Agregó:
“Aunque el gobierno radicó en la Cámara de
Representantes un anteproyecto de ley que define rentas de destinación
específica para la salud y en sus dos primeros artículos
dice que de la tarifa de 48% aplicable a cervezas, 8 puntos
porcentuales se destinan a financiar segundo y tercer nivel
de atención en salud, y el artículo 2 que modifica
el artículo 475 del Estatuto Tributario, fija el impuesto
de 14% a las cervezas nacionales e importadas, y a partir del
1° de enero de 2011 la tarifa general del Estatuto deja
nuevos recursos al sistema de salud, sería una solución
coyuntural y parcial que sólo garantizaría la
atención en los próximos meses”.
Anotó: “La tarea fundamental es generar un debate
entre sectores políticos, actores del sistema y la academia,
para mirar el futuro del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS). A las fuerzas políticas responsables
se les brinda una gran oportunidad para que la reforma no sea
sólo en salud sino también en pensiones (sólo18%
de los mayores de 60 años tiene derecho a ella) y otra
en riesgos profesionales, donde el sector informal está
por fuera del aseguramiento. De manera aislada se está
forjando una reforma en pensiones, ya el presidente Uribe lo
expresó; y Mauricio Santamaría, ex director de
Fedesarrollo y asesor de Juan Manuel Santos, expresó
la necesidad de acabar con el régimen de prima media,
Fedesarrollo y otros centros de investigación plantearon
pensiones por debajo del salario mínimo, lo cual es una
contrarreforma de la Ley 100. El CID considera que se debe hacer
lo contrario: fortalecer el régimen de prima media”.
Concluyó que la coyuntura electoral requiere un gran
debate para la reforma del conjunto del sistema de seguridad
social.
Ricardo Bonilla, investigador de la misma institución,
expresó: “La Corte Constitucional declaró
inexequible la emergencia social porque los correctivos eran
paños de agua tibia para resolver a fondo los problemas
del régimen de salud. Hay que concertar una alternativa
de reforma profunda del sistema en tres niveles: primero, garantizar
los recursos en el régimen contributivo y en el subsidiado,
porque existe mucha evasión, sobre todo en el contributivo.
Segundo, unificar acorde con el precepto constitucional los
contenidos del Plan Obligatorio de salud (POS) y ponerle un
techo para saber qué debe y qué no debe cubrir,
y garantizar los recursos adicionales mediante un aseguramiento
especial. Y tercero, eficiencia: hay que manejar eficientemente
la plata pues se demostró que no es que en Colombia le
falte plata al sistema sino que no hay un manejo eficiente”.
“El país está cansado
con privatización mal entendida”
“Queda una lección aprendida: que por la
vía autocrática, saltándose las instancias
que la democracia prescribe para el debate de los asuntos que
interesan a todos los colombianos, no es posible hacer los cambios
que el Sistema necesita”, conceptuó el presidente
de Fedesalud, Félix Martínez.
Anotó que mediante la vía democrática,
hay que promover el debate nacional por la reforma del sistema
y contra la vía asistencialista, un poco irresponsable
y difícil de financiar con el modelo de la Ley 1122/07,
que sólo deja déficit al pretender el Estado asumir
la seguridad social del 75% de la población. Abogó
por una reforma completa que integre salud, riesgos profesionales,
incapacidad, invalidez y ante todo pensiones, y estimó
como fundamental el evitar lo que el decreto 131 decía:
una reducción efectiva del POS, limitándolo al
primer nivel de atención, cuando no eran actividades
de probada costo-efectividad, con innumerables barreras a la
atención. Señaló: “El país
expresa un cansancio con una privatización mal entendida,
sin ser yo partidario de un sistema público único,
el sector privado tiene espacios, pero se necesita un regulador
que no esté atrapado por tantas prebendas y ventajas”.
