MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 60   SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

En el primer aniversario del
gobierno Uribe: ¿de la salud qué?

Iván Arroyave Z. Odontólogo y Especialista en Gerencia Social - Periodista elpulso@elhospital.org.co
A un año de haber iniciado el que para muchos es el gobierno más esperanzador de las últimas décadas en Colombia, todos los sectores que sobrellevan las consecuencias de las acciones de nuestros conductores están haciendo balance. La salud entre éstos, pero no con mucha tribuna que digamos.
Y esto porque a Álvaro Uribe todo el mundo lo identifica con un esquema de seguridad nacional. Así pasó con la gobernación de Antioquia y así con la campaña presidencial. Tanto los seguidores como los que discrepan de Uribe lo hacen esencialmente por lo que él representa en ese tema. Entonces encuentra uno páginas a ocho columnas sobre los pros y los contras de la llamada “seguridad democrática”, algunas alusiones al recientemente promulgado Plan Nacional de Desarrollo y, como para hacer contrapeso, las constantes alusiones a la inconformidad de muchos sobre el manejo de la economía.
Y sobre salud, ni pío. Y no es porque falte de qué hablar, hay mucha tela qué cortar en este asunto, tanto porque el sistema de seguridad social pasa por un fuerte momento de evolución (involución para otros), como por la innegable energía con la que, para bien o para mal, los miembros del actual gobierno asumen sus cometidos.

