3,9 %, lo que a los hospitales públicos no les sonó: “Nosotros tuvimos una reunión de gerentes y decidimos que nuestra propuesta de incremento sea por lo menos la del incremento del salario mínimo, 5,9%, para poder alcanzar a cubrir el incremento de nuestros costos, nuestros gastos salarios, medicamentos, combustible, dispositivos médicos y todos los insumos que tenemos para funcionar”. La mesa sigue funcionando y aún las partes no se han puesto de acuerdo. El Pulso solicitó hablar con un vocero de Savia Salud pero la respuesta fue: “Por ahora no nos queremos pronunciar”. Martínez aseguró que los hospitales públicos han escuchado algunas propuestas de EPS, muchas dicen que ni siquiera van aumentar, otras incluso piden que haya rebaja. “El hecho de que las EPS hagan esas propuestas indecentes pone más tensa la situación: ¿Cómo se va a rebajar si ni siquiera pagan a tiempo? ¿Cómo se va a rebajar si tenemos unos pasivos con el personal de planta, con los contratistas, con los proveedores? Son propuestas imposibles de aceptar”, advirtió Martínez. Que el Gobierno meta la mano El problema radica en que la salud sigue siendo un negocio en Colombia, explicó Martínez, quien consideró que “el diseño del sistema le entrega al mercado este tipo de decisiones y lo pone a que aplique los recursos, pero resulta que el mercado ha sido un pésimo aplicador de recursos en los sectores sociales, en especial en el sector salud. Así que lo que hay que cambiar es el diseño del sistema”. En su opinión, el Gobierno debería asumir una posición responsable que de alguna manera permita sufragar los costos de operación, de administración y de atención que tienen los hospitales públicos y privados del país, con el que se genere un margen para poder renovar la tecnología, retribuir a la gente que invierte un capital para brindar un buen servicio y que se tenga en cuenta la calidad de los servicios, porque muchas instituciones han hecho esfuerzos en acreditarse, en mejorar infraestructura, en cualificar permanentemente el talento humano, sin embargo, eso no se considera en los costos. “Si el Ministerio sigue haciéndose el de la vista gorda se va a seguir afectando el derecho de la población, se va a seguir incrementando el sufrimiento de la gente porque no podrá acceder a un buen servicio ya que este no está bien financiado”, concluyó. Los determinantes estructurales afectan la salud a través de determinantes intermedios o circunstancias de orden material: vivienda, nivel de ingreso, tipo de empleo, condiciones laborales, y lugar de residencia. De igual forma, se consideran los factores psicosociales como la falta de redes de apoyo o situaciones estresantes, entre otras. Es un reto para los estados, y particularmente en Colombia, repensar un modelo de desarrollo excluyente basado en los principios neoliberales, que ha llevado a situaciones como las planteadas y avanzar para construir uno que responda a las necesidades reales de la población.

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