A pocas semanas del inicio del nuevo Gobierno, organizaciones de pacientes, aseguradores, prestadores, gremios y centros de pensamiento han comenzado a plantear las prioridades que, a su juicio, deberían orientar las primeras decisiones de la próxima administración en materia de salud. Aunque sus propuestas parten de perspectivas diferentes, varios de estos actores coinciden en la necesidad de atender la estabilidad financiera y operativa del sistema antes de emprender reformas estructurales.

Como parte de ese proceso, el equipo programático en salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvo reuniones con organizaciones de pacientes, Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), representantes de la industria farmacéutica y del sector económico. El propósito fue conocer sus principales preocupaciones y recoger propuestas para los primeros meses de gobierno.

La agenda también incluyó una reunión con directivas del Grupo Banco Mundial, en Washington, donde el equipo de empalme presentó las prioridades económicas y sociales de la nueva administración. En ese escenario internacional, el sistema de salud fue presentado como uno de los temas prioritarios para el Gobierno entrante.

Durante ese encuentro, Carlos Restrepo, integrante del equipo de empalme, manifestó que una de las principales preocupaciones corresponde al deterioro de la atención y a las alertas sobre el funcionamiento del sistema.

“Pusimos de presente la inquietud de Colombia sobre la crisis humanitaria en salud, sobre alertas de un eventual colapso operativo del sistema de salud luego de la intervención de las EPS, como lo advirtió recientemente la Contraloría General de la República y que se nota en un crecimiento exponencial en las quejas y reclamos de los colombianos en la atención en salud”.

Asimismo, Restrepo, citando información de la Defensoría del Pueblo, se refirió a las dificultades relacionadas con el acceso a medicamentos y la situación financiera del sector.

“Nos preocupa que el 90 % de los colombianos, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, hoy no tiene acceso a medicamentos completos en el sistema de salud. Queremos entonces saber cuál es el estado real del acceso a medicamentos, por qué se ha dado un crecimiento de la deuda con las EPS hasta llegar a casi $26 billones y cuáles son las razones por las cuales se ha dado el deterioro financiero en las EPS intervenidas”.

De acuerdo con la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, durante las reuniones con el equipo programático se transmitió un mensaje orientado a adoptar decisiones sustentadas en criterios técnicos y concertadas con los diferentes actores.

Tras el encuentro, la organización señaló: ”Consideramos que son mensajes constructivos y que empiezan a generar confianza en el camino a recorrer”.

La Mesa también expresó su disposición para respaldar iniciativas orientadas a enfrentar la situación actual.

“Nuestro compromiso es apoyar todas las iniciativas que nos permitan no solo resolver la crisis humanitaria actual, sino avanzar en la construcción del mejor sistema de salud para todos los colombianos”.

Acemi plantea una fase de estabilización

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) también solicitó al próximo Gobierno implementar un plan de choque para atender las dificultades operativas, financieras y de confianza que enfrenta actualmente el sistema.

El gremio propuso identificar a los pacientes que han visto interrumpidos sus tratamientos, gestionar recursos extraordinarios para aliviar la crisis de liquidez y definir la situación de las EPS intervenidas, con el propósito de garantizar la continuidad de la atención mientras se avanza en discusiones de fondo sobre el sistema.

Su presidenta, Ana María Vesga, insistió además en la necesidad de establecer con precisión la magnitud de las obligaciones financieras del sector.

“Si no sabemos cuánto se debe, difícilmente vamos a encontrar la solución”.

Acemi también manifestó su disposición para participar en la formulación de medidas junto con pacientes, prestadores y autoridades.

La sostenibilidad financiera, en el centro del debate

En paralelo, Fedesarrollo presentó una propuesta para el periodo 2026-2030 centrada en el fortalecimiento financiero del sistema.

El documento sostiene: “El sistema de salud colombiano no atraviesa una crisis de arquitectura institucional, sino de financiamiento, incentivos y gobernanza”.

También advierte: “La insuficiencia crónica de financiamiento es una amenaza tanto o más grave para su funcionamiento”.

Entre las propuestas figuran el ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el saneamiento de deudas entre los actores, incentivos ligados a resultados en salud y un modelo diferencial para las regiones rurales.

El centro de estudios agrega: ”El debate no debería centrarse en eliminar actores, sino en corregir los incentivos entre los existentes. El sistema premia hoy la contención defensiva de costos más que la calidad, el acceso y los resultados en salud”.

Para David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y coautor del estudio, el debate sobre el sistema debe trascender la discusión sobre los actores.

“El error del debate es reducir el problema a un asunto de intermediación financiera. Lo que está en juego no es defender a un actor u otro, sino preservar una función económica esencial: la gestión del riesgo en salud”.

Coincidencias que comienzan a perfilar la agenda

Aunque representan intereses distintos, las posiciones expresadas durante las últimas semanas muestran varios puntos de convergencia. Organizaciones de pacientes, aseguradores, gremios, centros de pensamiento y el equipo del Gobierno entrante coinciden en la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, garantizar el acceso oportuno a medicamentos y servicios, recuperar la liquidez de los actores, mantener la continuidad de la atención y respaldar las decisiones públicas con criterios técnicos.

Desde el equipo del presidente electo también se anunció un plan para los primeros meses de gobierno, con una inversión cercana a $10 billones, orientado a atender las dificultades más urgentes del sector.