Balance del primer año según el gobierno
Para el doctor Álvaro Muriel, asesor del Viceministerio de Salud y Bienestar del Ministerio de la Protección Social, el primer año de gobierno ha mostrado grandes avances para esta cartera tanto en salud como en empleo, tema en el que resalta “la reforma laboral y pensional (Leyes 782 de 2002 y 792 de 2003), que fortalece la sostenibilidad financiera del sistema y aumenta la productividad empresarial para la generación de puestos”.
En lo que tiene que ver con salud, el doctor Muriel destaca:
Incremento en los programas de vacunación, en un gran esfuerzo de salud pública con el que se están recuperando al menos los niveles de cobertura de años anteriores.
Aseguramiento: El régimen subsidiado tenía un enorme despilfarro que se ha tratado de corregir con normas como el Acuerdo 244 y el decreto 050. En cuanto a aumento de cobertura se tenía la meta de crear 307.000 cupos en el régimen subsidiado en el primer año y se ha superado este objetivo al llegar a 328 mil , aunque lo ideal sería abrir más cupos con nuevos recursos de Fosyga, el paripassu, el Sistema General de Participaciones y el esfuerzo propio de los entes territoriales y cajas de compensación familiar.
También se ha avanzado en la depuración de la base de datos. De unos 11'700.000 afiliados al régimen subsidiado que se están pagando, se concluye que alrededor de 1'400.000 son por multiafiliación, cupos estos que se reasignan entre la población pobre.
En lo relacionado con prestación de servicios se está avanzando en la reestructuración, rediseño y modernización de las redes hospitalarias.
Calidad: Se ha puesto en marcha el decreto 2309 y su reglamentación, dando las pautas para el proceso de Habilitación en Requisitos Básicos Esenciales de las IPS y para el proceso de Acreditación, que si bien es voluntario avalaría a la institución en cuanto a prestigio y gestión.
El Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico contemplaban la reestructuración de las EPS públicas con dificultades financieras, sobre todo Cajanal, Caprecom y el ISS, procesos que se adelantan.
Además. el doctor Muriel destaca otros aspectos en los que se viene trabajando como la Encuesta Nacional de Salud Mental (Colombia es el quinto país del mundo que la realiza), el manejo de Enfermedades de Transmisión Vectorial, la Política Farmacéutica y el hecho de que se está procurando cobertura creciente y ojalá universal de la población indígena al régimen subsidiado.
La continuidad del sistema
Destaca el doctor Muriel que “la meta del gobierno es mejorar las condiciones de vida de los colombianos” y redunda en que que el trabajo realizado ha sido “teleológicamente concebido en función del usuario”.
Para el gobierno es claro que, con este fin, el sistema debe dejar de ser un tema de gobierno para convertirse un asunto de Estado. El doctor Fernando Ruiz, director del Centro de Proyectos para el Desarrollo, CENDEX, de la Universidad Javeriana en Bogotá, ve las cosas parecido cuando destaca que “en el pasado inmediato hizo mucho daño la falta de consenso político alrededor de la Ley 100 y se generaron resistencias disfrazadas como procesos de transición que hicieron mucho daño al sistema”.
Por el contrario, el senador de la república, doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona, del movimiento Acción Democrática, opina que con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), “se ha debilitado el primer nivel de atención, retrocediendo con respecto a los desarrollos que llevábamos hasta 1994 y con las últimas normas trastoca los logros y ajustes alcanzados en municipalización del sistema hasta el 2001”, y agrega: ”A pesar de que el gasto social en salud se ha incrementado de manera significativa desde 1993, la viabilidad del sistema está en serio riesgo, lo que hace prever que la eficiencia del sistema siga siendo muy cuestionable”.
El senador opositor concluye que “en la práctica se han configurado tres sistemas de salud con derechos y servicios claramente diferenciados: uno subsidiado para pobres, uno contributivo para los menos pobres, y uno de medicina prepagada para los más ricos”
En cambio el doctor Ruiz cree que “a pesar de todo, nuestro actual sistema es uno de los más racionales y retributivos a la población en toda América Latina: los hospitales han ido logrando el equilibrio y el acceso a los servicios es notoriamente superior al racionado e inequitativo que le ofrecíamos anteriormente a la población”.
En qué va la salud en este gobierno
Para el doctor Ruiz, “la coyuntura que le correspondió a este gobierno en el desarrollo del sistema está determinada por las relaciones entre los actores del mercado: entes territoriales, aseguradores y prestadores”. El doctor Avellaneda responsabiliza al gobierno cuando anota que: “La reglamentación de la Ley 715 de 2001, a través de los Decretos 27 y 50 de 2003, contribuyen a incrementar el conflicto y debilitar la capacidad de dirección y control del sistema a nivel local y pueden llevar a un retroceso de la descentralización, yendo en contravía del mismo Plan Nacional de Desarrollo”.
Según coinciden los doctores José Fernando Arias del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Álvaro Muriel, las posibles limitaciones en el desarrollo del Plan Estratégico de salud son atribuibles a la dificultad para percibir recursos, como ocurre por ejemplo con el crédito externo que se destinaría a la reestructuración de la red hospitalaria.
Pero para el senador Avellaneda, las barreras “son las mismas que hemos venido descifrando desde antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, y que corresponden al modelo económico imperante, la adopción de sistemas foráneos para la administración del régimen de seguridad social en salud, la continuada subordinación al sistema financiero y, tal vez la más grave de todas, el desconocimiento de la salud como derecho”. Como ejemplos el senador plantea que según el Plan, “se aumentará la cobertura de vacunación al menos a 95% en menores de 5 años y vemos que en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cobertura de vacunación se ha venido disminuyendo. Por eso insisto en que la solución a esta problemática es la estructuración de una verdadera regulación del sistema de salud”.
El doctor Ruiz no piensa así: “Me gusta mucho lo de Salud Publica, creo que el Ministerio tiene una gran oportunidad para recuperar el tiempo perdido en la fallida 'privatización' de un aspecto que por sus altas externalidades nunca debió ser delegado”. Pero también tiene objeciones y manifiesta “reservas en el tema de aseguramiento y en el componente de dirección. El Plan tiene dificultades para contrarrestar los aspectos principales: selección adversa y asimetrías de información que generan desequilibrios en los mercados de aseguramiento y prestación”. En lo que se refiere a sistemas de información, el doctor Ruiz es más lapidario: “Creo que deberíamos dejar de insistir en los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS- y buscar más bien soluciones que ya existen y que son aplicadas en otros países, adaptándolas a nuestras necesidades”.
Conclusiones
Un año es definitivamente poco tiempo para dar un juicio definitivo sobre el desarrollo de un gobierno en cualquiera de sus aspectos, pero por otro lado es un tiempo suficiente para colegir lo que puede venir en los tres años restantes.
Para el doctor Ruiz, “este gobierno tiene una oportunidad única para enderezar el sistema en los aspectos claves de su filosofía: universalización del aseguramiento, extensión territorial y equilibrio financiero, debido a sus altos niveles de credibilidad tanto entre el público como en las organizaciones sociales empresariales del sector salud”.
Sea como sea, lo obvio es que seguirán sintiéndose cambios en grande y tal vez el resultado de ellos en cuanto al bienestar de la sociedad sean inciertos.
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