MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 269 FEBRERO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
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Aunque parecería que los efectos de un segundo pico de la pandemia en Colombia comenzaron a amainar empezando febrero, al contrario de lo que puede suceder, es la oportunidad precisa para analizar lo sucedido y evitar que un tercer momento crítico se pueda presentar en las próximas semanas y meses, y más aún si se tiene en cuenta que el efecto de rebaño esta de lejos de ser alcanzado en el país, y más cuando la vacunación, a pesar de los anuncios optimistas, todavía está rodeada de grandes dudas en su logística, operatividad, y eficacia en el tiempo.
Por esa razón los análisis que se vienen presentando desde la sociedad científica y académica alcanzan una especial importancia como aportes a las autoridades sanitarias, de todos los órdenes, para replantear acciones frente a una pandemia sobre la cual se aprende algo nuevo cada día. En los últimos meses, el denominado Pacto Nacional por la salud y la vida, movimiento que aglutina a más de 130 organizaciones de la sociedad civil incluyendo asociaciones científicas y gremios de profesionales de la salud, usuarios y academia, viene analizando de manera detallada los efectos y manejo dado en el país a la pandemia de Covid-19. Este colectivo, semanas antes de que comenzará el segundo pico, había advertido sobre su inminencia y presentó algunas propuestas ya fuera para minimizar sus efectos, o incluso evitarlo totalmente, ante el peligro que representaba para la salud de los colombianos la celebraciones navideñas realizadas sin control. Si bien en ese momento las recomendaciones no fueron adoptadas, ahora, cuando parece que el país saldrá de la más reciente agudización del Covid-19, puede ser la oportunidad para aprender las lecciones y tomar mejores medidas en el futuro mediato.
Para el Pacto, el diagnostico muestra que la actual se trata de una epidemia sostenida en la que se identifican dos picos críticos con un gran número de casos positivos y fallecimientos. “A partir del ascenso constante en los casos positivos de mediados del mes de junio, en los meses de julio-septiembre de 2020 se presenta el primer pico alcanzando 358 fallecimientos el 30 de julio y 13.053 casos positivos el 18 de agosto. El segundo pico corresponde a lo que vivimos desde diciembre 15 de 2020 hasta hoy, cuando comienzan a incrementarse de nuevo los casos, alcanzando la cifra de 21.078 positivos (enero 15), casi el doble de casos del primer pico, y 398 muertes (enero 19). Entre estos dos picos, las cifras han oscilado entre 7.000 y 9.500 casos diagnosticados por día y las muertes entre 150 y 250 por día. Una situación muy alarmante, más grave que la del primer pico. Al 18 de enero de 2021 el total de casos acumulados era de 1.923.132 personas con pruebas positivas y 49.004 personas fallecidas”.
Sin embargo y a pesar de las cifras preocupantes, esta podría ser solo la “punta del iceberg” debido a la gran cantidad de casos no diagnosticados y muertes no registradas. “Un informe técnico del DANE de noviembre de 20201 señala que la situación de la mortalidad puede ser peor porque se habrían reportado hasta octubre 6.602 personas fallecidas con sospecha de Covid-19, la mayoría de ellas en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Bolívar y la ciudad de Bogotá; el 81% mayores de 55 años. Por otra parte, el número de pruebas positivas muestra que la pandemia está activa y no en etapa de control, porque de cada 100 pruebas realizadas 24,6 han sido positivas con importantes diferencias regionales ya que en algunos territorios la positividad ha sido mayor para algunas semanas como Cúcuta donde ha llegado al 44 %, Ibagué 42 %, Pereira 39 %, Armenia 33 % o Pasto 32 %, lo cual está lejos de la recomendación de la OMS de hacer tantas pruebas como sean necesarias hasta lograr que la positividad no supere el 7 %. Esto parecería indicar que no se están detectando oportunamente los casos positivos para hacer los correspondientes cercos epidemiológicos para su control”.
Y agrega el análisis realizado por las organizaciones del Pacto: “La grave situación durante el segundo pico ha generado mayor presión sobre los servicios de salud tanto de hospitalización como de cuidados críticos y cuidados intensivos… esto pone en riesgo la garantía de la atención de los enfermos, a lo que se suman las muchas denuncias sobre la falta de suministros y medicamentos apropiados y la baja disponibilidad de recurso humano especializado, su desgaste y sobreexplotación”.
