Entre el primer síntoma que alerta sobre una enfermedad y el diagnóstico pueden transcurrir, en Colombia, semanas o incluso meses. En ese tiempo no solo progresa la enfermedad: también aumentan la incertidumbre, los gastos para las familias y la desconfianza en el sistema de salud. Las demoras para acceder a consultas, exámenes, especialistas o procedimientos se han convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios.

Sebastián, un niño de tres años, comenzó con tos y posteriormente presentó fiebre. Su familia acudió en varias oportunidades al servicio de urgencias, pero, según relata su abuela, Carolina, “siempre lo devolvían a casa porque decían que no tenía nada”.

A finales de 2025, la fiebre no cedió y fue hospitalizado en un municipio del oriente antioqueño. Sin embargo, cinco días después recibió el alta sin que se hubiera establecido un diagnóstico. “Sin saber qué tenía, porque no le habían hecho exámenes y mi nieto cada día estaba empeorando”, recuerda Carolina.

Dos días más tarde, el hospital volvió a comunicarse con la familia para asistir a una consulta pendiente. Allí, la médica que atendió al menor consideró necesario practicar nuevos estudios y autorizó su traslado a otra institución. Sin embargo, la orden quedó registrada como si la madre hubiera retirado al niño por voluntad propia.

“Cuando llegamos a la clínica eso nos generó muchos problemas, el doctor le dijo a mi hija que si al niño le hubiese pasado algo, ella iba a ser la culpable”.

Cuando finalmente ingresó a una clínica de mayor complejidad, Sebastián presentaba insuficiencia respiratoria y neumonía. Desde la primera consulta en urgencias hasta el diagnóstico definitivo había transcurrido casi un año.

La experiencia de Sebastián no es un caso aislado. Para miles de usuarios del sistema sanitario, las demoras en el acceso a consultas, diagnósticos y tratamientos pueden cambiar el curso de una enfermedad y transformar una espera administrativa en un problema de salud.

La carga que asume el paciente

Las consecuencias de un diagnóstico tardío son especialmente graves para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes con cáncer.

Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, advierte que las demoras pueden modificar el pronóstico de muchos tipos de cáncer.

“Es uno de los factores determinantes del pronóstico”, afirma, al señalar que identificar la enfermedad a tiempo puede evitar complicaciones como dolor, infecciones, pérdida de peso o compromiso de otros órganos, situaciones que incluso pueden derivar en hospitalizaciones.

“Las enfermedades oncológicas se caracterizan en su mayoría por su rápida progresión, razón por la cual el tiempo se convierte en un factor determinante. Los retrasos injustificados pueden traducirse en una menor probabilidad de supervivencia. Adicionalmente, el paciente puede requerir tratamientos más complejos y más costosos para el sistema de salud”, advierte.

El impacto trasciende el ámbito clínico. La incertidumbre y las dificultades para acceder a la atención también generan una importante carga emocional para los pacientes y sus familias.

“Emociones como la ansiedad, la tristeza y el miedo pueden aumentar y acompañarse de una sensación de abandono por parte del sistema de salud y de pérdida de confianza”, sostiene.

A ello se suman las consecuencias económicas. Muchas familias deben asumir gastos de transporte, alojamiento y alimentación cuando necesitan desplazarse a otra ciudad, además de afrontar la pérdida de ingresos por incapacidades laborales y un mayor gasto de bolsillo para adquirir medicamentos e insumos que el sistema no entrega oportunamente.

Según la Gran Encuesta de All.Can (2024), el 65 % de los pacientes tuvo que cubrir con recursos propios gastos relacionados con su enfermedad oncológica. De ellos, el 30 % aseguró que su EPS negó total o parcialmente el tratamiento, mientras que el 12 % atribuyó esos gastos directamente a las demoras en la entrega de medicamentos e insumos.

Cuando acceder también se convierte en una barrera

Las dificultades de acceso no terminan con el diagnóstico. Para los pacientes con cáncer hematológico, las demoras en citas con especialistas, autorizaciones y entrega de medicamentos afectan la continuidad de los tratamientos y deterioran la percepción sobre la calidad de la atención.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2025 por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma entre 333 pacientes, el 77 % manifestó haber enfrentado dificultades para acceder a los servicios de salud durante el último año.

