La salud se consolidó como una de las principales preocupaciones de los colombianos. En un contexto marcado por una percepción cada vez más crítica sobre el desempeño y el acceso a los servicios, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó la Política Nacional de Calidad en Salud 2026-2035 mediante la Resolución 1058 de 2026. Su entrada en vigencia coincide con la divulgación de una de las encuestas más amplias sobre percepción ciudadana del sistema, cuyos resultados evidencian varias de las brechas relacionadas con la atención y la experiencia de los usuarios.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la nueva normativa reconoce problemáticas que han afectado el desempeño del sistema, entre ellas los tiempos prolongados de espera, la fragmentación de la atención, las barreras de acceso, las dificultades para garantizar la continuidad de los tratamientos y las diferencias territoriales en la disponibilidad y mejora continua de los servicios.

En este marco, se modifican los criterios con los que se evaluará la calidad en salud. Además del cumplimiento de estándares administrativos y técnicos, incorporan indicadores relacionados con los resultados en salud, la experiencia del usuario, la humanización de la atención y el valor generado para pacientes, familias y comunidades.

De hecho, el propio Ministerio reconoce que aún “persisten deficiencias estructurales y funcionales en la gestión de la atención y del cuidado integral en salud, que impiden garantizar a la población servicios seguros, oportunos, continuos, humanizados, efectivos y centrados en la persona, la familia, la comunidad y el territorio”.

Una iniciativa que entra en un contexto de desconfianza

Como parte del contexto en el que entra en vigencia la Política Nacional de Calidad en Salud, un estudio sobre percepción ciudadana ofrece una radiografía de cómo los usuarios evalúan actualmente el sistema de salud.

La investigación fue realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, con trabajo de campo de Eureka Group. Consultó a 1.560 personas en 47 municipios del país y contó con la cofinanciación de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).

Los resultados muestran que el debate sobre el sistema ya no gira únicamente alrededor de la reforma, sino sobre la atención que reciben los pacientes.

Aunque el 64,4 % de los encuestados afirmó confiar en su EPS, la desconfianza aumenta entre los afiliados a entidades intervenidas por el Gobierno: el 30 % manifestó no confiar en ellas, frente al 12,8 % registrado entre quienes pertenecen a EPS no intervenidas.

Las diferencias también se reflejan en el acceso a los servicios. El 15,6 % de los encuestados aseguró que alguna vez le fue negado un servicio de salud. Sin embargo, la cifra prácticamente se duplica entre las EPS intervenidas, donde alcanza el 20,6 %, mientras que en las no intervenidas es del 10,5 %.

La oportunidad para acceder a citas médicas también evidencia brechas. El 46,9 % de las personas de EPS no intervenidas considera que lograría obtener una cita cuando la necesita, frente al 39,5 % de quienes pertenecen a entidades intervenidas.

En contraste, el 19,1 % de estos últimos considera que prácticamente no podría acceder a una consulta, frente al 11 % en las EPS no intervenidas. Más que establecer una relación directa entre ambos hechos, la coincidencia resulta significativa porque tanto la encuesta como la nueva política ponen el foco en un mismo problema. Mientras el estudio refleja cómo perciben los ciudadanos la calidad del sistema, la normativa redefine precisamente los criterios con los que esa calidad será evaluada durante la próxima década: oportunidad, continuidad de la atención, seguridad del paciente, experiencia del usuario y resultados en salud.

De cumplir requisitos a demostrar resultados

La Política Nacional de Calidad redefine la manera de evaluar el desempeño del sistema de salud. Sin dejar de lado los estándares administrativos y técnicos, incorpora indicadores relacionados con la oportunidad de la atención, la continuidad de los tratamientos, la seguridad del paciente, la experiencia de los usuarios, la capacidad resolutiva de las redes y los resultados en salud.

En otras palabras, el Ministerio busca que la calidad deje de medirse por la existencia de protocolos y procesos documentados y pase a reflejar si las personas reciben una atención efectiva, continua, segura y oportuna.

Tres pilares para transformar

La política se fundamenta en tres principios.

El primero es la equidad, orientado a disminuir las brechas territoriales, sociales y económicas que afectan el acceso y los resultados en salud.

El segundo corresponde a la humanización, incorporando el respeto, la dignidad, la empatía y la participación activa de los pacientes en las decisiones sobre su cuidado.

El tercero es la progresividad, que plantea un mejoramiento permanente mediante estándares cada vez más altos de desempeño institucional.

Estos principios se desarrollarán a través de tres ejes estratégicos:

• Fortalecer la integralidad de la atención mediante la Atención Primaria en Salud y las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, con el propósito de garantizar una atención continua, coordinada y centrada en las personas.
• Mejoramiento continuo de la calidad, fortaleciendo programas como el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC), la seguridad del paciente, la gestión del riesgo, los indicadores de desempeño y la evaluación de resultados clínicos y de la experiencia del usuario.
• Impulsar la gestión del conocimiento, la analítica de datos, la interoperabilidad, la transformación digital, la investigación y la toma de decisiones basada en evidencia, bajo la premisa de que la calidad no puede mejorar sin información confiable.

El paciente en el centro

Uno de los cambios más importantes consiste en que el paciente deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un actor activo del proceso de atención.

La evaluación de la calidad ya no dependerá únicamente del desempeño de cada hospital o clínica, sino de la experiencia completa del usuario durante todo su recorrido asistencial, desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Nuevas responsabilidades para EPS e IPS

Aunque la normativa mantiene vigente el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), plantea una actualización progresiva de sus instrumentos. Las EPS deberán fortalecer la gestión integral del riesgo, garantizar una mayor continuidad del cuidado y reducir las barreras de acceso.

Las IPS estarán llamadas a consolidar el gobierno clínico, la seguridad del paciente, la cultura de excelencia asistencial, la gestión del conocimiento y su articulación dentro de las redes integrales de atención.

Por su parte, las entidades territoriales asumirán un papel más activo en la planeación de la oferta de servicios, el seguimiento de indicadores y el acompañamiento técnico a los diferentes actores del sistema.

Los ciudadanos quieren mejorar el sistema, no eliminarlo

La encuesta también muestra que, pese al ambiente de inconformidad, la mayoría de los colombianos no respalda la eliminación de las EPS.

El 43 % de los afiliados a EPS no intervenidas manifestó estar de acuerdo con la reforma al sistema de salud, porcentaje similar al registrado entre quienes pertenecen a entidades intervenidas (44,1 %).

Cuando se pregunta por la administración de los recursos, entre el 39 % y el 43 % considera que debería estar en manos del Gobierno. Sin embargo, el respaldo a la desaparición de las EPS apenas alcanza el 30 % en ambos grupos.

En contraste, el estudio concluye que la ciudadanía prefiere un modelo mixto de aseguramiento y prestación.

El 57,6 % considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe ser compartida entre el Estado y el sector privado, mientras que el 37 % afirma preferir instituciones privadas para recibir atención, frente al 20,8 % que opta por las públicas.

Con la adopción de la Política Nacional de Calidad en Salud 2026-2035, el Ministerio de Salud plantea un nuevo enfoque para la evaluación y gestión en el sistema de salud.