Otra línea de análisis es el componente social de la afectación de la pandemia, frente a lo cual el Pacto por la salud y la vida señala lo siguiente: “Varios estudios han advertido que la infección por Covid-19 tiene efectos y desenlaces desiguales entre las distintas poblaciones según su posición en la sociedad. Un estudio del CEDE de la Universidad de Los Andes, por ejemplo, revela que en Bogotá el virus ha afectado con mayor severidad a la población de los estratos más vulnerables, al punto que el riesgo de hospitalización y muerte es 8 veces mayor en los estratos más bajos. Según el DANE, en efecto el 89,4 % de las defunciones por Covid-19 en el país son de personas de los estratos 1, 2 y 3 (67,3 % se concentran en los estratos 1 y 2) y casi el 8 % de las muertes han ocurrido en poblaciones indígenas y afro que constituyen menos del 15 % de la población. Una investigación elaborada con participación de funcionarios del Ministerio de Salud muestra que el riesgo de muerte por Copvid- 19 es mayor en indígenas (1,27 sobre blancos/mestizos que son el grupo de referencia) y afrocolombianos (1,01 más), entre quienes viven en estratos socioeconómicos muy bajos (de 1,73 veces el estrato socioeconómico alto) o bajo (1,61 veces más) y mayor para las personas del régimen subsidiado (1,97 veces que aquellas del régimen contributivo) y sin seguro (1,34 veces más)”.
En cuanto al manejo dado en el país a la pandemia el colectivo considera que las decisiones de política pública asumidas no han salvado la vida de muchos colombianos -especialmente los más pobres-, pero tampoco han protegido la economía. “Según datos del Banco Mundial se esperaba que la economía Colombiana en 2020 se contrajera 7,2%5 -valor que coincide con las estimaciones de la CEPAL, además se registra un aumento de la proporción de la deuda externa como parte del PIB (22%) y disminución del 1% de las remesas, todo ello incrementando la pobreza y la miseria en el país. A lo anterior hay que sumar que, para diciembre la tasa de desempleo llegó al 13,37, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Octubre de 2020 se estimó que más de 2,7 millones de colombianos sufrían de hambre crónica empeorada por la pandemia y en septiembre la población con consumo insuficiente de alimentos llegó a 12 millones”. Cifras que mostrarían que el manejo de la pandemia requiere, además de medidas sanitarias, medidas socioeconómicas para mitigar la desprotección social recrudecida.
Con base en estas consideraciones, el pronunciamiento del pacto señala que la dualidad es entre la vida y muerte, y no entre salud y economía. “Es hora de salvar vidas, evitar el dolor y sufrimiento a las familias en Colombia. La vida es insustituible y es la prioridad máxima. Reducir la mortalidad evitable es un imperativo para la sociedad”.
Si bien las propuestas sobre la forme de continuar el manejo de la pandemia en el país son varias, algunas de las principales consignadas en un documento público son las siguientes:
Cuarentenas estrictas por dos semanas en las regiones del país con alta positividad de pruebas y ocupación elevada de servicios hospitalarios y de UCI. Efectiva implementación del Programa PRASS con recursos a cargo y responsabilidad de la autoridad sanitaria, ya que las EPS han sido ineficientes e indolentes para cumplir con las responsabilidades exigidas por la pandemia.
Aumento del nivel de inversión para mejorar los cercos epidemiológicos y la disponibilidad de pruebas para hacer el riguroso estudio de contactos de los infectados. Conformación de redes de equipos multidisciplinarios de salud en los territorios el país para ofrecer atención temprana a los problemas de salud y al Covid-19. Garantía de oferta y acceso gratuito de casa-hoteles o albergues para el aislamiento y/o subsidios o ingreso solidario para las familias más necesitadas durante el confinamiento. Puesta en práctica de una real estrategia pedagógica para la educación comunitaria que incremente la adherencia de la ciudadanía a las medidas de bioseguridad para proteger su vida y las de sus familias, evitando prácticas autoritarias.
Entre otras recomendaciones.
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