La entrega de medicamentos fue señalada como la principal barrera. El 61 % de los encuestados la identificó como una de las mayores debilidades del sistema debido a entregas parciales, vencimiento de órdenes, incumplimientos en los envíos domiciliarios y procesos judiciales que, según los pacientes, no logran resolver el problema.

Esta percepción coincide con los hallazgos del programa SEBAS (Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud), según el cual siete de cada diez quejas corresponden a medicamentos y provienen de pacientes con cáncer hematológico.

Las reclamaciones siguen creciendo

La experiencia reportada por los pacientes también encuentra respaldo en los registros de la Superintendencia Nacional de Salud. De acuerdo con la entidad, las principales reclamaciones de los usuarios corresponden a la entrega de tecnologías en salud, incluidos los medicamentos (43 %); las demoras en la asignación de citas médicas y de atención especializada (28 %); los procedimientos quirúrgicos (23 %); y las dificultades para acceder a otros servicios (6 %).

Las cifras también muestran un aumento de las reclamaciones. A noviembre de 2025, la tasa nacional de PQRD pasó de 322,03 a 420,83 reclamaciones por cada 10.000 afiliados, lo que representa un incremento del 30,68 % frente al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con la entidad, las mayores tasas de PQRDS por cada 10.000 afiliados se registraron en Comfenalco Valle, SOS, Capital Salud, Famisanar, Compensar, Salud Total, Sura, Sanitas, Nueva EPS y Savia Salud. La entidad también señaló que seis de las diez EPS con mayor tasa de reclamaciones (60 %) no se encontraban bajo medida de intervención.

Las citas perdidas: un desafío compartido

Las barreras de acceso no obedecen exclusivamente a dificultades del sistema. La inasistencia a las citas médicas también reduce las posibilidades de atención para otros usuarios.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá estima que cada mes se pierden cerca de 11.000 consultas de medicina general por esta causa. Algunas EPS reportan niveles de inasistencia de entre el 16,7 % y el 30 %, una situación que incrementa los tiempos de espera y afecta la eficiencia de los servicios.

El problema también se presenta en zonas apartadas. El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. hizo recientemente un llamado a los usuarios para cancelar o reprogramar las citas cuando no puedan asistir, recordando que cada espacio perdido representa una oportunidad menos para otra persona que espera atención.

Un modelo para reducir los tiempos de espera

Frente a este panorama, el país comenzó a medir con mayor rigor cuánto tardan los pacientes en acceder a consultas, especialistas y procedimientos, con el propósito de reducir las demoras.

La Ley 019 de 2012 establecía que las citas de medicina general debían asignarse en un máximo de tres días hábiles y exigía agendas abiertas para especialistas. En 2025, el Ministerio de Salud adoptó la Resolución 2117, mediante la cual creó el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera (MGTE).

Este modelo busca medir, controlar y reducir las demoras en consultas, atención especializada, procedimientos y entrega de medicamentos. Su implementación involucra a las EPS, las entidades adaptadas, las secretarías de salud, los prestadores públicos, privados y mixtos, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

A partir de enero de 2027 se establecerán tiempos máximos para la asignación de primeras consultas con especialistas: pediatría, cinco días; ginecología, ocho; obstetricia, diez; psiquiatría, diez; cirugía general, diez; medicina interna, quince; mientras que medicina general conservará el plazo máximo de tres días.

La medida desarrolla lo ordenado por la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 1174 de 2025 de la Corte Constitucional, y busca fortalecer la detección temprana, reducir las complicaciones derivadas de las demoras y recuperar la confianza de los usuarios en el sistema.

Reducir los tiempos de espera no significa únicamente mejorar un indicador administrativo. Significa evitar que las enfermedades avancen mientras los pacientes esperan una llamada, una autorización o una cita que puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y un diagnóstico tardío. Cuando la respuesta del sistema se retrasa, el tiempo también puede enfermar.