Decisión esperada por los juristas
“La caída de la emergencia social y sus
decretos era una decisión esperada por los juristas,
pues violaba infinidad de normas”, declaró Jaime
Gañán Ruiz, abogado constitucionalista y profesor
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Puntualizó
que el decreto madre 4975 y demás decretos violan preceptos
de la Carta, empezando por el artículo 1° sobre dignidad
humana, el 29 (autonomía médica), el 215 de la
Carta, el Preámbulo, el 3 sobre participación
ciudadana, el 13 sobre la igualdad material de las personas
para el acceso a la salud, el 53 sobre derechos sociales mínimos
de las personas. También los alusivos a servicios públicos
esenciales, calidad de vida, principios de progresividad, de
la imposibilidad de reversabilidad, de la buena fe, y tratados
de derechos humanos, de derechos económicos, sociales
y culturales, y el Código Suramericano de la Seguridad
Social, se violaban con las “Prestaciones Excepcionales
en Salud” y otros decretos.
Señaló: “Todo esto nos permitió repensar
el derecho fundamental a la salud, que para mí no es
un derecho conexo sino autónomo; al Congreso enviamos
comunicaciones para que no tome decisiones precipitadas, pensamos
también en la Constituyente por la Salud, analizamos
cómo estructurar un nuevo sistema de derecho fundamental
a la salud. Si el gobierno quiere revivir por el Congreso lo
que se cayó, existe una norma constitucional según
la cual, cuando una norma es declarada inexequible, no pueden
revivirse por otra norma los mismos textos que cayeron. Y, sin
augurar un fracaso al gobierno en un posible 'Plan B', hay que
volverle a decir, que acaba de recibir una lección: los
colombianos estamos clamando por un nuevo sistema concertado
que proteja el derecho a la salud, no fruto de unos proyectos
que ni conocemos ni queremos conocer”.
Para Albeiro Pulgarín, constitucionalista y asesor de
la Constituyente del 91, “la caída de la emergencia
social exige la reforma estructural de la salud, que no se logra
con decretos ni con leyes ni con actos administrativos, sino
con un reforzamiento de la Constitución y de la salud
como derecho fundamental. En esas propuestas hay que tener en
cuenta qué se necesita a corto, mediano y largo plazo.
El gobierno era el más consciente de la inconstitucionalidad
de los decretos, pero siempre el capital financiero lo obligó
a hacer más rentístico el negocio. Para la reforma
estructural, el escenario no es el Congreso, sino una Constituyente
por la Salud, en ejercicio de los artículos 3° y
37° de la Carta, que presente propuestas claras contra la
crisis del sector, con delegados de las facultades de medicina,
sociología, economía, contaduría, del gobierno
y la sociedad civil”.
El constitucionalista y concejal de Medellín, Carlos
Ballesteros, conceptuó que el fallo de la Corte acoge,
entre otros elementos, el escrito de impugnación que
él suscribió con el Representante a la Cámara,
Germán Reyes, y ratifica que “esta corporación
judicial ha fortalecido su imagen, pues ha demostrado que además
de estudiar sus decisiones con rigor jurídico, haciendo
respetar el marco constitucional, lo hace con la autonomía
que exige un Estado de Derecho”. Puntualizó que
según la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, las sentencias de la Corte tienen efectos inmediatos,
salvo que expresamente la Corporación, en cada caso señale
otra cosa (efectos retroactivos o ultractivos), y desaparecido
el decreto madre, los demás pierdan su fundamento y vigencia,
lo que debe ratificar la Corte al decidir la inconstitucionalidad
de cada uno de ellos. Quedan interrogantes sobre situaciones
definidas o en curso: recursos que no llegaron a los entes territoriales,
contratos ya celebrados al amparo de la emergencia social, entre
otras inquietudes. Caída la emergencia, anotó:
“Si bien hay que mirarlo como un éxito de la democracia,
es claro que la salud de los colombianos no está garantizada
y el Congreso de la República debe estudiar con seriedad
las reformas que requiere el sistema de salud, con amplio debate
público. La realidad actual nos muestra el fracaso total
del modelo creado en la Ley 100/93, por lo que la modificación
debe ser estructural”. Sugirió como punto de partida
el proyecto de Ley 130/06, presentado por Germán Reyes,
que contempla normas para evitar barreras operativas y financieras
en el acceso a salud.
