EDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 140 MAYO DELO 2010    ISSN 0124-4388    elpulso@elhospital.org.co

Fundado en Medellín, el 30 de julio de 1998. Director: Julio Ernesto Toro Restrepo. Comite Editorial: Juan Guillermo Maya Salinas, Alba Luz Arroyave, Jairo Humberto Restrepo, Javier Ignacio Muñoz y Gonzalo Medina. Dirección Comercial: Diana Cecilia Arbeláez. Editora: Olga Lucía Muñoz López. Asesoras comerciales: Amparo Abril Rojas y María Eugenia Botero. Web master: Santiago Ospina Gómez


La Ley y los
derechos son sagrados

Grandes estadistas colombianos y extranjeros, tratadistas del Derecho y personas simplemente sensatas han expresado que por encima de la voluntad recta o torcida del gobernante, está la conciencia jurídica y moral del país, siempre atada a los intereses generales del pueblo, y el pueblo siempre está por encima de sus dirigentes, como decía Gaitán. Es esto y no otra cosa lo que triunfó con la inexequibilidad de la emergencia social, madre de un conjunto de decretos tan inconstitucionales como el decreto madre, inadecuados, incongruentes con la problemática invocada por más real que fuesen sus premisas, y en más de un caso, atropellos a derechos muy sensibles de la población.
Ojalá la lección haya quedado bien aprendida por los gobernantes actuales y por los que aspiran al poder. Resultaron asombrosos los pronunciamientos de representantes del gobierno y actores del sistema de salud ante el fallo de la Corte Constitucional, cuando manifestaron: “Respetamos y acatamos la decisión, así no la compartamos”. ¿Cómo así? ¿Acaso el Ejecutivo, funcionarios del gobierno, directivos gremiales y actores del sistema de salud, indistintamente de su figura o poder y competencia, pueden asumir una postura distinta ante una decisión autónoma y con carácter vinculante del poder constitucional? NO. El acatamiento se presupone o se debe presuponer en un Estado Social de Derecho como se precia de ser el colombiano, donde se respeta la separación funcional de los poderes y sus órbitas de competencia. La Corte simple y llanamente sentenció negativamente el estado de emergencia social en respeto a la norma superior, la Carta Política, la más sagrada de las leyes del país, la que reconoce los derechos de los ciudadanos en el país, derechos que nadie puede atropellar.
El camino por recorrer ahora es duro, escabroso, no es ningún sendero de rosas. Pero al menos, es claro, por lo menos sabemos por dónde no transitar en materia de salud. Los expertos más sabios coinciden en la consecuencia última que tiene el fallo de la Corte: finalmente, lo malo, lo absurdo de todo esto no son tanto las decisiones coyunturales de un gobernante, sino el sistema de salud que valida esta cadena de atropellos. Un sistema que ya cumplió su ciclo, sin lograr sus propias metas, hay que cambiarlo. De lo contrario, persistiremos en un sinfín de remiendos a una colcha que no puede despedazarse más.

Responsabilidad histórica con la salud
Al próximo presidente de Colombia, le corresponderá redefinir el rumbo del sistema de salud: Tras la caída de la emergencia social que reveló el fracaso histórico del modelo creado por la Ley 100/93, el presidente de la república y su nuevo gobierno deberán definir en consenso con el país, si se hace una cirugía profunda al sistema o si se cambia totalmente. Ya no es cuestión de simple analgesia, porque el paciente está en cuidados intensivos de tiempo atrás y no da espera.
Al decir de un respetable directivo de la salud que escuchó las propuestas para salud de los candidatos presidenciales a la próxima contienda electoral, todas parecían ideadas por el mismo asesor. Es cierto que existen unos puntos centrales y neurálgicos que deben atravesar dichas propuestas, pero no por ello es válido presentar ideas al facilista “copiar y pegar”. Para empezar, el fallo negativo de la Corte Constitucional a la emergencia social abrió la puerta al debate nacional sobre el sistema de salud que queremos y necesitamos y podemos financiar los colombianos; la misma sentencia de la Corte arrojó algunas luces sobre los temas por resolver, siempre a la luz del respeto a la norma constitucional. Y en cumplimiento de su deber, el gobierno deberá promover y liderar ese necesario debate.
El candidato que llegue a la Presidencia también deberá enfocarse en lo ateniente a promoción y prevención, cobertura real del aseguramiento, sostenibilidad financiera del sistema, separación o no de los ministerios de Salud y Trabajo, atención a determinantes básicos de la salud, entre muchos otros.
Por ahora, la esperanza de los colombianos está en que la salud no siga sobreviviendo en cierto estado de suspensión, a los ensayos de propuestas improvisadas y desfasadas de la realidad.
 




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