Aunque el nuevo modelo del sistema de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) representa un cambio estructural importante, aún no ha logrado resolver los problemas históricos del sistema de salud del magisterio.

Así lo revela el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud (AVS), luego de realizar un análisis técnico, evidenciando que, a un año de la implementación, persisten importantes desafíos en acceso, capacidad instalada, calidad del servicio y sostenibilidad financiera.

A partir de mayo de 2024 empezó a regir el nuevo modelo de salud, donde se eliminó la intermediación y se organizó la atención por medio de una red nacional de servicios de salud, en la que la población afiliada se ha mantenido estable, con más de 800.000 personas. No obstante, persisten inconsistencias entre las cifras reportadas por el FOMAG y las registradas en el SISPRO, lo que limita la trazabilidad y la transparencia de la información oficial.

Más allá del cambio normativo, los datos sugieren que la transformación operativa no ha logrado consolidarse plenamente. Las diferencias en los registros de información no solo son un problema técnico, sino que impactan la planeación, seguimiento y control del sistema, debilitando la toma de decisiones basada en evidencia.

En este estudio se confirman las inequidades territoriales presentes en el país: Bogotá y los departamentos con mayor urbanización concentran la mayoría de los afiliados y servicios, mientras los territorios rurales y dispersos enfrentan barreras para acceder oportunamente a la atención en salud. Esta concentración evidencia que el rediseño del modelo no ha sido suficiente para corregir las brechas estructurales históricas en la prestación del servicio.

Presiones financieras

En 2025, el FOMAG recaudó $3.66 billones y ejecutó $4.11 billones en pagos de salud, lo que generó un faltante cercano a $449 mil millones, “evidenciando presiones financieras sobre el Fondo y podría implicar la necesidad de utilizar reservas, recursos de vigencias anteriores o mecanismos adicionales de financiación para cubrir sus obligaciones”, explica AVS.

Este déficit no es un hecho aislado, sino un indicador de tensión estructural entre ingresos y obligaciones del sistema, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo en el mediano plazo si no se ajustan las fuentes de financiación o la eficiencia del gasto.

La red prestadora se redujo en cerca del 84 % en IPS y del 90 % en sedes, especialmente en regiones apartadas, lo que restringe la diversificación de la oferta y la capacidad resolutiva. Esta contracción sugiere una reconfiguración del acceso que, lejos de ampliarlo, podría estar concentrándolo en menos prestadores, con posibles efectos en tiempos de atención y continuidad del servicio.

El patrimonio pasó de ser positivo en 2021 a un saldo negativo cercano a $3 billones en 2025, lo que evidencia un deterioro acelerado de su situación financiera, mientras que el endeudamiento alcanzó $177 por cada $100 en activos. Este nivel de apalancamiento refleja una estructura financiera bajo presión, donde los pasivos superan la capacidad real de respaldo.

AVS encontró que, aunque el presupuesto de salud del FOMAG alcanzó en 2025 uno de los niveles más altos de los últimos años, ejecutó el 69,5 % de los recursos apropiados, dejando $1.8 billones sin ejecutar al cierre del año. “Estas diferencias generan dudas sobre qué tan precisa está siendo la planeación presupuestal y si los valores aprobados están reflejando de manera realista el recaudo y ejecución de los recursos”.

Este nivel de subejecución abre una discusión relevante: no solo se trata de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad institucional para transformarlos en servicios efectivos, lo que puede reflejar cuellos de botella administrativos, contractuales o de gestión territorial.

Recursos en juego

Estas cifras revelan un panorama muy complejo en la administración de los fondos que corre por cuenta de la Fiduprevisora.

A finales del mes de junio, luego de que se solicitara la renuncia del vicepresidente del FOMAG, Herman Bedoya Abello, este declaró a medios nacionales que “hay una estructura de corrupción dentro del Fondo en términos de prestaciones sociales, carteles que están buscando desfalcar las finanzas del magisterio y otras estructuras que de antaño vienen con el negocio de la salud de los maestros”, denuncias que, reveló, ya están en la Fiscalía y hacen parte de investigaciones en la Contraloría.

Estas afirmaciones, sumadas a los hallazgos de los entes de control, introducen un componente crítico en el análisis: más allá de la eficiencia o ineficiencia del modelo, persiste un debate sobre la transparencia y los riesgos de captura de los recursos públicos.

Advirtió que hay que vigilar de cerca para cuidar la administración del magisterio, ya que “vienen en curso contratos de tecnologías, sedes, sistemas de referencia y contrarreferencia, prestación de servicios de salud, para 1.800 clínicas y hospitales, por más de 2 billones de pesos”.

Contratos sobre los que venían trabajando para que respondieran al valor de la UPC, con la intención de generar control y que alcanzara el dinero. “Me preocupa que se pierda todo este trabajo y se lleguen a entorpecer estos procesos”, sostuvo Bedoya. Una semana después fue nombrada Rosa Dory Chaparro como presidenta de la Fiduprevisora y se confirmó la continuidad de Herman Bayona como vicepresidente del FOMAG.

“Con la continuidad de Bayona se busca blindar el modelo de salud de las maestras y los maestros del país, así como el manejo transparente de los recursos que lo sostienen y adelantar un empalme adecuado con el gobierno entrante”, comunicó la Fiduprevisora.

Ambos hicieron un llamado a la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud, las veedurías ciudadanas, Fecode y todas sus filiales a acompañar los procesos que se vienen adelantando, como el cambio de la plataforma tecnológica HORUS, la asignación de inmuebles para el funcionamiento de las sedes por parte de la SAE, el estudio de la UPCM, la contratación de la red, entre otros.

Sobre la administración de los fondos públicos, la Supersalud también avanza en la auditoría integral al modelo de salud del FOMAG, evidenciando incumplimientos en 8 de las 13 órdenes impartidas a la Fiduprevisora.

La Supersalud ha detectado “irregularidades por más de $260.000 millones, incluyendo pagos por capitación hasta tres veces superiores a los montos acordados y posibles cobros irregulares, como múltiples procedimientos a un mismo paciente en un solo día”.

Además, hay incumplimientos de la Fiduprevisora en la conformación adecuada de la red de servicios, la entrega oportuna de medicamentos y el fortalecimiento de los equipos de cuidado integral.

Quejas siguen aumentando

En este contexto, la inconformidad de los docentes frente a los servicios recibidos sigue aumentando. Uno de los principales motivos es “no poder acceder a las citas oportunamente con especialistas en sus municipios, tener que acudir a las ciudades para poder recibirlos”, indicó una docente de un colegio público del Carmen de Viboral que prefirió omitir su nombre.

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias vienen en niveles elevados desde 2017, con un pico en 2024 y registrando una leve disminución en 2025. Se mantienen por encima del promedio nacional y ubican al régimen entre los sistemas con mayor nivel de inconformidad por afiliado, reflejando persistentes problemas de acceso, calidad y oportunidad en la atención.

AVS puntualiza que, aunque el nuevo modelo de salud del magisterio representa un cambio estructural relevante, persisten “desafíos críticos que requieren ajustes urgentes” en la planeación territorial de la red, el fortalecimiento de las mejoras en la gestión de la información y acciones para reducir la insatisfacción de los afiliados.