En licencias obligatorias, Goliat contra ataca

E mpezando el año el país fue testigo de una avalancha de presiones sobre el Ministerio de salud, que hizo recordar, sin nostalgia, los tsunamis que padeció el ministerio cuando adelantó la regulación de biológicos en el caso Imatinib y en el caso Kaletra®. Gracias a una ponderada y juiciosa actividad de los medios de comunicación, el país entiende que se trata de un enfrentamiento entre el deseo de algunas farmacéuticas multinacionales y la obligación legal y moral del Ministerio de Salud de defender los recursos de la salud de los abusos en los precios de los medicamentos.

En esta oportunidad el debate ha tenido dos estrategias. La agresiva presión de todos los gremios de las multinacionales, y de algunas embajadas de los países donde residen las sedes de tales industrias, y la desinformación y tergiversación de los hechos. Hemos de decir que Gilead, la empresa propietaria de la patente del sofosbuvir, ya no tiene su sede en Estados Unidos. La trasladó a Irlanda con lo que consigue disminuir impuestos por un valor cercano a los 10.000 millones de dólares, y por lo que es hoy objeto de una investigación.

Los argumentos de la campaña de desinformación en la que cierran filas los responsables de la avalancha de presiones, comienzan con que se ha querido dar a entender que se trata de un capricho de un ministro y de algunos de sus funcionarios por perseguir unas patentes, cuando ya estos productos han sido sometidos a una reducción importante de precios gracias a una compra centralizada y conjunta (con otros países) vía el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud.

Nada más lejano a la verdad. El Ministerio da respuesta (con 2 años de retraso) a una petición de un grupo de ciudadanos. Y da una respuesta porque la Constitución Colombiana y la ley lo obligan a dar respuesta. Y porque la reducción de precios no es suficiente con la compra centralizada. En general estos productos tenían un costo de 100 millones de pesos bajaron a 25 millones, pero si se declaran de interés público podrían bajar a un millón. Dado que los recursos de la salud provienen del bolsillo de los ciudadanos, vía las contribuciones al sistema, cualquiera tiene derecho a pedir que no se paguen 25 millones por lo que podría costar solamente un millón.

Otro argumento de la campaña es que una declaración de interés público y su consecuencia, una licencia obligatoria, implica que el país no respeta las patentes, las desconoce y que por lo tanto incumple compromisos internacionales para con los inversionistas, lo que se constituiría en una trasgresión que impediría el ingreso de Colombia a la OCDE. Italia, país miembro de la OCDE y de la UE, concedió licencias obligatorias para productos como Imipenem-Cilastatina, Finasteride (2007) y Sumatriptan (2006). Alemania otorgó una licencia obligatoria para el Raltegravir el año pasado. Malasia hizo lo propio también en 2017 para el sofosbuvir (para hepatitis C) país por cierto del que tendríamos cosas que aprender en términos de desempeño económico y especialmente en reducción de desigualdades e inclusión.

Curiosamente, Estados Unidos es uno de los países que más insistió en que las licencias obligatorias formaran parte del acuerdo global sobre propiedad intelectual. Y en varios casos, que no se restringen a medicamentos, las autoridades de defensa de la competencia y las autoridades judiciales han resuelto casos de infracción de patentes, otorgando una licencia obligatoria y ordenando al infractor que pague una regalía.

En Colombia gracias al ex ministro de salud Juan Luis Londoño, ha hecho carrera la afirmación de que una licencia obligatoria constituye una expropiación de un derecho de propiedad. Durante las negociaciones del TLC con los Estados Unidos esta idea fue materia de un intenso debate en el que los negociadores de ambas partes fueron muy claros en expresar que, de manera alguna, una licencia obligatoria podría ser considerada una expropiación. Colombia ha defendido este planteamiento en posteriores debates en el seno de la OMC.

Según los dispuesto en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993 y las Resoluciones que fijan los porcentajes de distribución del IBC, es importante determinar que del 12.5% de ingresos, el 0.26% es para prevención y promoción en el RC y el 1.5% se debe trasladar como porcentaje de solidaridad al RS; por su parte de este IBC debe destinarse el 0.38% para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas por incapacidad general originada por enfermedad común, incluyendo a trabajadores independientes, por tanto para garantizar el mecanismo de protección colectiva y coberturas de los servicios y tecnologías que deberán ser garantizados por las EPS se dispondría efectivamente del 10.36% en el contributivo.

Haciendo uso del derecho de petición preguntamos a la Ministra de Comercio si su Ministerio respaldaba tan peligrosa como inexacta afirmación. La respuesta escrita confirma que en manera alguna esa afirmación es cierta y que las licencias obligatorias, no solamente no eliminan, no bloquean, no desconocen ni rompen las patentes (ellas siguen vigentes) y que son un mecanismo que se activa cuando a criterio de un sector, es necesario para el interés público. Aún en los casos en los que no exista un abuso en el precio, que no es el caso de la hepatitis C.

También ha generado malestar la exigencia de imparcialidad y el intento de recusar a funcionarios del Ministerio de Salud que encuentran saludable para la salud, el que se discuta si es de interés público el precio de los medicamentos para la hepatitis C. Una declaración de interés público es un ejercicio de ponderación de argumentos técnicos, económicos y políticos frente a la situación generada por el monopolio derivado de una patente.

Es un procedimiento administrativo y no un litigio. Los funcionarios no son jueces y no cabe exigir a un comité que sea imparcial en la defensa de los recursos para la salud. Cabe si, solicitar que todos los argumentos sean escuchados, cosa de la que se han hecho cargo sobradamente Afidro, PhRma, Fifarma y la Embajada de los Estados Unidos, hasta donde tenemos noticia.