“La emergencia tenía visos
dictatoriales”
“La emergencia social era una medida con visos
dictatoriales, tomada sin control político del Congreso,
ni de la Corte Constitucional, en vísperas de Navidad
y violando todos los requisitos”, afirmó Sergio
Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana.
Agregó: “Como dijimos en demanda ante la Corte,
no era una real emergencia y se cayó por la sabiduría
y buen criterio de la Corte que fue unánime y por la
movilización social que hubo. Se demostró que
no se quería resolver problemas de la salud sino problemas
financieros de los aseguradores privados y profundizar el modelo
mercantil sacralizado en la Ley 100, que no se ha reformado
y hay que hacerlo para garantizar el derecho a la salud. El
sistema cuesta al año $33 billones, no los 22 que manejábamos
hasta el año pasado; lo primero que se necesita es voluntad
política para no financiar deuda pública interna
o externa con dineros de la salud: hay más de $6 billones
en TES y cerca de $4,5 billones en CDT. Los demás gobernantes
deben pensar en adelante dentro de los principios del sistema
jurídico, para hacer las cosas bien hechas y no creer
que la población colombiana puede ser objeto de este
tipo de atentados y atropellos. Una reforma al sistema de salud
puede hacerse por la vía constitucional y contando con
el conocimiento de los que saben (la academia, el Instituto
Nacional de Salud, sociedades científicas, tribunales
de Ética Médica y al Federación Médica),
no sólo de expertos de los grupos económicos poderosos,
y considerando los requerimientos de la salud del país”.
Tabacaleros apoyan impuestos
“Siempre hemos apoyado estos impuestos extras como
una necesidad, dada la coyuntura de salud de la Nación”
dijo Guillermo González, director de Asuntos Corporativos
de la British American Tobacco, quien afirmó: “Aspiramos
a que se conviertan en ley de la República, no creemos
que lleguen a perder vigencia estos decretos en diciembre”.
Con el mensaje de urgencia para la legislatura actual y con
la futura, se expedirá una reforma tributaria, pero de
no lograrse, la British no modificará sus precios como
hasta hoy no lo ha hecho. Agregó: “Como dijo la
Corte Constitucional en el fallo, hay un gran problema de índole
fiscal en salud y en la medida en que nosotros y las cervezas
podamos colaborar en mantener la salud mientras se logran reformas
estructurales con sostenibilidad en el futuro, ello es perfectamente
viable y no se pone en riesgo la industria del tabaco”.
“Decisión bastante extraña”:
Feceazar
Sobre el impacto de la inexequibilidad de la emergencia
social, Baltazar Medina, presidente de la Federación
Colombiana de Empresarios de Juegos Suerte y Azar, opinó:
“Me parece una decisión bastante extraña
porque se declara inexequible una norma, sin embargo se deja
vigente un tributo creado por la norma que supuestamente ya
no tiene validez legal; eso uno quisiera interpretarlo y no
le encuentra explicación. Sin embargo, es un fallo y
hay que cumplirlo. Para el gremio, el cobro del IVA de 16% afecta
mucho la operación específica del chance, disminuyó
la venta, incrementó mucho el juego ilegal, pero también
creemos que ante algo inmodificable hay que hacer frente a la
situación, ser un poco creativos para contrarrestar un
poco esos efectos y salvar esta industria”.
Precisó que hay disminución de ventas en un promedio
nacional entre 15 y 20%, con unas regiones más afectadas
que otras y una reducción del empleo, porque muchos colocadores
independientes ante la baja de las ventas y por ende de sus
comisiones, han devuelto sus equipos de venta, sus terminales.
Dijo: “Uno sabe que esas personas no van a dejar de vender
chance sino que van vender el ilegal, donde les pagan buena
comisión comparativamente con la de los empresarios legales.
Y esto significa también que las transferencias de los
departamentos a la salud también experimentarán
disminución”. |
